¿El campo es víctima de su propia lógica?

Pagará un costo adicional de $2.300 millones por no invertir en la producción de biocombustible que autoabastezca al sector.

El campo argentino podría ser víctima de su propia lógica conservadora que desde la dirigencia privilegia la comercialización de materias primas sin agregado de valor por lo que paga un alto costo de oportunidad.

El ruralista de CRA Néstor Roulet asegura que el sector deberá desembolsar 2.335 millones de pesos adicionales en la presente campaña como efecto en el aumento del precio del gasoil. Más del 70% del gasto adicional lo consumirá el cultivo de soja entre laboreo de siembra, pulverización, fertilización, cosecha, acondicionamiento y transporte del grano.

Es llamativo que un dirigente sectorial que fue candidato a vicegobernador de Córdoba en 2011 por la UCR y a diputado nacional por el Pro en 2013 –y que por ende tiene una visión política y social de los temas- se quede únicamente en un dato económico para remarcar la victimización del sector que honestamente cree defender.

Lo que no se termina de entender desde la lógica es que el mismo sector que produce la materia prima para fabricar energía renovable, no puede organizarse, no ya para neutralizar el costo adicional mencionado, sino para bajar los ya existentes que apareja una mayor rentabilidad. Que la mala noticia al sector la brinde además un líder ruralista es no darse cuenta del propio fracaso como dirigente.

No hay duda de que el cordobés busca lo mejor para sus representados, pero el mecanismo de denuncia por mayores costos o menores precios recibidos, es la lógica de toda la dirigencia agropecuaria históricamente, independientemente de cualquier gobierno. Roulet, aquí, es un disparador, un simple ejemplo.

Producir su propia energía no solamente favorecería al mayor consumidor de gasoil del país como es el campo, sino también al resto de la sociedad al aumentar la oferta de combustible fósil para los consumidores no agropecuarios, hecho que -según las reglas de la economía clásica a la que adhiere toda la dirigencia ruralista- mantendría los precios estables o directamente los reduciría.

Hay antecedentes concretos de intendentes que sembraron soja en tierras fiscales de sus municipios para producir biocombustible y abastecer de biodiésel al reducido parque automotor oficial de sus comunas y hasta patrulleros de la bonaerense.

El caso del gasoil no es aislado. La misma dificultad histórica tiene la dirigencia para estimular entre sus representados el salto en la cadena de valor y establecer molinos harineros o plantas de faena vacuna o usinas lácteas, ya para consumo interno como para exportación.

Avanzar en esa cadena le permitiría no solo tener precios testigo de lo que efectivamente puede pagar la industria de alimentos, sino también aumentar la ganancia, crear mayores empleos y aportar al efecto multiplicador de la economía.

Las excepciones, que existen, se dan generalmente en los emprendimientos cooperativos y asociativos, algunos con acceso a créditos de programas públicos con líneas de financiamiento subsidiadas por el Estado: hay dinero disponible y a bajo costo. 

Avanzar en esa línea de producción con agregado de valor le hubiera permitido al sector una ganancia múltiple: bajarían costos, venderían productos más elaborados de mejor precio y pagarían menos derechos de exportación si vendieran al mundo.