En la realidad argentina la propiedad intelectual es de una complejidad que excede al trigo y a la soja. Con más de 1000 variedades registradas en el Inase y 126 especies distintas, el INTA se posicionó en el podio como primer semillero en el país por el volumen, pero también por la diversidad de cultivos, que comprende muchos con peso para las economías regionales, con dinámicas y lógicas a veces distintas de las de aquellos. En el caso de forestales, por ejemplo, la decisión tomada en un rodal se verá 20 años después.
El INTA logró lo que parece una utopía: el 90% de los ingresos que tiene por los materiales registrados en el Inase resulta del empleo de sus variedades de arroz en Brasil, donde es líder en ese cultivo. Existe además un convenio de vinculación tecnológica con trigo, alfalfa y algodón, tema en el cual avanzamos mucho, con variedades adaptadas al área productiva argentina, que permiten sembrar más tarde sin perder calidad ni rendimiento.
Tener una propiedad intelectual regulada es esencial para acceder a mercados y convenios a nivel mundial que aceleren procesos de adaptación de tecnologías destinadas a actividades importantes para algunas zonas del país. En economías regionales, hay realidades donde los productores agrícolas encuentran poca colaboración, por lo cual deben buscarla a nivel internacional, donde lo primero que plantean es cómo se va a proteger la propiedad. Por ejemplo, Brasil accede a eventos biotecnológicos de última generación que a la Argentina no llegan por no ofrecer la protección que encuentran en otros países, lo que impide estar en el mismo plano competitivo. Actualmente, contamos con tres materiales de algodón licenciados a una empresa que los comercializa y tomamos dos eventos biotecnológicos para poder ingresarlos, en procesos de mejoramiento genético. Pese a avanzar en un camino muy virtuoso, estamos un escalón abajo.
Sin solución, en poco tiempo sentiremos el ingreso de algodones desde Brasil que no están registrados en la Argentina, como sucedió a fines de los 90, en sentido contrario, cuando incorporamos la primera soja RR 1 -conocida como Maradona- que cruzaba la frontera. Si bien al productor le significa una ventaja, a futuro genera problemas importantes: por un lado, para exportar; por otro, porque nos perdemos el beneficio de atender lo producción local con un desarrollo nacional.
Desde el INTA, nos parece esencial promover el desarrollo de las creaciones fitogenéticas, dado que la semilla es un recurso estratégico para el país. La ley, además de reconocer los derechos de obtención de los nuevos cultivares, debería arbitrar los medios para su efectivo respeto.
Tenemos una ventaja enorme: toda la producción y la industria reunidas discutiendo y un ministerio ayudando y poniéndole la letra técnica a una posible ley. Los productores están representados por las cuatro entidades gremiales y dos técnicas -Aapresid y Aacrea-, la industria exportadora y la semillera, representada por ASA.
Los progresos logrados hasta ahora nos permiten visualizar un resultado positivo. Hay un ejemplo muy interesante de los alemanes -ellos también desarrollaron una ley de semillas-: decían que la forma de darse cuenta de si la ley era justa era que nadie estuviera feliz con el resultado; están de acuerdo, pero a todos los incomoda un poquito. Aquí tenemos que buscar un equilibrio entre el productor, que algo va a tener que desembolsar, y la industria, que va a ganar lo que sea justo.
Se avanzó muchísimo. Hay un nivel de consenso que hoy nos pone mucho más cerca. Se han hecho enormes esfuerzos y todas las partes han cedido mucho. Esto tiene una madurez de 12 o 13 años y estamos en la línea de terminarlo. Advierto una madurez muy grande en todos los actores. Esta mesa nos permite estar juntos y, sobre todo, generar confianza entre las personas para bajar barreras.
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