Mérida, Yucatán; 29 de noviembre de 2017 (yucatanalamano.com).-El poder otorgado a los tramitadores de recursos en las dependencias federales y estatales, originan que se cometan diversos ilícitos, abusos, desvíos y fraudes, en perjuicio de personas que meten proyectos para gestionar apoyos para infraestructura o mejoramiento de sus terrenos a través de los diferentes programas gubernamentales.
Entre estos casos se encuentra Francisco Javier Esperón López, quien es víctima del presunto delito de abuso de confianza por parte de Gabriel Antonio Leal Abrego, de la empresa Infrariegos de Yucatán, S.A de C.V, por 249 mil 362.58 pesos autorizados el 15 de abril de 2014, por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para la instalación de un sistema de riego en su rancho denominado Santos Reyes Tuz-Ik de Tizimín.
Sobre el problema al que se enfrenta, Esperón López relata que en 2014 se presentó a su domicilio Ricardo Pacheco Navarro, quien ofreció gestionar recursos para proyectos de infraestructura para sus ranchos, a lo cual accedió por considerar que era una buena oportunidad para mejorar sus instalaciones que sirven para cría y engorda ganado bovino.
Luego de unos meses, SAGARPA les notificó que uno de los cinco proyectos que concurso fue aprobado, y que se depositó la cantidad de 600 mil pesos, a la cuenta de su hija, María Esperón López.
Sin embargo, a los pocos días de la transferencia se presentó María Teresa Herrera Coronado, esposa de Ricardo, para pedir que el dinero se le transfiera a la cuenta de la empresa Infrariegos de Yucatán, S.A de C.V, por ser la encargada e manejar y aplican el recurso.
Ante ello, el ganadero entregó un cheque por la cantidad de 395 mil 161 pesos, el 23 de febrero de 2015, los cuales nunca supieron para que se utilizaron, pues únicamente se invirtió en infraestructura 200 mil pesos.
Además, nunca se enteró que un segundo proyecto fue autorizado, por 249 mil 362.58 pesos, lo cual descubrió cuando se presentó a la delegación de la SAGARPA para investigar que había pasado con sus solicitudes.
Ahí, le dijeron que en archivos constaba que el proyecto fue aprobado y el recurso entregado, pero informó que nunca recibió el dinero ni el sistema de riego del rancho. Por ello, le pidieron que escribiera en papel con su pluma la situación detallada que se dio con el apoyo solicitado, a lo cual accedió.
La sorpresa fue mayor cuando a principios de 2016 le notifican que inició el procedimiento Administrativo de Cancelación y Devolución de Recursos, por incumplimiento y no haber ejecutado el dinero.
Ante esa situación inició una serie de diligencias para comprobar que nunca recibió ese dinero, incluso se reunió con el delegado de SAGARA, Pablo Castro Alcocer para tratar el problema, quien prometió solucionar el caso, pero solo le dio largas.
Esperón López explicó que cuando hacen la solicitud los citan en la ciudad de Mérida, en unas oficinas, donde firman una gran cantidad de papeles, los cuales son difíciles de leerlos todos, no se percató que entre ellos firmó uno donde autoriza, en caso de salir aprobado el recurso, que se deposite a la cuenta de la empresa Infrariegos de Yucatán, S.A de C.V.
Luego de varias vueltas, logra encontrar el documento donde se especifica que los recursos se depositen a la cuenta de la empresa Infrariegos de Yucatán, quienes recibieron ese dinero y ni los informaron ni lo aplicaron en el proyecto que se solicitó. Así, Francisco Esperón puso las denuncias correspondientes, sin que hasta la fecha haya logrado algo favorable, pues, al contrario, ya que en 25 de julio de 2016 llegaron a uno de sus ranchos para aplicar análisis al hato, en el cual dos cabezas salieron positivas a tuberculosis, por ello ponen en cuarentena la propiedad denominada Rajonchén, y cuatro ranchos más de él y sus socios, con más de 500 reses.
Sin embargo, la cuarentena se alargó a ocho meses, y luego de varias pruebas más se comprobó que nunca hubo tuberculosis entre el ganado de su propiedad, por lo que 28 de marzo de este año, vía oficio firmado por el delegado de SAGARPA, Pablo Castro Alcocer se levantó la cuarentena.
Las pérdidas por esa cuarentena fueron de más de dos millones de pesos, ya que al devolverles sus ranchos y poder mover el ganado, ya era la temporada de seca, y al no haber pastura por no poder trabajar sus propiedades, más de 100 cabezas de ganado se le murieron, y de eso no se hizo responsable la delegación de la SAGARPA, que encabeza Pablo Castro Alcocer.
Francisco Esperón aseveró que si los otros cuatro proyectos también fueron aprobados, le fraude sería superior al millón de pesos, por lo que sospecha que los tramitadores actúan con complacencia y complicidad de personal de la delegación de SAGARPA en la entidad.
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