En el tablero de la arena política, la jugada del poder apunta a
terminar la partida doblegando adversarios. “El campo” sigue siendo un
escollo en la imposición del relato oficial.
En una maratónica movida legislativa, el Gobierno hizo sancionar
un paquete de medidas, algunas de las cuales involucran al campo de
manera directa.
La limitación a la compra de campos por parte de extranjeros era un punto de partida interesante para plantear los problemas de fondo relacionados a la soberanía alimenticia y la sustentabilidad de los esquemas productivos, temas que quedaron pendientes para más adelante. El debate necesario sobre la profundización del modelo sojero y la desaparición del cultivo de trigo fue postergado por las urgencias recaudatorias.
Además, por abrumadora mayoría, el Senado transformó en ley el proyecto que incorpora las modificaciones en el estatuto del peón rural. La misma reemplaza el Registro Nacional de Trabajadores rurales y empleadores (RENATRE) por otro denominado Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), el que pasa de manos de la UATRE al Gobierno nacional, descentralizando la acción gremial por actividad. Si bien la iniciativa prevé mejoras, tales como incorporar al peón rural dentro de la ley de contrato de trabajo; crear un nuevo régimen previsional que reduce la edad jubilatoria, reconocer remuneraciones mínimas, fijar períodos y lugares de pago, y establecer una jornada laboral de ocho horas; plantea una jugada de fondo que pone en jaque al sindicato de los chacareros y a todas las mejoras por éste conseguidas.
“El proyecto desguaza el gremio”, anunció “Momo” Venegas. Llevó tres años consensuar un proyecto de ley para modificar la 22.248 (ley todavía vigente de la dictadura) que mejorara la calidad de las condiciones de trabajo rural. Sin embargo, aquí tampoco hubo debate. “Es un represalia, no permiten expresarse a los demás, ejercen la mayoría sin debate, hacen siete u ocho organizaciones regionales, por lo que en vez de discutir con un gremio, deberán hacerlo con varios, un gremio se constituye con trabajadores que tengan relación de dependencia”, agregó el referente sindical de los chacareros. Vale recordar que semanas atrás el mismo Gobierno les negó el 10,7 de aumento previamente acordado con la patronal.
Por último, la sanción de la norma que -so pretexto de evitar el terrorismo- lo termina ejerciendo de la peor manera: desde el poder. La imagen de la Gendarmería Nacional irrumpiendo en las oficinas de Cablevisión es un mensaje claro y contundente. Una mordaza proactiva, feroz y efectiva. ¿Quién se atreverá ahora a levantar la voz o a opinar distinto, sin ser acusado de terrorista?.
La limitación a la compra de campos por parte de extranjeros era un punto de partida interesante para plantear los problemas de fondo relacionados a la soberanía alimenticia y la sustentabilidad de los esquemas productivos, temas que quedaron pendientes para más adelante. El debate necesario sobre la profundización del modelo sojero y la desaparición del cultivo de trigo fue postergado por las urgencias recaudatorias.
Además, por abrumadora mayoría, el Senado transformó en ley el proyecto que incorpora las modificaciones en el estatuto del peón rural. La misma reemplaza el Registro Nacional de Trabajadores rurales y empleadores (RENATRE) por otro denominado Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), el que pasa de manos de la UATRE al Gobierno nacional, descentralizando la acción gremial por actividad. Si bien la iniciativa prevé mejoras, tales como incorporar al peón rural dentro de la ley de contrato de trabajo; crear un nuevo régimen previsional que reduce la edad jubilatoria, reconocer remuneraciones mínimas, fijar períodos y lugares de pago, y establecer una jornada laboral de ocho horas; plantea una jugada de fondo que pone en jaque al sindicato de los chacareros y a todas las mejoras por éste conseguidas.
“El proyecto desguaza el gremio”, anunció “Momo” Venegas. Llevó tres años consensuar un proyecto de ley para modificar la 22.248 (ley todavía vigente de la dictadura) que mejorara la calidad de las condiciones de trabajo rural. Sin embargo, aquí tampoco hubo debate. “Es un represalia, no permiten expresarse a los demás, ejercen la mayoría sin debate, hacen siete u ocho organizaciones regionales, por lo que en vez de discutir con un gremio, deberán hacerlo con varios, un gremio se constituye con trabajadores que tengan relación de dependencia”, agregó el referente sindical de los chacareros. Vale recordar que semanas atrás el mismo Gobierno les negó el 10,7 de aumento previamente acordado con la patronal.
Por último, la sanción de la norma que -so pretexto de evitar el terrorismo- lo termina ejerciendo de la peor manera: desde el poder. La imagen de la Gendarmería Nacional irrumpiendo en las oficinas de Cablevisión es un mensaje claro y contundente. Una mordaza proactiva, feroz y efectiva. ¿Quién se atreverá ahora a levantar la voz o a opinar distinto, sin ser acusado de terrorista?.
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