La objeción a la abundancia de funcionarios públicos y cargos de confianza integra el generalizado reclamo nacional de un Estado menos gravoso para los contribuyentes, génesis del movimiento de protesta iniciado en el agro y rápidamente extendido a otros sectores de la actividad privada.
Los planteos del movimiento incluyen también rebaja de tarifas de energía y de la contribución rural, entre otros. Todos están dirigidos a aliviar las agobiantes cargas tributarias que soportan por igual los productores rurales, otras empresas y los hogares por exceso de gasto público.
En el tema de la plantilla estatal, se propuso congelar el ingreso de nuevos empleados públicos por tres años para bajar el gasto del gobierno y las intendencias. Es un curso que no alcanzaría para aligerar la pesadez de la estructura, ya que existen muchas otras áreas en las que hay que recortar. Pero es un tema de especial impacto por la extendida percepción pública de que se gasta de más en personal superfluo o sobrepagado.
Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, los empleados del Estado aumentaron 28%, a un total récord de casi 294 mil en 2016, según datos oficiales. La alianza de izquierda justifica el incremento con dos argumentos. Uno es que se incorporaron al presupuesto miles de personas que ya trabajaban para el Estado como contratados.
El otro es que el crecimiento se centró en áreas esenciales como la seguridad y los servicios sociales – en los que puede entenderse – y en educación y salud, sectores en los que no se justifican porque siguen naufragando en el atraso y la insuficiencia. Pero dirigentes opositores y técnicos privados alegan clientelismo y amiguismo partidario.
Igual rechazo popular existe por los cargos de confianza, que han trepado a 850, con acelerado crecimiento en los últimos años. En la esfera de la educación, por ejemplo, se duplicaron entre 2011 y 2016 en la inefectiva ANEP sin resultados que lo expliquen.
Está además el pago de salarios siderales, como acaba de evidenciarlo el caso del gerente general de Ducsa, la subsidiaria de ANCAP que maneja la distribución de combustibles, despedido por rehusarse a la reducción de su ingreso mensual de $ 683 mil (unos US$ 24 mil), que duplica el del presidente de la República. Aunque Ducsa es de las pocas empresas superavitarias del ente petrolero, ese nivel de remuneración era injustificable en una empresa pública cuya pésima administración anterior la puso al borde del colapso.
La responsabilidad por el gasto desmesurado en personal no es exclusivamente del Frente Amplio, ya que ocurre también en departamentos gobernados por el Partido Nacional, donde hay intendencias que han multiplicado los cargos de confianza a más de 100 en los últimos tres años.
Esta situación llevó a que, en el acto en Durazno, se censurara duramente no solo a la alianza de izquierda sino a todo el sistema político. El presidente Tabaré Vázquez ha prometido atender algunos de los reclamos contenidos en la proclama de los autoconvocados, hasta donde lo permita la debilidad de las cuentas públicas, centrada en el déficit fiscal. Tal vez se encamine a un alivio en las tarifas de energía.
Pero no puede eludirse la necesidad de reducir en general un Estado que ahoga toda la estructura productiva con exceso de personal y escasa eficiencia en la provisión de servicios vitales como seguridad y educación.
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