El juez Bonadío ordenó la inmediata detención de Roberto Baratta, como anticipó LPO. Fue el hombre fuerte del sector energético.
El juez federal Claudio Bonadio pegó este jueves su golpe más duro al esquema de corrupción que se articuló en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo, al procesar y detener a Roberto Baratta, quien fue por lejos el funcionario de mayor confianza de Julio de Vido y un actor central en el sector energético.
Bonadio tomó la decisión en el marco de la causa que investiga los multimillonarios sobreprecios que se pagaron en las operaciones de compra de gas natural licuado por miles de millones de dólares, que alcanzaron tan nivel de gasto que pusieron en serio riesgo el equilibrio macroeconómico, al punto que Cristina Kirchner terminó interviniendo de hecho el área a través del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.
El juez también procesó por esta causa al propio De Vido pero no pudo detenerlo porque tiene fueros, un privilegio que está muy cerca de perder y podría terminar preso a más tardar a mediados de la semana próxima.
La decisión del juez le cae al Gobierno en el momento justo cuando a apenas 72 horas de la elección se encontraba a la defensiva por la aparición de un cuerpo que se presume sería el de Santiago Maldonado y todavía lidia con la cola de las lamentables declaraciones de su candidata Lilita Carrió. La detención de Baratta vuelve a poner en primer plano la persecución penal de la corrupción kirchnerista, un eje al que el Gobierno ha aprovechado como bandera de campaña, como dejó en claro el propio Macri en un reciente acto, cuando prometió que “como los narcos, van a ir todos presos”.
Como adelantó LPO en exclusiva hace un mes, Bonadío ya tenía decidido detener a Baratta, una manera muy efectiva de desestabilizar a De Vido, que conoce demasiado bien la información sensible que atesora quien fuera su voz más ruda, cada vez que había que presionar a algún empresario.
La compra de gas licuado a precios leoninos -producto de la crisis energética que la gestión del propio De Vido causó- tuvo como actor clave al menemista ex ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, quien ofreció a De Vido la “arquitectura” para instrumentar la operatoria.
Los montos eran tan siderales que ponían en riesgo el equilibrio macroeconómico, porque Argentina estaba en default y las compras de gas licuado había que pagarlas en dólares y al contado. Cristina Kirchner, asesorada por Axel Kicillof, decidió estatizar YPF como una vía para tratar de paliar el déficit energético y reducir la compra de gas licuado, mediante el impulso de la producción de la petrolera de bandera.
De hecho, cuando asumió Miguel Galuccio al frente de YPF se empezó a desmontar el sistema de compras de gas licuado, lo que le valió muy ásperos cortocircuitoscon De Vido y el propio Dromi, que funcionaba casi como un funcionario de Planificación.
La causa también podría alcanzar a la ex presidenta, porque la maniobra de gas licuado fue denunciada durante su mandato y nunca avanzó contra De Vido o Baratta.
Esta decisión termina de empujar a De Vido al desafuero y lo pone en las puertas de una detención, ya que acaba de sufrir otro pedido de detención, en ese caso por coimas y sobreprecios en la construcción del proyecto yacimiento de Río Turbio, en el que está involucrada la firma española Isolux, que entro en quiebra y ahora está en venta, para la que estarían interesados Socma, de la familia presidencial y ahora la mendocina Cartellone.
El macrista Pablo Tonelli ya convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para el martes próximo para tratar el desafuero y confía en tener los dos tercios el miércoles para encarcelar al ex ministro.
Sumará ahora el pedido de Bonadío, quien lo procesó en esta causa bajo la figura de defraudación contra la administración pública.
Como su colega Luis Rodríguez pidió detenerlo ni bien pierda los fueros, o sea, si es posible el miércoles mismo después de la sesión.
Baratta era subsecretario de Control y Gestión del Ministerio de Planificación y como mano derecha de De Vido ejecutó el Programa de Energía Total (PET) lanzado por el Gobierno en 2007.
El plan quedó en el ojo de la tormenta cuando Roberto Dromi, ex ministro de Carlos Menem y dueño de la consultora Diligentia y Dysan, blanqueó que había participado de las operaciones instrumentadas a través de Enarsa. No había licitaciones, sino concursos de precios con posible pago de comisiones.
Según la investigación, el rol de Dromi era tan relevante que su hijo Nicolás participó de reuniones de directorio de Enarsa en las que se contrataba a su consultora, para que intermediara en la operación de compra de gas licuado.
También fue procesado Jorge Samarín, presidente de la Marítima Meridian S.A., beneficiado con contratos por “agenciamiento marítimo”, como se denomina a las tareas de registración aduanera, acceso a los puertos, permisos técnicos y habilitaciones de Prefectura y Migraciones para la llegada de los barcos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.