Sin dejar de
reconocer que el régimen de Trabajo Agrario
puede ser reformado, introduciendo mejoras,
teniendo en cuenta las particularidades propias
del sector agropecuario, no dejamos de
señalar con preocupación
inexactitudes que, maliciosamente, en los
últimos días se
manifestaron.
Los diputados
oficialistas, tratan de confundir, una vez
más a la opinión pública,
manifestando que mediante la implementación
de la nueva ley de Trabajo Agrario,
avanzarán en conquistas sociales para los
trabajadores rurales.
Mediante
Resoluciones de la CNTA, y desde hace muchos
años, los trabajadores rurales gozan de los
derechos laborales que cualquier trabajador
tiene asegurado.
Valen como
ejemplo las resoluciones de la Comisión
Nacional de Trabajo
Agrario
sobre: salario mínimo por encima del
salario mínimo vital y móvil,
bonificación por antigüedad, jornada
laboral de ocho horas, francos semanales,
vacaciones anuales, horas extras, condiciones de
habitabilidad e higiene en la vivienda, ropa y
elementos de trabajo, jubilación, obra
social, seguro de sepelio, jubilación por
invalidez, trabajo nocturno, etc.
Es por ello, que el
Trabajo Rural no se encuentra precarizado, gracias
a la labor llevada a cabo desde la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario, por las entidades
firmantes, los trabajadores rurales, y el Estado
Nacional representado por el Ministerio de
Trabajo, de Economía y Agricultura.
Manifestamos
nuestro desacuerdo con el proyecto del Poder
Ejecutivo, que haciendo caso omiso de los tratados
Internacionales, en una actitud unilateral,
inconsulta y a espaldas del campo rompe el
tripartismo y el dialogo social, y además
ataca y borra la representatividad de las
Entidades Agropecuarias como así
también la del gremio de los Trabajadores
Rurales.
Además el
proyecto suma contradicciones tales como la
creación de las Bolsas de Trabajo estatales
y obligatorias que colisionarán con las
bolsas de trabajo existentes, modifica el
régimen de solidaridad laboral de quienes
contraten con terceros sumando aun más
confusión e innumerables conflictos en el
sector.
Por otra parte el
proyecto agrega a último momento, con
claros fines políticos y de
apropiación de recursos, los dos
artículos finales que disuelven el Renatre,
reemplazándolo por un organismo estatal,
que tiene las mismas funciones iguales
atribuciones e idénticas
características, pero con la gravedad que
cambia la administración del cuerpo,
apartando de las misma a Productores y
Trabajadores para ponerla en manos del Poder
Ejecutivo.
De esta manera se
busca destruir un organismo, que es un excelente
ejemplo de tripartismo en la gestión de los
derechos laborales y de la seguridad social,
que es tomado como ejemplo por los organismos
internacionales, y que además a
través de casi diez años de
gestión ha logrado abonar el doble en
cuanto al monto de la Prestación por
Desempleo de los Trabajadores Rurales con respecto
a la prestación que en el mismo concepto
abona el Anses. Renatre brinda a estos
trabajadores desempleados la pertinente
cobertura de salud cubriendo las prestaciones
médico asistenciales previstas en el plan
médico obligatorio (Art. 9 ley 23.660)
habiendo otorgado desde su inicio hasta el 30 de
septiembre de 2011 sesenta y dos mil seiscientos
cuarenta y un prestaciones por un total de pesos $
206.265.760 (doscientos seis millones, doscientos
sesenta y cinco mil setecientos sesenta) habiendo
registrado a la misma fecha 821.110 (ochocientos
veintiún mil ciento diez)
trabajadores.
Es por eso que
exhortamos a los legisladores a un sereno
debate para la elaboración de un
Régimen de Trabajo Agrario, consensuado en
su conjunto, que respete los derechos
fundamentales de aquellos que producen la riqueza
de la Nación a los trabajadores y
productores agropecuarios. Los exhortamos
también a no innovar respecto al Renatre,
que junto con el Estado juegan un rol substancial
en la promoción del trabajo decente y de
diálogo social respetando las normas de la
Organización Internacional del
Trabajo.
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