El levantamiento por parte del Gobierno de la restricción a la importación temporaria de soja (que tenga como destino final el procesamiento industrial) traerá más beneficios que inconvenientes, según un análisis efectuado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La principal ventaja será que permitirá reducir la elevada capacidad ociosa de la industria aceitera […]
El levantamiento por parte del Gobierno de la restricción a la importación temporaria de soja (que tenga como destino final el procesamiento industrial) traerá más beneficios que inconvenientes, según un análisis efectuado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La principal ventaja será que permitirá reducir la elevada capacidad ociosa de la industria aceitera del Up River utilizando granos procedentes de países limítrofes, principalmente de Paraguay.
“Nuestro complejo oleaginoso opera habitualmente con un nivel de utilización real de su capacidad de producción que fluctúa -según los años- entre el 55% y el 70%”, reconoció el trabajo elaborado por Julio Calzada y Guillermo Rossi. Es por eso que señalan que la importación temporaria tiene dos ventajas. Por un lado, la producción paraguaya ingresa al circuito comercial con más de un mes de anticipación que la cosecha argentina, por lo que la oferta se expande principalmente en el momento de menor disponibilidad local. “Además, por cuestiones esencialmente ambientales, el contenido de proteína de la soja de Paraguay -y también del sur de Brasil- es superior al promedio de nuestro país, resultando en subproductos de mejor calidad, precio más elevado y posibilidades de alcanzar un mayor espectro de mercados de consumo. El resultado es una ampliación del saldo favorable de divisas, más actividad y empleo en la cadena a lo largo del año y recursos fiscales para el Estado”, subraya.
Sin embargo, reconoce que uno de los temores que se abre con esta medida es que la oferta doméstica pueda sufrir una mayor competencia con el ingreso de producción extranjera, lo que podría deprimir los precios y restar rentabilidad al cultivo. Esta preocupación se sustenta en el hecho de que -por la vigencia de los derechos de exportación- los productores argentinos sufren descuentos del 30% en los valores que reciben de los compradores. Los productores paraguayos o bolivianos, por caso, recibirán el “precio lleno” cuando su soja se destine a procesamiento industrial en la Argentina. “Si bien es un argumento atendible, creemos que no corresponde justificar la inconveniencia de la medida por la vigencia de otra (las retenciones) que se encuentra en un plan gradual de disminución de acuerdo con lo planteado por las autoridades”, diferenció.
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