La relación entre la tierra agrícola y el empleo público

Entre 2002 y 2014 el empleo público total de Argentina pasó de aproximadamente 2.1 a 3.6 millones de cargos. Una pregunta relevante que podemos hacer es: ¿cuál es el stock de riqueza (tomamos tierra agrícola como ejemplo) que es necesario para mantener el aumento de empleo público que Argentina ha experimentado? Los 1.5 millones de […]

Entre 2002 y 2014 el empleo público total de Argentina pasó de aproximadamente 2.1 a 3.6 millones de cargos. Una pregunta relevante que podemos hacer es: ¿cuál es el stock de riqueza (tomamos tierra agrícola como ejemplo) que es necesario para mantener el aumento de empleo público que Argentina ha experimentado?

Los 1.5 millones de nuevos puestos generan un aumento de gastos por parte del Estado. Estos gastos no sólo incluyen las compensaciones y cargas sociales, sino también la imputación por espacios de oficina, viáticos, teléfonos y otros. Resulta difícil computar la cifra correspondiente a todos estos ítems. Para abrir la discusión, tomemos como base que cada empleado público “cuesta” al Estado aproximadamente $ 180.000 por año. Suponemos que esta cifra incluye todos los recursos necesarios para mantener el cargo (compensación, cargas sociales, viáticos, valor de la alícuota de oficina que usa). La cifra es conservadora, equivale “en todo concepto” a aproximadamente dos sueldos mínimos mensuales.

Transformada en dólares (y redondeando) llegamos a un costo por empleado de unos u$s 12.000 por año. Retomo la pregunta inicial: cuánto stock de recursos -en este caso tierra agrícola- se necesita para generar un flujo de ingresos suficiente para financiar el empleo público. Para hacer el cálculo, también en forma conservadora, supongamos que sólo el 50% de 1.5 millones de empleados públicos adicionales tiene nula o baja productividad. Por supuesto, la cifra anterior es especulativa; sin embargo puede ser “razonable” ya que muchos están de acuerdo en que la provisión de servicios públicos no ha acompañado en nada el aumento de empleo observado. De acuerdo con lo anterior, el exceso sería de “sólo” 750 mil personas.

Bajo los supuestos anteriores, el flujo de ingresos necesarios para mantener estas 750 mil personas es de u$s 9000 millones anuales. Esta cifra puede ponerse en perspectiva comparándola con el valor de la producción agropecuaria, que en los últimos años ha oscilado entre u$s 25 mil y u$s 50 mil millones. O sea, el exceso de empleo considerado oscila entre el 18 y el 36% del valor de la producción.

Pero atención: producir u$s 1 en el sector agropecuario requiere no menos de u$s 0.6 – 0.8 de insumos (fertilizante, semilla, combustible, mano de obra, gerenciamiento). Lo que corresponde entonces no es comparar el costo del exceso de empleo público con el valor bruto de la producción agropecuaria, sino con el valor neto de gastos de ésta.

A modo de ejemplo: supongamos que una hectárea de tierra agrícola vale u$s 10 mil y produce una renta neta de gastos del 3% anual. Bajo estos supuestos, cada hectárea genera un ingreso neto de unos u$s 300, por lo cual se necesitan 30 millones de hectáreas para financiar estos 750 mil empleados públicos (30 millones = 9000 millones/300).

Las 30 millones de hectáreas necesarias para financiar estos 750 mil puestos de trabajo en el sector público son prácticamente iguales a las 30-32 millones de hectáreas que se siembran en la Argentina con cultivos agrícolas. Más allá de la razonabilidad de los supuestos empleados, el mensaje a transmitir es claro: reducir la importancia de la fuerza laboral poco productiva es enteramente equivalente a aumentar el stock de recursos naturales – tierra agrícola en el ejemplo analizado- con que el país cuenta. Pasar de 30 a 60 millones de hectáreas agrícolas no es poca cosa.

Marcos Gallacher
Director de la Maestría en Agronegocios
Universidad del CEMA