La nueva conducción de la entidad a manos de Omar Príncipe, sorprendió a los propios federados al acceder a una reunión con el gobierno. No fue en vano, se llevó logros importantes que desde otros sectores se busca minimizar.
Menos de dos meses pasaron de la salida de Eduardo Buzzi de la conducción de la Federación Agraria, para que la entidad dejara atrás a la Mesa de Enlace y se sentara a negociar con el gobierno como una entidad autónoma que nunca debió dejar de ser.
Omar Príncipe, el nuevo presidente de la FAA desde comienzos de diciembre pasado, no tardó casi nada en dejar la huella que marcó su antecesor, para iniciar un giro en la conducción más acorde a los opositores al buzzismo dentro de la entidad.
El camino está lejos de convertirse en adictos al kirchnerismo, más bien se trata de ejercer la independencia de las demás entidades de la Mesa de Enlace, especialmente de la Sociedad Rural Argentina, en cuya alianza no solamente perdió afiliados sino que no obtuvo ninguna mejora para los chacareros. Esta vez fue diferente.
Jorge Capitanich, junto con los ministros de Economía, Axel Kicillof, y el de Agricultura, Carlos Casamiquela recibieron al presidente de la FAA. También estuvieron presentes el presidente del Banco Nación, Juan Ignacio Forlón, y funcionarios de Agricultura y de Comercio como Gabriel Delgado, y Ariel Langer.
La delegación federada estuvo encabezada por Prícipe, y el vice primero, Ariel Toeselli, además de otros dirigentes. No participó, Jorge Solmi enrolado en las filas del massismo junto a Buzzi, situación que no pasó inadvertida por los propios federados, y precipitó las sospechas de una fractura en la flamante conducción.
El caso es que la FAA consiguió dos temas centrales en materia de política diferenciada para los productores pequeños y medianos. Primero en relación al financiamiento del Banco Nación y también en materia de comercialización de trigo.
Príncipe explicó que “el Banco de la Nación dejará sin efecto la circular vigente desde el 1 de enero para los productores que cuenten con existencia de granos, siempre y cuando su volumen de producción no exceda las 600 toneladas de soja y que no posean un stock superior al 10% de ese valor”, como variables de corte para identificar pequeños y grandes productores.
El presidente de la FAA valoró “que los funcionarios hayan entendido que los productores que tienen ese volumen no lo hacen para especular, sino que tiene que ver con asegurar su actividad”, señaló Príncipe.
En materia triguera tanto el gobierno como la FAA aseguran que los productores, especialmente los de menos escala, “no reciben plenamente el precio internacional menos los derechos de exportación y otros gastos administrativos y financieros asociados, a pesar de las autorizaciones de ROEs a las compañías exportadoras”.
Príncipe explicó que “el gobierno se ha comprometido a instrumentar una operatoria gradual de autorización de ROEs a partir de la corroboración de que efectivamente los productores -especialmente pequeños y medianos- reciban un precio no inferior al internacional de acuerdo a la tipificación de calidad y el volumen de demanda de externa, priorizándose la entrega de ROEs al movimiento cooperativo, siempre que den cumplimiento a esta medida” en pocas palabras el FAS teórico.
En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof, señaló que el Gobierno se compromete a “defender al pequeño y mediano productor, impidiendo cualquier abuso en los precios que se le pagan”.
También hubo compromisos en materia tambera: “El gobierno se comprometió a intervenir ante las empresas para evitar cualquier tipo de bajas en el precio que percibe el productor”, aseguró Príncipe. Ese mismo día en Rafaela los empresarios aseguraban a los tamberos en una reunión (ver aparte) que la baja de 10 centavos en el precio de la leche tenía “autorización” de los funcionarios de Comercio.
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