Etchevehere: “El Estado se arroga facultades judiciales que no tiene”

El Presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevere explicó en La Hora del Campo los avatares del conflicto que mantiene con el gobierno por la propiedad del predio de Palermo. Al respecto, señaló que “De nuestra parte se trata de trabajar y cumplir con la palabra dada. Cualquier cosa que haya que discutir será en sede judicial”.

AC: ¿Cómo se entiende la decisión del gobierno de recuperar el predio ferial de Palermo? LME: La palabra correcta es confiscación. Es querer quitarle los bienes a una institución como castigo porque no se calla frente al poderoso de turno y porque a pesar de las amenazas decimos educadamente lo que está pasando con el campo. Este intento de confiscación se da a partir de un decreto presidencial que pretende anular una venta legítima hecha por el Estado Nacional a la Sociedad Rural. La venta se realizó por decreto fundado en una ley, la del legítimo ocupante, que dice que aquellas instituciones que estuvieran en un predio durante mucho tiempo podían comprar ese sitio al Estado. Es el caso de la SRA, que desde 1875 organiza allí ferias ganaderas. En ese momento, el Estado estableció a través de tres casaciones del Banco Hipotecario, del Banco Ciudad y de un consorcio de empresas inmobiliarias el precio en 30 millones de dólares más la imposición de un cargo que nos obligaba a hacer un moderno predio de exposiciones y congresos que llevó una inversión de 100 millones de dólares. Después del 2008 el Estado intenta la confiscación.
AC: El ministro Abal Medina dijo que es una recuperación y no una expropiación. ¿Deben irse en 30 días?LME: Con respecto a lo que dijo el jefe de gabinete, si él entiende cualquier cosa por el precio y la venta de algo que se hizo hace 21 años y que el Estado después de todo ese tiempo recién tiene algo que decir, debería haber ido a Tribunales y probar esas afirmaciones. El Estado se arroga facultades judiciales que no tiene. Si quiere revisar esa venta que presente pruebas y la justicia resolverá. Pero esta es una confiscación y es una clara revancha por la independencia del campo. El plazo de 30 días está en curso porque hubo una intimación para que desalojemos el predio antes de fin de mes.

AC: El gobierno sostiene que hay una deuda.LME: Sí, de los 30 millones de dólares, porque los 100 millones del cargo fueron invertidos y se puede comprobar perfectamente.  Del primer monto se pagó el 80% hasta el 2002, cuando hasta el Estado nacional quebró. En ese entonces pedimos una reestructuración de la deuda se nos dijo que sí y no cuestionaron ni el precio ni la venta, por lo que se empezó a negociar la forma de cancelar los 6 millones restantes. En el 2005 el expediente ya no volvió más a la SRA y quedó en sede gubernamental, así que no obtuvimos la liquidación final, aunque lo reclamamos en reiteradas ocasiones.
AC: ¿El caso puede llegar a la Corte Suprema?LME: Nos sometemos a las reglas de juego. Veremos el camino que toma la causa.