Para el gobierno nacional la Patagonia es más importante que la región pampeana

siguen los súper subsidios petroleros

Contrastes inocultables.

En las últimas semanas el precio internacional del petróleo crudo comenzó a recuperarse para superar los 45 u$s/barril. Pero –a pesar de eso– el gobierno argentino sigue subsidiando al sector energético.

El precio pagado a las petroleras por cada barril refinado en el mercado interno es de 67,5 u$s/barril para el crudo proveniente de la cuenca Neuquina y de 54,9 u$s/barril para el chubutense; este último –de calidad regular– además recibe 7,5 u$s/barril al exportarse.

El dato es que, con el valor actual del petróleo en el mercado internacional, la paridad de importación de un crudo similar al neuquino no supera los 55 u$s/barril.

“La cadena de valor del petróleo y sus derivados muestra un esquema de precios superiores a los de paridad; este nuevo paradigma, que comenzó en diciembre de 2014, se ha profundizado hasta el presente”, indicó un informe elaborado por el estudio Montanat & Asociados.

“Ello se sustenta en un acuerdo entre los gobiernos provinciales, el Estado nacional, los productores (de crudo) y refinadores, cuyo objeto es mantener el nivel de actividad y el ingreso por regalías de las provincias petroleras”, añadió.

Ese esquema se completa con otros beneficios tales como los aumentos escalonados de los precios de los combustibles, precios sostén que Cammesa paga por el fuel oil (80,07 u$s/barril) y el gasoil (695 u$s/metro cúbico) destinado a generación eléctrica, la licuación del precio oficial de los biocombustibles destinados al corte interno y la eximición al biodiesel destinado al mercado interno de la alícuota del 19% correspondiente al Impuesto a los Combustibles Líquidos (diferencia que, lejos de ser trasladada al consumir, fue capturada por las refinadoras).

Las provincias de la zona pampeana argentina, lejos de contar con beneficios similares orientados a “mantener el nivel de actividad”, siguen siendo objeto de políticas extractivas de recursos por parte del gobierno nacional al mantener un derecho de exportación del 30% sobre el poroto de soja y del 27% sobre la harina y el aceite de soja.

Ese esquema extractivo se completa con otras medidas tales como el encanutamiento de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica –variable que debería estar en los primeros lugares de la agenda pública a causa del reciente desastre climático ocurrido en el sector norte de la región pampeana– y el mantenimiento de una elevada presión tributaria en la cadena láctea en una fase en la cual se están destruyendo fuentes de trabajo por cierre progresivo de tambos.