La historia secreta detrás de la millonaria deuda de las cerealeras con la Afip

Este sábado vence el plazo que el titular de la Afip Ricardo Echegaray le había dado a las exportadoras para que le paguen una deuda de U$S600 millones por una maniobra que hicieron entre el 2007 y 2008 para evadir retenciones. En ese entonces, el gobierno había anunciado un aumento en los derechos de exportación pero evitó cerrar el registro de exportadores, lo que les permitió ahorrarse sumas descomunales en impuestos.

El titular de la Afip Ricardo Echegaray fijó como fecha límite al 20 de octubre para que las cerealeras le paguen una deuda de U$S600 millones por exportaciones mal liquidadas entre el 2007 y el 2008. En ese entonces, antes del estallido del conflicto con el campo, ante el rumor de un aumento de retenciones de la soja del 27 al 35 por ciento- que finalmente se concretó-, los operadores salieron masivamente a declarar ventas de mercadería aún sin haberlas comprado. Así, en poco tiempo se anotaron más de 18 millones de toneladas. Con esta maniobra, las exportadoras ahorraron cientos de millones de dólares en impuestos.

Originalmente, el reclamo era por unos U$S1.700 millones. Pero a cuatro años de la denuncia y a casi dos de la conformación de una comisión bicameral que investigó el tema y que al final no llegó a ningún lado, hasta el momento el gobierno no ha podido recaudar de esa parte no más que U$S300 millones. En mayo se estimaba que de las 53 empresas imputadas sólo 20 habían hecho algún tipo de resarcimiento. La primera de ellas fue Alfred Topfer que le pagó a la Afip US$33,6 millones. El resto inició medidas judiciales por una medida que consideran inconstitucional.

LPO intentó comunicarse con voceros de la Afip para consultarlos sobre el tema pero no obtuvo respuesta alguna. Mientras tanto, en el ministerio de Agricultura se desligaron y señalaron que la jurisdicción correspondía a la entidad conducida por Echegaray.

Argumentos

“El gobierno tendría que haber cerrado los registros de ventas al exterior, como cada vez que se sanciona un aumento de retenciones, lo que hicieron las cerealeras era completamente legal”, comentó a LPO una fuente del sector. “El error no fue de las cerealeras sino del secretario de Agricultura” de ese momento, agregó.

Estrictamente, las empresas estaban habilitadas a declarar exportaciones y concretarlas tiempo después, porque las Declaración Jurada de Venta al Exterior tenían una vigencia de 365 días, un plazo que luego fue reducido a 45 días para evitar que se repita este tipo de jugadas.

Otra fuente mencionó que el problema actual era el parate que actualmente había en los puertos, y que “todo lo demás es cuestión política que esperamos se pueda encaminar”. Mientras tanto, desde la cámara que nuclear el sector, la Ciara, aclararon que “no iban a hacer declaraciones” al respecto.

El argumento del gobierno surge a partir de una ley propuesta por el ex diputado del Partido Demócrata Progresista Rafael Martínes Raymundo que obligaba a las empresas a acreditar la tenencia de la mercadería antes de la suba de las retenciones. Esa iniciativa tuvo algunos retoques en el Congreso y luego, en pleno conflicto por las retenciones móviles, la presidenta Cristina Kirchner ordenó que se especificara por cuántas toneladas había que pagar la diferencia de retenciones. Los exportadores empezaron a cuestionar la norma por inconstitucional al reclamarse algo retroactivo y concurrieron a la Justicia.

La ley en cuestión es la 23.651, sancionada en noviembre de 2007 y promulgada en mayo de 2008. La misma penaliza la maniobra de las empresas que no puedan probar la tenencia de los granos al momento de hacer las declaraciones juradas.

Denuncia

Desde Proyecto Sur, sin embargo, habían denunciado la connivencia del gobierno con las grandes exportadoras. En el documento que había redactado el partido de Pino Solanas se subrayaba que “No fue obra de la naturaleza lo que en Octubre del 2007 combinó la filtración pública del primer aumento de las retenciones a la soja (del 27,5% al 35% en Noviembre) con el ¨no cierre¨ del registro de exportadores”. Es que esa fuerza acusaba al gobierno por su connivencia con esas grandes empresas, que les permitió evadir sumas multimillonarias en parte a costa de los productores.

“No fue anecdótica la intervención del Senador Urquía (oficialista y dueño de Aceitera General Deheza, una de las principales beneficiarias del negociado) distorsionando los alcances de la ley que desde diputados se había elaborado para evitar el negociado. Tampoco resultó menor la decisión oficial de demorar cuatro meses la reglamentación de lo que quedó de la ley y que permitió la consumación efectiva del negociado”, habían criticado desde ese partido.

Una guerra millonaria

El cálculo que hacían entre otros Claudio Lozano era el siguiente “entre el 11 de noviembre del 2007 y el 31 de mayo del 2008, Argentina exportó soja por u$s 9.660 millones. En ese período, las cerealeras le cobraron a los productores las retenciones vigentes (entre 35 y 49%, de acuerdo al momento) y sin embargo, le pagaron al Estado retenciones del 24,45% promedio (equivalente a u$s 2.361 millones). Es decir, se quedaron con una diferencia de u$s 1.169 millones”, detallaron.

El mecanismo de apropiación fue por dos vías: cobrándoles las retenciones a los productores y declarando exportaciones por montos que en ese momento no tenían.

La necesidad del gobierno por billetes verdes es tal que en los puertos se ha desatado una guerra. La movida de Echegaray generó la paralización total del mercado de granos por parte de las multinacionales a modo de protesta contra la avanzada que la AFIP está emprendiendo contra el sector exportador. La avanzada oficial responde más que nada a un intento por parte del kirchnerismo por enviar a las empresas un mensaje político de poder sobre ellas.

Por eso el titular del organismo redujo la cantidad de día de las concesiones portuarias, la suspensión como acopiadores del Registro Fiscal de Operadores de Granos, el sistema de control de cargas conocido como Draft Survey, y la última de todas es el registro de estupefacientes una vez iniciado o finalizado el proceso de cargas, cuando antes se hacía en forma previa.

La estimación de los costos que están generando estos nuevos controles rondarían los 50 mil dólares diarios por barco.