La Cámara puede frenar el 7D y tiene en vilo al Gobierno

Clarín pidió en reserva una extensión de la cautelar que había suspendido el proceso de desinversión de las licencias. En la Casa Rosada temen un fallo inminente en su contra.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones tiene en su poder la posibilidad de frenar de forma inminente el famoso 7D, el día en que, supone el Gobierno, el Grupo Clarín tiene que deshacerse de parte de sus empresas por la Ley de Medios. La amenaza tiene en vilo al Gobierno y explica por qué los jueces de la sala se transformaron en una obsesión para la Casa Rosada.

El multimedios solicitó en octubre, en sigilo, una ampliación de la medida cautelar que lo protege de la desinversión. Como el juez la rechazó, la decisión quedó en manos de los tres integrantes de la Sala I: Francisco de las Carreras, Martín Diego Farrel y María Susana Najurieta.

Tanto la Casa Rosada como el Grupo Clarín lo mantuvieron en secreto. La empresa, porque sostiene que lo que le interesa es que se resuelva la cuestión de fondo (si es constitucional la desinversión). La maniobra para volver a frenar la ley contradice el argumento anterior. El Gobierno, porque ganó tiempo para denunciar a los camaristas y condicionarlos a la hora de fallar.

A Farrel lo recusó por haber intervenido previamente en el expediente. A Carreras lo acusó de haber viajado a Miami con todos los gastos pagos por el Grupo Clarín. “Tenemos los pasajes, el hotel donde se alojó. Tenemos todo. Son una mafia. Si estos camaristas fallan a favor de extender la cautelar es un escándalo”, argumentó un alto funcionario en diálogo con este diario. Sin embargo, desde el Grupo Clarín negaron todo. “Es una truchada total”, explicó uno de sus voceros (ver página 4).

Por si fallan las recusaciones, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó avanzar con la legislación del Per sáltum, un recurso que les permitiría, en un escenario desfavorable, acudir a la Corte Suprema salteando instancias para que se tome una decisión definitiva sobre la ley.

En el Gobierno contaron a PERFIL que De las Carreras intentó, aun estando recusado, sacar la cautelar ayer y que presionado por la Cámara desistió. Creen, en el oficialismo, que el magistrado le dará el martes la cautelar que pidió Clarín.

Si eso pasa, el kirchnerismo recurrirá al Per sáltum. “Están dadas las condiciones para usar el Per sáltum porque el propio Grupo dice que en este tema hay gravedad institucional”, explicó una fuente del Gobierno a PERFIL. Los senadores lo tratarán en el recinto la semana que viene y se convertiría en ley en la segunda quincena de noviembre.

Paralelamente, el kirchnerismo también presionó a los consejeros que intervienen en la designación de jueces del Fuero Civil y Comercial, donde tramita la causa Clarín. Los citó para que den explicaciones sobre por qué no se habían nombrado jueces por sorteo y por qué no figuraban las actas de designación. La Cámara finalmente nombró a un subrogante fijo, Horacio Alfonso. Paralelamente, el Gobierno denunció que el juez Ricardo Recondo fue socio de uno de los abogados del Grupo Clarín, Jorge Anzorreguy, en una empresa agropecuaria. Con esos elementos, sostienen en Balcarce 50, esperan poder destituir a Recondo y a Farrel. La amenaza de la extensión de la cautelar pende sobre la Casa Rosada.

En secreto. El pedido de ampliación de la cautelar fue hecho por Clarín ante el juez Raúl Tettamanti. Se trata del mismo magistrado que había sido fuertemente expuesto por el Gobierno como un magistrado “amigo” del Grupo. Mientras los funcionarios decían esto y cuestionaban el proceso de subrogancias, Tettamanti optó por rechazar la ampliación de la cautelar. Por eso, el caso fue de nuevo a la Cámara. “El per saltum se puede usar si hay una ampliación de la cautelar”, le dijo a Página/12 el senador Miguel Pichetto esta semana. Hasta ese momento, nadie sabía a qué se refería. Estaba hablando de la decisión que tiene en sus manos la Cámara. De todos modos, está en la Corte decidir si acepta o no el caso. Los optimistas de la Casa Rosada sostienen que si la Corte falla sobre la cuestión de fondo tienen todas las de ganar. “El fallo de la Corte es claro: no se afectan derechos adquiridos, se trata de una cuestión patrimonial”, explicó un secretario de Estado a este diario. Clarín, mientras tanto, sostiene que la medida es inconstitucional, pero trata de conseguir tiempo para negociar con el gobierno que venga después de Cristina Fernández. Los plazos judiciales, sin embargo, le juegan contrarreloj. La Corte dictaminó que la cautelar no podía ir más allá del 7 de diciembre. Por eso, la empresa de los Noble Herrera pidió una ampliación. Si no obtiene resultados favorables, el Ejecutivo encontrará lo que busca: actuar de oficio para adecuar al Grupo a la Ley de Medios. De todos modos, Clarín puede, ante un resultado desfavorable, proponer un plan de adecuación y, sea como sea, se trata de un proceso que no se puede ejecutar de un día para el otro. La desinversión indica que las licencias que le sobran a Clarín deberán ser relicitadas. Nada parece indicar que el 7 de diciembre sea, efectivamente, un día decisivo.