El funcionamiento del Siglea se analizó en la reunión del Consejo Federal de Lechería que se hizo en Villa María.
En 20 días de instrumentado, en el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea) -que reemplaza el sistema de pago por calidad- ya se inscribieron 8500 tambos, el 80% del total país. La expectativa es, a fin de mes, alcanzar el 90 por ciento.
El tema fue uno de los analizados por el Consejo Federal de Lechería que se reunió en Villa María con la presencia de Alejandro Sammartino, subsecretario de Lechería de la Nación y representantes de las provincias.
"Todos los integrantes asumimos el compromiso en una agenda más frecuente, de reuniones cada 60 días para avanzar en aspectos claves como la fiscalización; el trabajo en innovación y calidad y la asistencia a pequeños productores", dijo Sammartino a La Nación.
Explicó que en Buenos Aires y Córdoba ya están avanzadas las formaciones de los grupos de Cambio Rural Lechero, la herramienta con la que se apuntalará a los productores más pequeños. "Para ellos no alcanza con generar las condiciones necesarias como es el financiamiento y el acceso a esquemas de calidad, hace falta más apoyo", dijo.
Sergio Busso, ministro de Agricultura de Córdoba, indicó a este medio la importancia de que el Consejo llegue al interior y la decisión de una tarea "intensa" en la que las provincias colaborarán con datos para la información integrada que "permitirá una mejor fiscalización".
Apuntó que para "transparentar la cadena, tener información es vital. Todo indica que en los próximos meses la actividad estará mejor y podremos concentrarnos en aspectos que hagan una lechería sustentable más allá de la coyuntura".
Controles
Sammartino insistió en que hay colaboración entre la Nación y las provincias para las tareas de fiscalización de la actividad que, se estima, tiene un nivel de informalidad del 30%. El Siglea obliga a todo el sistema a que facture bajo un mismo formato: "El que no está en el sistema está fuera de la ley; con el esquema de pago por calidad no era así", expresó.
El relevamiento en marcha permite ubicar las plantas procesadoras ya que hay muchas que no estaban anotadas. "Es una herramienta que pretendemos que permanezca", agregó.
En el Consejo se avanzó en el esquema de colaboración entre jurisdicciones. La Nación pasa a las provincias datos de Senasa y Afip que ayudan a mejorar los controles.
"El espíritu es inclusivo -agregó Sammartino-. No apuntamos a hacer que cierren, sino a que normalicen la actividad. Por supuesto, no hay margen para los problemas de sanidad, en ese caso no pueden seguir".
Con el Siglea el productor tambero tiene la información de cómo paga cada industria láctea en base a parámetros establecidos para una "leche de referencia".
El tema fue uno de los analizados por el Consejo Federal de Lechería que se reunió en Villa María con la presencia de Alejandro Sammartino, subsecretario de Lechería de la Nación y representantes de las provincias.
"Todos los integrantes asumimos el compromiso en una agenda más frecuente, de reuniones cada 60 días para avanzar en aspectos claves como la fiscalización; el trabajo en innovación y calidad y la asistencia a pequeños productores", dijo Sammartino a La Nación.
Explicó que en Buenos Aires y Córdoba ya están avanzadas las formaciones de los grupos de Cambio Rural Lechero, la herramienta con la que se apuntalará a los productores más pequeños. "Para ellos no alcanza con generar las condiciones necesarias como es el financiamiento y el acceso a esquemas de calidad, hace falta más apoyo", dijo.
Sergio Busso, ministro de Agricultura de Córdoba, indicó a este medio la importancia de que el Consejo llegue al interior y la decisión de una tarea "intensa" en la que las provincias colaborarán con datos para la información integrada que "permitirá una mejor fiscalización".
Apuntó que para "transparentar la cadena, tener información es vital. Todo indica que en los próximos meses la actividad estará mejor y podremos concentrarnos en aspectos que hagan una lechería sustentable más allá de la coyuntura".
Controles
Sammartino insistió en que hay colaboración entre la Nación y las provincias para las tareas de fiscalización de la actividad que, se estima, tiene un nivel de informalidad del 30%. El Siglea obliga a todo el sistema a que facture bajo un mismo formato: "El que no está en el sistema está fuera de la ley; con el esquema de pago por calidad no era así", expresó.
El relevamiento en marcha permite ubicar las plantas procesadoras ya que hay muchas que no estaban anotadas. "Es una herramienta que pretendemos que permanezca", agregó.
En el Consejo se avanzó en el esquema de colaboración entre jurisdicciones. La Nación pasa a las provincias datos de Senasa y Afip que ayudan a mejorar los controles.
"El espíritu es inclusivo -agregó Sammartino-. No apuntamos a hacer que cierren, sino a que normalicen la actividad. Por supuesto, no hay margen para los problemas de sanidad, en ese caso no pueden seguir".
Con el Siglea el productor tambero tiene la información de cómo paga cada industria láctea en base a parámetros establecidos para una "leche de referencia".
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