La SRA presentó su agenda: bajar y eliminar impuestos

Por enésima vez la entidad presenta como “propuestas” aumentar los beneficios vaciando de recursos al Estado, al que le exige infraestructuras faraónicas.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó lo que dio en llamar “La Agenda del Campo” donde presenta un programa de gobierno a quien le toque para “desarrollar todo el potencial del campo argentino”. 

 

Las propuestas se basan esencialmente en dos puntos: eliminar impuestos o en el mejor de los casos reducirlos drásticamente. Paralelamente, la entidad que preside Luis Miguel Etchevehere, exige inversiones públicas faraónicas para la agenda de cinco años que va desde la construcción de autopistas que “unan todo con todo” hasta redes ferroviarias y fluviales. 

 

En el repaso de cada producción, la entidad pone como primera propuesta en cada caso la eliminar los derechos de exportación. Salvo en los lácteos porque ya fueron eliminados en 2009 y en las exportaciones aviares, porque el documento ignora olímpicamente esa producción, salvo cuando se menciona a la cadena de maíz.

 

Un dato curioso del trabajo es que en el capítulo de producción porcina, se reconocen las cifras espectaculares de esta actividad. Fundamentalmente por la fuerte inversión del sector, situación que contrasta con la “ausencia” o escasez de inversión que remarca la entidad en las demás actividades por la desconfianza en el gobierno.

 

Impositivamente se exige la eliminación de las retenciones, del impuesto al cheque, reducción del IVA unificando las cadenas de comercialización (para evitar saldos a favor), reducción de tasas, inmobiliario rural, ajuste por inflación, “ajustes” en el impuesto a las ganancias y bienes personales, eliminación de ganancia mínima presunta, entre otros.

 

También exige la liberación total del comercio exterior, derogar el Renatea para que sean las entidades y el sindicato único de la Uatre los que controlen el registro del empleo. Otro de los puntos que demanda la entidad es el ajuste fiscal para achicar el gasto público.

 

Lo curioso es que la entidad no se compromete a nada, solamente establece la hipótesis de que si se practican estas medidas la “confianza” derivará en “inversión”, una falacia que ha sido recurrente en la política económica argentina, e incluso en la agropecuaria. 

 

Tampoco establece cuál sería el costo fiscal para el Estado (para el país) si se aplicara el sistema que propone. Mucho menos cuál sería el costo social ni el nivel del poder adquisitivo del mercado interno, más allá de la potencialidad reiterada con fórmulas como “se podrían” generar puestos de trabajo, etc.

 

“Nada de esto se podrá conseguir si no se consolida la calidad institucional necesaria para estimular las inversiones”, sentenció Etchevehere. Justamente él que acaba de impulsar una especie de “golpe” institucional en el IPCVA para la FAA no pueda asumir la presidencia, creando un “interinato” absurdo.