Ante el proyecto para aumentar el impuesto inmobiliario rural, las entidades rurales pidieron que se mejoren las rutas y la gestión del riesgo hídrico.
El proyecto para aumentar entre un 35% y un 40% el impuesto inmobiliario rural en Córdoba, en donde el agro todavía sufre las secuelas de las intensas lluvias del otoño, provocó tensiones entre el gobierno provincial y las entidades que representan a los productores.
Marco Giraudo, directivo cordobés de Coninagro, recordó que hubo más de un millón de hectáreas afectadas por las lluvias y el campo enfrentó pérdidas millonarias, con un impacto muy grande en el bolsillo de los productores.
"Por eso tenemos chispazos con el gobierno provincial. La verdad es que faltan infraestructura vial y consideramos que el ajuste en el impuesto inmobiliario provincial debería haber sido más suave”, planteó Giraudo. En el mismo sentido se expresó Cartez, la filial cordobesa de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Otro punto que genera tensión es que los ruralistas proponen crear un ente que gestione los fondos que se destinen a los canales y a mantener la infraestructura vial, que administraría la propia Mesa de Enlace provincial.
En la zona de Las Varillas, un grupo de productores que tuvo durante meses sus campos inundados no se manifestó en contra del incremento pero le pidió a Sergio Busso, ministro de Agricultura cordobés, que se extienda el plazo de beneficios impositivos que prevén las declaraciones de emergencia y desastre agropecuario, ya que en muchos tambos todavía no se pudo recuperar el ritmo de ordeñe previo a las lluvias.
Lo mismo necesitan muchos productores agrícolas, sobre todo chicos y medianos, que hasta el otoño no van a poder cosechar los granos gruesos que comenzaron a sembrar al principio de la primavera y en estas últimas semanas.
En esta región de Córdoba, unas de las más complicadas por las inundaciones, la buena noticia es que tanto desde el gobierno nacional como desde el provincial se anunción que a mediados de diciembre se licitarían obras claves, como la readecuación del canal San Antonio, para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia hacia la cuenca del río Carcaraña. Los funcionarios les dijeron a los productores que proyectan comenzar estos trabajos en marzo.
La Bolsa de Cereales cordobesa hizo un balance de las pérdidas por las inundaciones. En primer lugar estimó que el anegamiento de más de 500.000 hectáreas de soja, que estaban a punto de ser trilladas, generó un perjuicio económico de más de 11.000 millones de pesos, una cifra que equivale a un 4% del producto bruto geográfico.
Los especialistas de la Bolsa cordobesa aseguraron que las lluvias en muchas zonas duplicaron el promedio histórico y complicaron la cosecha gruesa: la producción de soja se posicionó en casi 15 millones de toneladas con mermas por humedad de 397.900 toneladas.
Los valores de humedad en los “porotos” treparon hasta un 80%, es decir 10 puntos por encima del nivel registrado en la campaña anterior, un escenario que generó pérdidas por humedad y una disminución en la calidad de los granos obtenidos.
Los departamentos cordobeses más afectados por los excesos hídricos fueron Marcos Juárez, San Justo, Unión, Río Cuarto, Roque Sáenz Peña, Río Segundo y General Roca.
Marco Giraudo, directivo cordobés de Coninagro, recordó que hubo más de un millón de hectáreas afectadas por las lluvias y el campo enfrentó pérdidas millonarias, con un impacto muy grande en el bolsillo de los productores.
"Por eso tenemos chispazos con el gobierno provincial. La verdad es que faltan infraestructura vial y consideramos que el ajuste en el impuesto inmobiliario provincial debería haber sido más suave”, planteó Giraudo. En el mismo sentido se expresó Cartez, la filial cordobesa de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Otro punto que genera tensión es que los ruralistas proponen crear un ente que gestione los fondos que se destinen a los canales y a mantener la infraestructura vial, que administraría la propia Mesa de Enlace provincial.
En la zona de Las Varillas, un grupo de productores que tuvo durante meses sus campos inundados no se manifestó en contra del incremento pero le pidió a Sergio Busso, ministro de Agricultura cordobés, que se extienda el plazo de beneficios impositivos que prevén las declaraciones de emergencia y desastre agropecuario, ya que en muchos tambos todavía no se pudo recuperar el ritmo de ordeñe previo a las lluvias.
Lo mismo necesitan muchos productores agrícolas, sobre todo chicos y medianos, que hasta el otoño no van a poder cosechar los granos gruesos que comenzaron a sembrar al principio de la primavera y en estas últimas semanas.
En esta región de Córdoba, unas de las más complicadas por las inundaciones, la buena noticia es que tanto desde el gobierno nacional como desde el provincial se anunción que a mediados de diciembre se licitarían obras claves, como la readecuación del canal San Antonio, para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia hacia la cuenca del río Carcaraña. Los funcionarios les dijeron a los productores que proyectan comenzar estos trabajos en marzo.
La Bolsa de Cereales cordobesa hizo un balance de las pérdidas por las inundaciones. En primer lugar estimó que el anegamiento de más de 500.000 hectáreas de soja, que estaban a punto de ser trilladas, generó un perjuicio económico de más de 11.000 millones de pesos, una cifra que equivale a un 4% del producto bruto geográfico.
Los especialistas de la Bolsa cordobesa aseguraron que las lluvias en muchas zonas duplicaron el promedio histórico y complicaron la cosecha gruesa: la producción de soja se posicionó en casi 15 millones de toneladas con mermas por humedad de 397.900 toneladas.
Los valores de humedad en los “porotos” treparon hasta un 80%, es decir 10 puntos por encima del nivel registrado en la campaña anterior, un escenario que generó pérdidas por humedad y una disminución en la calidad de los granos obtenidos.
Los departamentos cordobeses más afectados por los excesos hídricos fueron Marcos Juárez, San Justo, Unión, Río Cuarto, Roque Sáenz Peña, Río Segundo y General Roca.
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