Todavía no asumió como ministro de Agroindustria de la Nación y ya la agenda le ha fijado prioridades a Luis Miguel Etchevehere. Es que a partir del 21 de noviembre, cuando tomará juramento, deberá encarar las reestructuraciones de dos organismos estratégicos para el sector agroalimentario: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (Inta) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Si bien aún no trascendieron los alcances de las reformas, hay coincidencia, tanto en el ámbito privado como en el Gobierno, de que ambas reparticiones, con más de 60 años de trayectoria, deberán encarar reformas estructurales. Y sería el propio presidente Mauricio Macri quien le habría solicitado esa tarea al nuevo ministro de Agroindustria.
Más allá de la decisión que tome Etchevehere respecto de quienes conduzcan los dos organismos técnicos durante su gestión, lo que estaría claro es la necesidad de reestructurar sus funcionamientos. La transformación sería más profunda que un recambio de nombres.
Las sospechas de corrupción dentro del Senasa son un secreto a voces en los pasillos del organismo. Incluso hace unos meses, el ministro Buryaile hizo público focos de inconductas, que luego nadie del Ministerio se encargó de aclarar y de profundizar.
Cambios de contenido
Además de algunos retoques en la cuestión operativa, auditorías e investigaciones, las modificaciones en el Senasa incluirían también la modernización de su bagaje normativo, con el fin de adecuarlo a las exigencias actuales que debe cumplir un organismo de fiscalización de la cadena agroalimentaria.
El decreto 4.238, por ejemplo, considerado la “Biblia” para el desenvolvimiento de la industria frigorífica, es de 1968 y ya quedó obsoleto. Tal como está redactado, su cumplimiento requiere hoy de un agente de control por cada puesto en las plantas de faena, lo que lo torna inviable en la práctica.
Alguien que sigue muy de cerca la normativa del sector cárnico admitió que para cumplir con el decreto que ya tiene casi 50 años, y que se refiere a la inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal, se necesitarían 20 mil agentes. Algo impracticable, ya que a esa magnitud habría que sumarle todo lo que significa la fiscalización en producción vegetal, competencia que también está a cargo del Senasa.
¿Achique?
El Inta sería el otro organismo donde el Gobierno quiere cambios. Si bien las actuales (y salientes) autoridades en el organismo desconocen cualquier intención oficial de achicar su estructura, que cuenta con más de siete mil empleados en el país, en el gremio aseguran que en el Ministerio de Modernización hay un informe según el cual en el Inta sobran 750 trabajadores. A eso se suman las previsiones del presupuesto para 2018, ya presentado en el Congreso Nacional, en el que faltarían 300 millones de pesos para que el Inta funcione normalmente.
Etchevehere es conocedor de las realidades del Inta y el Senasa. Por eso, en los últimos días trabaja en la conformación de su grupo de colaboradores que, entre otras responsabilidades, tendrá a cargo poner en marcha sus reformas.
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