Pequeños productores agrarios exigen políticas urgentes al gobierno nacional

ANTE LA CRISIS, PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS DE TODO EL PAÍS EXIGIMOS POLÍTICAS URGENTES AL GOBIERNO NACIONAL

Organizaciones representativas de pequeños productores, agricultura familiar, campesina e indígena de todo el país expresamos, una vez más, la crítica situación productiva, económica y financiera que atraviesan nuestras familias. Alertamos sobre las dramáticas consecuencias que las políticas del gobierno nacional causan a nuestro sector, políticas que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo. Nuestro sector se extingue y junto a nosotros, se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales; la tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros.

Luego de las políticas que vaciaron el sector en estos últimos años, este gobierno continua con el desmantelamiento. Al congelar el Monotributo Social Agropecuario y eliminarlo definitivamente el Ministerio de Agroindustria quita la posibilidad de que el pequeño productor sea reconocido como un sujeto que invierte, produce y comercializa, y se le quita el derecho a gozar de la Obra Social y la Jubilación. Era la única herramienta de regularización del trabajo que el Estado tenía para el sector. Paralelamente, con la reforma tributaria, el “pacto fiscal” y la flexibilización de la ley contra la extranjerización, favoreció a los actores más grandes, sociedades que invierten en agricultura y se expanden en los territorios, desplazándonos definitivamente.

Por otra parte, no hemos encontrado respuestas ciertas de las autoridades de Agroindustria para avanzar con normativas, programas, registros y ámbitos de diálogo que beneficien a nuestro sector. Por el contrario, fueron abandonadas las buenas iniciativas que pedíamos profundizar. La ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, aprobada en diciembre de 2014, aún no fue reglamentada y las propuestas y aportes de los pequeños productores elaborados con alta participación de las organizaciones no fueron tenidos en cuenta. Mientras tanto, los conflictos de tierras, desalojos y situaciones de violencia contra familias de agricultores y comunidades de nuestro sector continúan y en algunas zonas, se han agravado.

Las medidas económicas y financieras que ha adoptado el gobierno, vinculadas a la toma de deuda externa, a la devaluación del peso, al pago de exorbitantes tasas de interés que superaron el 50%, al incremento de tarifas y combustibles, y a la apertura indiscriminada de importaciones de productos agrícolas y alimentos, impactan drásticamente en nuestras vidas y actividad. Hemos contraído deudas para adquirir insumos y seguir produciendo y ya no podremos pagarlas, a pesar de comenzar a malvender nuestros animales, productos e -incluso en muchos casos- la poca infraestructura o herramientas con la que contamos.

En esta crítica situación, que se agrava con el paso de los meses, no encontramos reacción ni medida alguna del gobierno y las “mesas de competitividad” –que parecen ser la única iniciativa y a las cuales prácticamente a nadie de nuestro sector convocan- , han demostrado no ser eficientes para cambiar la coyuntura ni para adoptar políticas a mediano y largo plazo. Mientras siguen sin visibilizarnos ni darnos respuestas, -y muchas familias abandonan la actividad o las tierras que arriendan y trabajan-, todos estamos asumiendo los costos de que el estado le esté asegurando ganancias extraordinarias al sistema financiero, a los grandes productores y compañías que invierten en el sector.

La única respuesta es el recorte y también estamos padeciendo el desmantelamiento de las áreas del Estado dedicadas a llevar adelante políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena. Podríamos contar con técnicos profesionales al servicio del desarrollo rural, pero por el contrario, hubo una reducción drástica de tareas y despidos masivos en esos sectores en todo el territorio nacional. La falta de presupuesto para el sector, el desmantelamiento de los equipos territoriales de la Secretaría de Agricultura Familiar y de las barreras sanitarias del SENASA que se cristaliza a través de los despidos masivos en el Ministerio de Agroindustria, también reflejan el desinterés del Gobierno actual en las políticas para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra población.

Los pequeños productores, la agricultura familiar, campesina e indígena no estamos dispuestos a aceptar en silencio el abandono de nuestra actividad, fincas, chacras y territorios, ni el empobrecimiento de nuestras familias y comunidades, ni a acallar nuestra voz mientras nos extinguimos:

Solicitamos: 

– Inmediata AUDIENCIA con el Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, para que dé respuesta a nuestros planteos.

– La continuidad indeterminada del Monotributo Social Agropecuario, de titulares adscriptos y la incorporación de nuevos titulares.

– Urgente implementación de medidas que beneficien al sector; Tarifas diferenciadas para la electricidad y gas oil. Créditos blandos a tasa subsidiada. Subsidios a los insumos utilizados en la producción. Implementación plena dela Ley de Emergencia Social

– Que el estado garantice el derecho al uso propio y el orden público en el régimen de semillas.
– La inmediata REGLAMENTACIÓN, teniendo en cuenta los aportes a las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena, la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada en diciembre de 2014. Así también como la asignación presupuestaria acorde para los órganos de aplicación y promoción contemplados en la misma.

– Incrementar el presupuesto de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN, para hacerlo acorde a las necesidades de atención y promoción del sector.

– La REINCORPORACIÓN de las trabajadoras y trabajadores despedidos injustificadamente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y SENASA.

CONVOCAN

ACINA – Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino
AGA – Agrupación Grito de Alcorta
AMRAF – Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales
ATE – Junta Interna Agroindustria

        – Coordinación de Organismos Nacionales INTA, SeNaSa, SAF
ASOMA – Asociación de Medieros y Afines
FAA – Federación Agraria Argentina
FNC – Federación Nacional Campesina
FAE CTEP – Frente Agrario Evita
FARC – Frente Agropecuario Regional Campesino
FUNDAPAZ – Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz
INCUPO – Instituto de Cultura Popular
MNCI – Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina
MOCASE – Movimiento Campesino de Santiago del Estero
MOPROFE- Mov. Provincial de Pequeños Productores de Santa Fe
MTE Rural CTEP- Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural
ONPIA – Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina
REDAF – Red Agroforestal Chaco Argentino
Red Entrerriana de Permacultura
UCV – Unión Campesina de Varela
UOCB – Unión de Familias Organizadas- Cuña Boscosa y Bajos Meridionales
UTT – Unión Trabajadores de la Tierra