La pregunta que los dirigentes de la Mesa de Enlace no parecen hacerse por estos días es ¿a quien beneficia y a quien perjudica la ruptura? Una respuesta a este interrogante haría reflexionar a quienes prefieren seguir tensando la cuerda con acusaciones cada vez más subidas de tono en vez de sentarse a dialogar.
El principal beneficiario de la eventual ruptura es el Gobierno. Para el kirchnerismo no hay nada más satisfactorio que ver dividido y disperso a quien cree que es uno de sus principales enemigos políticos.
En cambio, los principales perjudicados son los productores, que no tendrán una instancia política que los represente ante la sociedad y que funcione como dique de contención a la tentación permanente que tiene el ala más extrema del oficialismo de utilizar al campo sólo como caja para llenar los recursos fiscales y no como sector económico y social que le permita al país dar el salto al desarrollo.
También se perjudican las propias entidades rurales. Con las discusiones públicas y las sospechas individuales, pierden la posibilidad de consolidar los canales de representación que surgieron con el conflicto por la resolución 125. Su capacidad de incidencia en las políticas públicas decrece a medida que la fractura queda más expuesta. El Congreso es fiel reflejo de esa situación. Está por terminar el año parlamentario y no hubo avances sustantivos en ninguno de los temas que había despertado expectativas la presencia de los agrodiputados en las bancas: retenciones a las exportaciones o la reforma de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).
Después del conflicto de 2008 el ruralismo empezó a jugar en "las ligas mayores". La responsabilidad para los dirigentes es mayor que antes de esa disputa porque no es sólo "el sector" el que los mira sino toda la sociedad urbana. Porque quienes hoy se pelean deberían recordar que sin el apoyo de la ciudad, el campo no le podría haber puesto un freno a la resolución 125. El mensaje que la Mesa de Enlace le transmitió a la sociedad fue que, a pesar de las diferencias que tenían las entidades que la componían, era posible actuar de manera conjunta. Ese capital político que amasó el ruralismo durante el conflicto se está evaporando, aunque los dirigentes minimicen las diferencias.
Mientras tanto, en las decisiones fundamentales, el Gobierno sigue actuando igual que antes del conflicto por la 125 y de la creación del Ministerio de Agricultura. Es el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el que tiene la última palabra en la política sobre el mercado de granos. Esta semana, el Gobierno decidió liberar ROE verde de maíz para embarques a partir del 1» de marzo por cinco millones de toneladas. El Ministerio de Agricultura venía haciendo un trabajo subterráneo para dar una señal de apertura más contundente. Por la mejora del mercado, del clima y del incremento del área sembrada de maíz, dejaba trascender cifras optimistas sobre estimación de cosecha. Hasta se llegó hablar de una cosecha de 26 millones de toneladas Sin embargo, Moreno terció en favor de quienes prefieren seguir con los mercados regulados y sólo autorizó la apertura de cinco millones de toneladas, pese a que Agricultura tenía una estimación de saldo exportable por 18 millones de toneladas. Si el Gobierno libera las ventas de maíz a mayor velocidad, la distorsión que actualmente persiste en el mercado, estimada en unos 20 dólares por tonelada, podría corregirse.
En cambio, para el trigo comenzó la cuenta regresiva. Por quinto año consecutivo se mantiene la intervención oficial en el mercado, que favorece particularmente a la industria molinera. Coninagro reclamó la "liberación sin restricciones, sin cupos o cuotas que impongan condicionamientos a las exportaciones". La entidad recuerda que "la industria se ha convertido en el único demandante en una plaza por demás abastecida razón por la cual, los molinos harineros limitan sus compras y provocan la caída de precios en el mercado interno".
Los cooperativistas advierten que el sistema de comercialización vigente en los últimos años "probó ser el responsable del quebranto de miles de productores que, por implementación de esas políticas, transfirieron su rentabilidad a los otros eslabones de la cadena".
Los números son claros: con una cosecha que llegaría los 12,7 millones de toneladas, más un remanente un millón y medio de toneladas de la campaña pasada, no hay razón para pensar que el mercado interno corre riesgo de quedar desabastecido o que tenga que pagar valores que perjudiquen a los consumidores. Si el pan cuesta caro, no es por el trigo, precisamente.
Cualquier alquimia que se intente con el cereal está destinada al fracaso. Se vio el año pasado con las famosas listas de productores entrerrianos y bonaerenses. Estas metodologías deberían ser motivo de reflexión para quienes impulsan la segmentación de retenciones como principal política para, supuestamente, beneficiar a los pequeños productores.
Si el Gobierno cree que se podrá llegar fácilmente a los cien millones de toneladas en 2011 debería estar un poco más atento a la evolución del tiempo. Ahora sí, "la Niña" se está portando como se preveía al comienzo de la campaña. Las siembras de soja y de maíz están prácticamente paralizada en las principales zonas agrícolas. Los suelos no tienen humedad suficiente y se avecinan días con temperaturas elevadas. En el corto plazo, los pronósticos no hablan de lluvias que dejen un buen caudal. Festejar antes de tiempo no es conveniente.
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