La decisión del Concejo de prohibir la utilización del glifosato en Rosario desató un fuerte polémica. El tema generó la inmediata respuesta de parte de los ruralistas, que salieron a presionar a la intendenta Mónica Fein para que dé marcha atrás con un proyecto que fue avalado y votado por todos los partidos políticos con representación local. Así, de manera explícita pidieron “rever” esa ordenanza.
“Es una preocupación enorme. No hay en el mundo, hasta el día de hoy, una evidencia científica de que cuando el glifosato se utiliza correctamente, para lo que fue desarrollado y bajo las indicaciones de uso, genere algún problema para el ambiente y las personas”, explicó María Beatriz Giraudo, coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable y Plan Belgrano de Agroindustria.
Lo cierto es que, en términos prácticos, hay muy poca aplicabilidad de esta norma, ya que en Rosario apenas afecta a 260 hectáreas productivas. “Es un producto de la más baja toxicidad. Además de la producción, se puede utilizar en jardines, bajo uso doméstico. Si se usa con las recomendaciones adecuadas no genera ningún tipo de problemas. Si realmente queremos darle tranquilidad a la población, tenemos que exigir el uso correcto, y ahí sí hace falta la presencia del Estado para controlar y verificar que se hagan las cosas de forma correcta”, opinó la funcionaria y ex presidenta de Aapresid, entidad que también expresó su malestar por la ordenanza.
Paradójicamente, la resolución fue aprobada de manera unánime a pesar contar el Pro con una bancada importante y que Giraudo integre un ministerio nacional. “Es un llamado de atención. Seguimos fallando en cómo tenemos que trabajar articuladamente y como fuente de información. Es una lástima que un Concejo, para una determinación de esta envergadura, no tenga en cuenta a organismos como Apresid, la Bolsa de Comercio de Rosario; Acsoja, la Facultad de Ciencias Agrarias o el Colegio de Ingenieros Agrónomos”, opinó Giraudo que aseguró que “Los decisores políticos tendrían que consultar con organismos especializados cada temática y encontrarían muchísima fortaleza de argumentación”.
La ordenanza ya está aprobada y sólo falta que la promulgue la intendenta. Ahora, el ejecutivo local, deberá resolver en los próximos días decidir si avala la votación de los ediles o cede a la presión de los ruralistas. “Se está trabajando en red con ese grupo institucional para interactuar con la intendenta, tenemos reuniones previstas con los bloques para poder tener un espacio de interacción, mostrar la información que existe, y pedir la revisión de esta ordenanza que, insistimos, lejos de llevar soluciones a la población, la pone en situación de riesgo”.
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