En el tramo final de las negociaciones de un acuerdo por el ajuste fiscal, el gobierno de Mauricio Macri le hará un gesto al PJ y les transferirá a la provincia de Buenos Aires (PBA) y a la Ciudad (CABA), ambas gobernadas por Cambiemos, el costo de los subsidios al transporte por $11.250 millones, el de la tarifa social del agua, de 800 millones, y el control de los aumentos de las tarifas de Edenor y Edesur.
En cambio, les endosará a las otras 22 provincias, muchas gobernadas por el PJ, el costo del Fondo de Incentivo Docente, de 20.000 millones; les quitará 25.000 millones de la recaudación de la soja ; rebajará parte de los 40.000 millones de obras públicas, y no les permitirán postergar la rebaja del impuesto de ingresos brutos de la última reforma tributaria, tal como habían reclamado. El mayor costo del ajuste lo pagarán la Ciudad y la provincia de Buenos Aires controladas por los macristas María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta . Este era un reclamo de los gobernadores, especialmente los del peronismo.
Desde mañana, los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda), y sus segundas líneas, recibirán contrapropuestas de los titulares de Economía de los 24 distritos, con los cuales tuvieron una primera ronda. Para la otra semana, el lunes 6 de agosto, la Casa Rosada recibirá a todos juntos.
En esta cumbre podría anudarse el acuerdo por el proyecto de ley del presupuesto 2019, que debe fijar una meta de déficit fiscal de 1,3% del PBI para el año próximo, requisito para cumplir con el acuerdo firmado con el FMI por un crédito ” stand-by” de 50.000 millones de dólares.
Para alcanzar esta meta, la Nación deberá recortar $ 200.000 millones y todas las provincias 100.000 millones. Ese ajuste se distribuirá por un índice similar al de la coparticipación federal. La firma del acuerdo con los gobernadores sería el paso siguiente. El proyecto de presupuesto se enviará al Congreso recién el 15 de septiembre próximo.
“Nosotros tuvimos un gesto político y planteamos que la provincia y la Ciudad se iban a hacer cargo de la tarifa social de Aysa y de la suba de tarifas o eventuales subsidios de Edenor y Edesur, que totaliza algo más de 2000 millones, que reclamaban las provincias. Esto está fuera de discusión”, dijeron a LA NACION en la Casa Rosada.
Según los números oficiales, la partida de subsidios al transporte, de $75.000 millones, se divide entre los medios urbanos, de 45.000 millones, y de larga distancia, 30.000 millones. La Nación transferirá el gasto de la mitad del subsidio urbano a todas las provincias: 22.500 millones. Y la mitad de ello lo absorberá la provincia y la Ciudad, 11.250 millones. Vidal y Larreta asumirán el mayor costo.
En cambio, los subsidios a la energía que se pagan a Camessa los seguirá pagando la Nación: no se transferirán a las provincias, ni a PBA ni a CABA. Tampoco se traspasarán a los estados federales los costos de salud, 6000 millones, que son transferencias no automáticas.
Como segundo gesto, si bien Macri no transferirá Aysa a CABA y a PBA, sí endosará el costo de la tarifa social del agua, 800 millones. En cambio las obras de Aysa seguirán siendo un costo de la Nación compartido con el financiamiento propio que obtiene la empresa. Con 90% de acciones del Estado, Aysa no se puede transferir a PBA y CBA, porque recibió préstamos del Banco Mundial, del BID y del Deutsche Bank y tomó deuda por 500 millones de dólares.
En cambio, el poder de regulación sobre Edenor y Edesur será traspasado a la Ciudad y la provincia. Esas firmas no reciben subsidios tras el aumento de tarifas. Las subvenciones a la energía van directamente a la distribuidora Camessa. Pero Vidal y Larreta recibirán, sí, la responsabilidad política de aumentar las tarifas.
El Gobierno prevé aumentar en 2019 un 9% los recursos a las provincias. La coparticipación prevista en 2018 es de $1,05 billones. Con una inflación de 17% en 2019, debería ser de 1,23 billones el año próximo. Pero la Nación le agregará 40.000 millones más por aumento de ingresos; 24.000 millones por la transferencia anual de 3% del 15% que antes retenía la Anses; más 23.000 millones del bono acordado en el último consenso fiscal (80.000 millones), mas 24.000 millones de un financiamiento del fondo sojero acordado en el consenso fiscal.
Esto incrementaría en 111.000 millones lo que recibirán las provincias en 2019, con lo cual pasarían a recibir unos $1,34 billones, un 9,03% más de lo previsto. Ese aumento de recursos les compensaría el ajuste de 100.000 millones que hará el interior.
Por otro lado, la Nación les transferirá a las provincias el costo del Fondo de Incentivo Docente, de 20.000 millones. Los gobernadores están reticentes. Además, el Gobierno eliminará los giros del Fondo Federal Sojero (30% de las retenciones de la soja), de 25.000 millones. También la Nación les recortará al conjunto de las provincias parte de los giros de 40.000 millones por obras de viviendas y agua. De esta última parte habrá un recorte aún no determinado que asumirán los distritos.
La Casa Rosada no aceptará postergar la rebaja de Ingresos Brutos que reclaman las provincias. “Es hora de que el ajuste lo haga el sector público y no el privado que tiene que invertir”, señalaron en la Casa Rosada. Pero el Gobierno prevé habilitar a las provincias para tomen créditos del BID y el Banco Mundial para hacer obras sin afectar a la Nación.
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