Echegaray negó uso de ley antiterrorista para que sojeros vendan cosecha
Echegaray negó uso de ley antiterrorista para que sojeros vendan cosecha.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, negó hoy que el Gobierno evalúe aplicar la Ley Antiterrorista para obligar a los productores sojeros a vender toda la cosecha para que ingresen dólares a la economía.
“Esas versiones no tienen ningún fundamento. Para un eventual caso hay otras herramientas legales vigentes, como lo es la ley penal tributaria”, afirmó Echegaray en conferencia de prensa en la sede del organismo recaudador.
La posibilidad de que se aplique la ley antiterrorista a los productores agrícolas y exportadores para que liquiden las ventas de soja al exterior generó hoy polémica en la Argentina y fue rechazada por los dirigentes rurales.
Algunos medios informaron hoy que el gobierno estudia aplicar la ley antiterrorista promulgada a fines de 2011 para obligar a los productores agrícolas a vender soja para que ingresen dólares al país.
Esto sería posible si se interpretan las manipulaciones de mercado como actos terroristas.
Las ventas del complejo agroindustrial bajaron en febrero principalmente por las menores exportaciones de trigo y derivados de soja -el principal producto argentino de exportación que deja un 35 por ciento de su precio a las arcas del Tesoro en concepto de derechos de exportación-.
Las ventas del complejo agroindustrial bajaron en febrero principalmente por las menores exportaciones de trigo y derivados de soja -el principal producto argentino de exportación que deja un 35 por ciento de su precio a las arcas del Tesoro en concepto de derechos de exportación-.
Las autoridades fiscales estiman que los exportadores estarían reteniendo ventas de porotos de soja y sus derivados de la campaña anterior por cerca de 4.600 millones de dólares.
Para la campaña de este año se espera una cosecha de unos 48 millones de toneladas de soja. Esta cosecha podría generar exportaciones por unos 25.600 millones de dólares que dejarían al fisco unos 8.960 millones de dólares en concepto de derechos de exportación (retenciones), según estimaciones del Estudio Bein citadas por “El Cronista”.
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