Uruguay multó a los que participaron de la venta de un campo adjudicado a Lázaro Báez

A través de una nota de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay (MEF) anunció la aplicación de sanciones económicas al escribano y al agente inmobiliario que participaron en 2011 de la compraventa de un campo cerca de Punta del Este, que quedó bajo sospecha porque podría tratarse de una maniobra de lavado […]

A través de una nota de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay (MEF) anunció la aplicación de sanciones económicas al escribano y al agente inmobiliario que participaron en 2011 de la compraventa de un campo cerca de Punta del Este, que quedó bajo sospecha porque podría tratarse de una maniobra de lavado de dinero obtenido por sobreprecios en licitaciones de obras públicas adjudicadas por el gobierno argentino a Lázaro Báez, para que en Uruguay queden parte de los millones de euros del empresario santacruceño, antes de llegar a cuentas de bancos suizos.

El ejecutivo sancionó al escribano con una multa de U$S 276.035 y al operador inmobiliario con U$S 88.934, por “incumplimiento de los requisitos de debida diligencia que estaba obligados a observar a efectos del debido conocimiento de los clientes, del beneficiario final y del origen de los fondos empleados en la transacción”.

Seguido a la explicación del porqué del castigo económico, advirtió que con esto “procura desestimular este tipo de transacciones sin contar con la debida información de los clientes, revistiendo el carácter disuasivo que recomiendan los estándares internacionales”.

Si bien la información que apareció colgada en la página de Internet del MEF no brinda nombres propios, los profesionales sancionados son el escribano Eduardo Pittaluga Shaw y el agente inmobiliario Alejandro Perazzo, quienes aparecieron en una nota de Clarín en junio de 2013, cuando concurrieron a declarar ante la jueza especializada en Crimen organizado, Adriana de los Santos.

En dicha oportunidad, tanto Pittaluga Shaw como Perazzo, habían declarado ante la magistrada que no encontraron nada irregular en la compraventa del campo El entrevero -ubicado en la ruta 10, entre Punta del Este y José Ignacio, que se efectivizó por U$S 14 millones- y que por eso no la denunciaron al Banco Central, tal como lo obliga una ley en Uruguay.

De la operación inmobiliaria, concretada en 2011, participaron distintas S.A y testaferros de Báez. Traline S.A (en la que figuran que fueron presidentes Maximiliano Acosta y Oscar Guthux, ex gerente del Hotel Alto Calafate, establecimiento vinculado a los Kirchner) efectivizó el primer compromiso de compraventa, que después cedió a Jumey S.A, presidida por Daniel Pérez Gadín, contador del empresario santacruceño.