La Federación Nacional de Productores de Papa y Hortalizas (Fenaphort) solicitará que a la Ley de Semillas, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 28 de diciembre de 2015, se le aplique un período de vacatio legis, más allá de la fecha estipulada para su entrada en vigencia —en marzo— por considerarla perjudicial para el sector. Así lo reseñó la periodista Andrea Ballesteros en el portal El Estímulo.
“Nos retrasa 40 años. Aragua, Carabobo y una buena parte de Lara dependen de la importación de semillas de papa de Canadá porque hasta ahora no se ha consolidado un centro de producción de estas en el país”, dijo el director de Fenaphort y presidente de la Asociación de Papas del estado Carabobo (Asopapa), Aldemaro Ortega.
Detalló que tanto la industria como los productores de papa blanca consideran que la Ley de Semillas tiene un “vacío”, pues consideran que en el texto legal no queda claro quién les suministrará las semillas para los futuros ciclos de siembra.
“La ley se refiere a las semillas transgénicas, pero nosotros no utilizamos ese tipo de granos. Nosotros utilizamos las híbridas”, detalló durante una entrevista.
Por ello, Ortega invitó al Gobierno a verificar el tipo de semillas que se utiliza en las siembras de papa del centro del país. “Este es el momento histórico para hacerlo, para ir a Carabobo, a Lara y Aragua, a comprobar que requerimos semillas híbridas mientras se logre establecer, y eso no será de inmediato. Un verdadero plan de semillas nacionales puede tardar años”, puntualizó.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la ley, “la Comisión Nacional de Semillas podrá autorizar la importación de semillas con fines de investigación, producción de semillas y alimentos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración Tributaria y Aduanera, de conformidad con la ley sobre la materia”.
El instrumento legal también establece, en su artículo 37, que para importar semillas se debe tener un “certificado único”, el cual será otorgado por el Ministerio de Agricultura y Tierras, previa autorización de la Comisión Nacional de Semillas.
“Este certificado único contemplará los aspectos legales, fitosanitarios, de bioseguridad y comerciales para la importación y será otorgado a quien cumpla con los requerimientos de ley, en el caso que se demuestre la necesidad de importar semilla debido a la ausencia expresa de semilla nacional”, añade. Además, el Ministerio de Agricultura y Tierras acordará con las importadoras medidas financieras y tecnológicas para la promoción de la producción de semillas en el territorio nacional.
Ortega comentó además que el Gobierno no discutió con los productores de papa el contenido de la ley antes de su promulgación, como sostuvo el entonces vicepresidente Jorge Arreaza al anunciar la publicación en Gaceta Oficial del nuevo instrumento legal.
“Esta ley liquida a los productores de papa. Aquí no hay quien produzca la semilla ni industrial ni fresca”, enfatizó.
Futuras siembras en peligro
Ortega precisó que el Gobierno, mediante el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y el Banco Central de Venezuela (BCV), realizó el pago de 982.264,50 dólares para la importación de 5.250 toneladas de semillas de papa provenientes de Canadá, que arribarán a Venezuela aproximadamente a principios de febrero.
De esas semillas 2.250 toneladas son para Mérida, Táchira y Trujillo; 1.250 para los productores de Lara y 1.250 para uso industrial.
La llegada tardía de las semillas de papa, debido al pago atrasado del Gobierno, podría afectar la siembra de los estados Carabobo y Aragua que inicia en diciembre, precisó Ortega.
El dirigente gremial dijo que las consecuencias de la promulgación de la Ley de Semillas, que en su opinión fue elaborada con premura, se sentirán a partir de octubre, pues para esa fecha ya se habrán utilizado todos los granos importados desde Canadá. “Si los productores no consiguen semillas élite, venezolanas, certificadas y que garanticen rendimientos óptimos, el sector colapsará y tendremos que buscar otros rubros para sembrar”, adelantó.
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