Si de algo no hay duda, es de cuánto ha sumado el avance tecnológico a la simplificación y facilitación de muchos procesos. Sin embargo, aunque cueste creerlo, en distintas dependencias de la administración pública el efecto ha sido muy contrario al deseado, tal como venimos señalando desde estas columnas.
La parva de papeles y gestiones que involucran muchos de los ineludibles trámites que deben realizar particularmente los productores agropecuarios ponen en jaque la paciencia y la perseverancia. Lejos de favorecer al cumplidor, el sistema lo castiga y le impone más formalidades, mientras que legiones de entrenados evasores hallan siempre una ventana que los comunica con ardides para eludir los regímenes vigentes.
Hemos también reconocido la buena disposición del nuevo ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, para promover las mejores prácticas a fin de que, sin afectar la producción, todo el sistema se modernice y se adecue, aceitando mejor los procesos, reduciéndolos lo más posible y liberando el tiempo de funcionarios y contribuyentes dedicados a estos engorrosos y costosísimos menesteres. Es que no podemos argumentar que el complejo sistema vigente, que suma más y más planillas y presentaciones restándole interminables horas al productor, haya servido para aceitar los mecanismos de control del Estado. Sí podemos aseverar que los productores honestos, la inmensa mayoría, sobrellevan el peso de intrincados trámites, debiendo dedicarles tiempo y esfuerzo sentados frente a una computadora por horas, cuando no contratando a contadores y expertos que puedan hacer aquello que ellos razonablemente ignoran, cuando podrían estar capacitándose, diseñando estrategias comerciales, trabajando en lo suyo, como ocurre en muchos otros países verdaderamente competitivos que allanan caminos para incentivar la producción.
Un caso paradigmático es el de las guías de hacienda, requeridas para el traslado de animales, según las exigencias que fija cada municipio. Increíblemente, al día de hoy continúan utilizándose guías de papel en toda la provincia de Buenos Aires, como en tiempos de la colonia. Los productores deben recorrer cientos de kilómetros para tramitarlas cada vez que efectúan un movimiento, personalmente ante la municipalidad o, en su defecto, designar un apoderado. El tema de las distancias no es una cuestión menor. Es a todas luces disparatado que en pleno siglo XXI no se haya diseñado otro mecanismo que permita gestionarlas a distancia, mediante la compra anticipada de formularios que puedan ser luego utilizados y completados progresivamente. El sistema castiga, paradójicamente, al productor que más vende, obligándolo a recorrer caminos rurales en pésimo estado con innecesaria frecuencia. El gobierno provincial bonaerense, como organismo de coordinación entre municipios e intendencias, debería tomar cartas en el asunto para que esto se modifique radicalmente y de inmediato.
Hace un año y medio el Senasa puso en funcionamiento el programa de autogestión para que cada productor pudiera gestionar su propio documento de tránsito electrónico (DTE) sin necesidad de concurrir a la oficina más cercana. Dos meses atrás completó el circuito ampliando el listado de lugares en los que se pueden pagar electrónicamente los costos de ese trámite.
Muchos se quejaron aduciendo que las nuevas operatorias interponían un obstáculo para los que no tenían acceso a Internet, un argumento poco sólido cuando todos o prácticamente todos cuentan con teléfonos celulares y muchos, además, con escritorios de pueblo o ciudad con conexión.
Dicho esto, uno de los reclamos más escuchados y que motiva este editorial es que, para que el ahorro sea concreto, resulta fundamental que, además de poder sacar el DTE en el Senasa, también se pueda tramitar la guía municipal para tránsito de ganado en las provincias que lo requieran. De este modo se concretarían los ahorros mencionados.
La activa Mesa de Carnes se ocupó del tema y presentó en numerosas ocasiones el pedido en dependencias del Ministerio de Agroindustria. También se llevaron adelante gestiones ante las autoridades bonaerenses, cuya evolución al día de hoy se desconoce. Cabe destacar que un avance en la dirección propuesta contribuiría enormemente al objetivo de desburocratización y mejora de la competitividad con “costo cero”, tanto para el Estado provincial como para los municipios. La recaudación sería la misma y se reducirían las horas hombre involucradas, que podrían reasignarse a tareas más productivas.
Cabe recordar el éxito que significó la implementación en territorio bonaerense del pago electrónico de Ingresos Brutos (II.BB.) como paso previo a la faena, una excelente medida para las arcas provinciales, que ganaron seguridad de cobranza y redujeron tiempos y burocracias.
No queda claro qué puede continuar demorando hoy la puesta en vigor de un trámite similar para el pago electrónico de las guías municipales para tránsito animal. Solo podemos pensar que la inercia burocrática atenta contra la modernización también en este tema y que, en el afán por evitar conflictos con los municipios, las autoridades apuestan a no introducir cambios. Grave error, pues la rápida implementación de estas y otras medidas también sugeridas simplificará la vida de cientos de miles de productores, reducirá los costos asociados e incrementará la competitividad requerida para abastecer a otros mercados siguiendo la propuesta del presidente Macri de hacer de la Argentina “un supermercado del mundo”.
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