Mientras el ministerio de Agroindustria demora el envío de su proyecto de ley, el debate para una nueva legislación en la Cámara baja quedó encorsetado.
En la Cámara de Diputados el cuerpo de asesores de la comisión de Agricultura y Ganadería intenta avanzar sobre un tema complicado y conflictivo como una nueva ley de semillas. Pero el elevado nivel técnico y de conocimiento específico sobre la materia a tratar está dificultando los avances.
Para allanar el camino, los asesores resolvieron realizar una jornada con la participación de sectores involucrados en la legislación a los efectos de esclarecer algo más sobre los puntos centrales a discutir. La intención es luego realizar una segunda jornada con los diputados que en última instancia deberán resolver.
El de los diputados será un camino más extenso que lo previsto, pero no parece haber demasiadas opciones. Lo que tampoco termina de madurar -más allá de la aridez técnica- es la posición del mosaico político. Aun dentro de los distintos bloque oficialistas y opositores hay posiciones contrapuestas, desde el PRO hasta el FPV.
El centro del debate está en si se modifican o no los alcances del “uso propio” que continúan vigentes en la ley de 1973 (20.247) y que a partir del patentamiento en el INPI de construcciones genéticas permite a algunas empresas como Monsanto reclamar su derecho al cobro por el uso de esa tecnología.
Ese derecho confronta con el derecho del agricultor a efectuar el uso propio gratuito con la reserva de su cosecha para la resiembra. Lo que no establece la ley 20.247 es un límite o regulación del uso propio, por tanto, el agricultor o un pool de siembra puede comprar semilla para implantar 100 hectáreas de soja y con esa producción sembrar en la siguiente campaña, 6.000 hectáreas. Eso no es “uso” sino “abuso” propio, se quejan desde la vereda de los obtentores.
El diputado massista Gilberto Alegre, presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, presentó un proyecto de ley donde incorpora la figura del uso propio “exceptuado” y el del uso propio “oneroso”. El primero, en el que no se paga ningún canon para la resiembra, está destinado a los pequeños productores (agricultores familiares).
El segundo a las empresas más grandes que deberían pagar por la tecnología, la primera vez al comprar la semilla y las demás veces, cada vez que utilicen la tecnología patentada compren o no compren la semilla. Esto último, porque si bien la semilla no se puede patentar en la Argentina, sí es patentable la tecnología que contiene, como es la posición que defiende Monsanto.
Hasta ahora el ministerio de Agroindustria que conduce Ricardo Buryaile no logró despejar dudas respecto del tema y ya intervino en la discusión la Jefatura de Gabinete de Ministros. El secretario de Agricultura, Ricardo Negri, afirmó que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso, pero como tantas otras veces la iniciativa no termina de salir de los despachos oficiales.
Fuentes de El Enfiteuta aseguran que, a esta altura, si Agroindustria envía un proyecto de ley será mucho más modesto de lo que se esperaba. Apenas con la modificación de dos o tres artículos sobre la ley de 1973. Una de las modificaciones tendría relación con el “uso propio” que es el punto neurálgico a discutir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.