El Senasa aseguró que tomó medidas ante la posibilidad de que una empresa estuviera vendiendo harina animal. Y que hay estudios en marcha. Un productor había denunciado el hecho hace ocho meses
A raíz de una denuncia que realizó hace ocho meses un productor chaqueño luego de que encontrara varios de sus terneros muertos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario (Senasa) investiga irregularidades con el objetivo de descartar que fábricas de alimento vendan harina para ganado con restos de animales, producto que está prohibido en la Argentina.
La razón apunta a evitar el ingreso al país de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), comúnmente llamada “Mal de la Vaca loca”.
La alarma la encendió Juan Horacio Capózzolo, quien tiene un establecimiento en Chaco. Encontró en una bolsa de sales minerales una pezuña momificada. El producto fue elaborado por Lomas del Sol SRL, una firma creada en 2007, que produce en Rosario fórmulas para suplementar todo tipo de ganado.
“El Servicio aprecia la responsable actitud de un productor chaqueño que, denunció en la Oficina del Organismo en Resistencia, Chaco, el hallazgo de una pezuña en una bolsa de suplemento alimenticio para vacunos, que motivó la puesta en marcha de los protocolos de trabajo destinados a averiguar presuntas irregularidades y establecer los pasos a seguir en defensa de la salud pública y para salvaguardar el estatus sanitario del país. En tal sentido, profesionales del Organismo se dirigieron a la unidad productiva del denunciante en donde se tomaron muestras del alimento de los corrales y del suplemento y las enviaron, precintadas, para su análisis al Laboratorio del Senasa ubicado en la localidad bonaerense de Martínez”, señaló Senasa en un comunicado.
El organismo señaló que desde “la recepción de la denuncia se inicio una exhaustiva investigación dentro del marco de la Ley de Procedimientos Administrativos (19.549) sus decretos reglamentarios y la Resolución Senasa 38/12, que aprueba su Manual de Procedimientos de Infracciones, que tiene por finalidad constituir una garantía de los derechos de los particulares y asegurar de modo eficaz el interés general, mediante la adopción de decisiones que incluyó, inspecciones a los lugares de elaboración, medidas inmediatas de protección sanitaria, entre ellas, interdicciones y suspensión de elaboración del producto”.
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