Sólo Cristina Kirchner puede evitar un nuevo conflicto

Sólo por decisión de la presidenta Cristina Kirchner puede evitarse un nuevo conflicto entre el Gobierno y el campo. No es el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, a quien las entidades de la Mesa de Enlace le agradecieron su convocatoria, pero le pidieron que el encuentro fuera en forma colectiva y no individual, el que puede decidir un cambio en los principales reclamos de los ruralistas.

La presión impositiva, el impacto de la inflación y el deterioro progresivo de la mayoría de las actividades agropecuarias por la pérdida de competitividad exceden el área de Agricultura y merecen una decisión política para ser solucionados. Lo mismo vale para la intervención sobre los mercados. Ni siquiera es responsabilidad exclusiva del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que controla las exportaciones y los cupos a las ventas de trigo y de maíz.

Si la Presidenta quiere volver a colocar al campo en el papel del enemigo político y tomarse un desquite por el resultado de la puja por la resolución 125 el conflicto será inevitable. Buena parte de quienes la apoyan creen que la Mesa de Enlace y los productores que, mal o bien la acompañan, merecen un escarmiento. Son los que le piden “profundizar el modelo”. Están en la sintonía del “vamos por todo”. Son los que creen que el campo acumula una “renta extraordinaria con los recursos naturales” por lo que el Estado debería apropiársela. De allí el renacimiento de los rumores por el regreso de la Junta Nacional de Granos (JNG), disuelta a principios de la década de los años noventa. Quienes han tenido trato con Moreno recuerdan que hace cuatro años cuando también trascendieron rumores sobre la reinvención de la JNG, el funcionario dijo: “¿para qué la quiero, para tener gerentes del Estado que roben? Para eso los controlo a ustedes”.

Si bien Moreno no ha creado una nueva JNG, lo que ha hecho con el mercado de trigo y de maíz deja ya algunas conclusiones para anticipar lo que sería el Estado monopolizando el comercio de granos. Los cupos provocaron una pérdida de entre 20 y 30 dólares por tonelada de descuento en el precio que percibe el productor. En siete años de mercado intervenido la superficie sembrada con trigo cayó un 42,8 por ciento. ¿Habría que imaginar las consecuencias económicas que podría traer una intervención similar para la soja? Un simple ejercicio de simulación sobre la base del mismo porcentaje arroja como resultado que el cultivo en vez de extenderse en las 19 millones de hectáreas que hoy se siembran, se cubrirían apenas 12 millones de hectáreas, casi la misma superficie que la oleaginosa ocupaba en 2002.

Sobran los ejemplos en la historia económica de lo que sucede cuando el Estado quiere monopolizar el comercio de alimentos: la producción se derrumba. Venezuela, altamente deficitaria en granos y carnes, y Cuba, con el azúcar, son dos casos que los partidarios del “vamos por todo” deberían recordar.

Hay también quienes están echando a rodar una especie de mito urbano por el cual los productores están sentados sobre los silobolsas como si tuvieran algún grado de perversión en vez de preguntarse si no se demoran las ventas como mecanismo de defensa ante la inflación y la disparidad entre el dólar oficial y el blue. Quienes no están vendiendo la soja creen que el grano es una moneda más fuerte que el dólar y el peso y asumen un riesgo porque nada les garantiza que los buenos precios que hoy muestra Chicago se mantengan en el momento de la cosecha. Es un análisis estrictamente individual de costo y beneficio.

Por ahora el Gobierno prefiere organizar brigadas de inspectores de la AFIP recorriendo acopios y campos para relevar las existencias de soja (información que, por otra parte, ya la tienen) en lugar de adoptar una medida económica positiva para obtener los dólares que necesita.

En este estado de confusión, desde otra visión, no hay que olvidar que también hay quienes alientan a los productores agropecuarios a que no vendan ni un solo kilo de soja en esta campaña para provocarle un agujero fiscal al Gobierno como forma de protesta. Y si no tienen éxito, porque los chacareros no se ponen de acuerdo, serán los primeros en denunciar que “el campo se vendió”, como dijeron después de las elecciones de 2011 cuando Cristina Kirchner ganó en la mayoría de las localidades del interior.

Serán los propios productores, en todo caso, quienes decidan la forma de protesta en caso de no prosperar los vanos intentos de diálogo. Y tendrán que conjugar su creciente estado de indignación frente a la falta de respuestas por parte del Gobierno, como se advirtió en la asamblea de Pehuajó, con la escasa disciplina de coordinación y organización gremial post-conflicto 2008. A los dirigentes rurales, también les cabe su responsabilidad.

RESUMEN

• 9,4
  Millones de toneladas
  Es lo que alcanzó la cosecha de trigo, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura.

la frase

• “En el campo tenemos un problema de competitividad gravísimo”
  Eduardo Buzzi
  Presidente de la FAA