Aunque los reclamos de productores rurales adelantaron la intervención del gobierno, la salida de la crisis es todavía incierta. Una razón es que de la reunión del presidente Tabaré Vázquez con las gremiales agropecuarias no surgieron prontas soluciones específicas sino solo la promesa oficial de diálogo, para atender en lo posible y separadamente la situación de cada sector.
Otra es que el masivo movimiento de protesta ha asumido vida propia por encima de las autoridades de sus gremiales, que comparten los reclamos pero que en algunas instancias se distancian de la virulencia de los manifestantes. No es seguro que los productores compartan en todos los casos posiciones más moderadas que les marquen quienes conducen la gremial de cada sector. La respuesta se tendrá recién el martes próximo, cuando una asamblea nacional de quienes trabajan en el campo decidirá si aceptan el compromiso asumido por Vázquez o profundizan las medidas de lucha.
Al calificar de “caos” los actos de protesta en gran parte del interior, que distorsionan el tránsito por rutas nacionales aunque sin cortarlo, el presidente adelantó que no tratará con los manifestantes autoconvocados sino con las autoridades de sus gremiales. Si los productores lo aceptan, se abrirá el camino para desactivar eventualmente el enfrentamiento.
En caso contrario, se agravará. Los reclamos de los productores para paliar su pérdida de rentabilidad incluyen la caída de precios internacionales, sobre lo que el gobierno nada puede hacer, y cambios en una política monetaria que la administración está resuelta a mantener a rajatabla.
Pero el área central de disenso está en las cargas tributarias que sufre el agro, especialmente en las tarifas de electricidad y combustibles aumentadas en sucesivos ajustes con el fin de recaudar más para apuntalar una frágil situación fiscal.
Concesiones en este punto fundamental enfrentan al gobierno a la disyuntiva de empeorar las cuentas públicas para evitar el riesgo de que la rebelión de los productores, pacífica por ahora, se expanda y llegue a bloquear ilegalmente el libre tránsito por las rutas, afectando el normal abastecimiento de alimentos perecederos a Montevideo y balnearios del este en plena temporada turística.
Vázquez justificó su decisión de crear mesas de trabajo separadas para cada sector en que sus problemas y sus urgencias son diferentes, lo cual es exacto. Pero no se vislumbra aún hasta donde podrá llegar el gobierno para atenderlas en cada caso, indefinido tema clave en el futuro del conflicto. Su atenuación depende de que los productores en pie de guerra resuelvan confiar la semana próxima en que habrá alivio en las cargas tributarias que generaron el movimiento de protesta.
Algún paliativo es indispensable para restablecer la calma.
Es un camino difícil de transitar sin desequilibrar las previsiones fiscales. Pero el gobierno no tiene otra opción que recorrerlo y sin demora para desactivar una crisis ante la que reaccionó tardíamente. Todo dependerá, sin embargo, de que, primero, los productores depongan las movilizaciones por sus fundados enojos e impaciencias y tomen la actitud razonable de darle al gobierno algo más de tiempo.-
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