La admisión, por parte de los socios de JBS, de la creación de un esquema multimillonario de coimas para sostener la expansión del grupo, impone a comercios y redes de “fast food” la obligación de demostrar cómo esas empresas encaran sus propios códigos de ética y conducta.
Los socios de JBS pueden alegar que el proveedor de alimentos violó los términos de los contratos de compra de productos que tratan sobre la “idoneidad moral” e interrumpir los acuerdos temporalmente. Pero la discusión dentro de las redes de comercialización aún avanza despacio y choca con la dependencia comercial.
Es el caso, por ejemplo, del acuerdo del Grupo Pan de Azúcar con JBS, que define normas éticas a seguir. En una nota, el grupo GPA informó que está trabajando para “desentrañar los acontecimientos y que seguirá las cláusulas definidas por el contrato establecido con el proveedor, respetando las determinaciones legales de las autoridades”. La empresa no detalla el contenido de las cláusulas. Valor constató que el acuerdo menciona la necesidad de rectitud moral de la marca, bajo riesgo de suspensión del contrato.
BFFC, la dueña de Bob’s, afirmó en una nota que evalúa las medidas apropiadas para el caso y que exige que sus proveedores “mantengan el más estricto respeto al código de conducta” de empresa. El grupo informó que llevará el asunto para ser discutido por las entidades representativas del sector.
En este momento, la mayoría de las compañías hablan de “acompañar” la evolución del caso -además de GPA, Walmart y Carrefour. McDonald’s (representado en Brasil por Arcos Dorados), que tiene un acuerdo comercial con JBS que giraría en torno a los u$s 350 millones al año, prefirió no manifestarse sobre el asunto, al igual que el Burger King. Todas las empresas oídas, con excepción de Bob’s, tienen controladores o socios de grupos con capital abierto en el país o en el exterior y se clasifican dentro de algún nivel de gobierno corporativo, que exige que se definen normas de conducta empresarial que involucran a funcionarios y proveedores.
Los códigos de la mayoría de esas compañías dejan explícito que consideran inaceptable -y, en ciertos casos, esto no es negociable- mantener acuerdos comerciales con fabricantes que no respetan leyes y que practican actos como extorsión o soborno. Los códigos, sin embargo, no detallan la penalización a ser aplicada. “Pero cuando la compañía informa que no acepta corrupción o no acepta que los proveedores violen los valores de la empresa, está claro que si eso sucede, tendrá que cortarlos”, dice Alexandre Queiroz, ex director de PwC y coordinador de Ibmec / MG.
Para Daniel Tonon, profesor del MBA en management, las compañías pueden entender que los crímenes fueron practicados por alguno de los socios, y no por la proveedora, separando las responsabilidades. La justicia no condenó a la empresa controladora de la compañía, a pesar de la admisión pública de “errores” por Joesley Batista. Para Tonon, el comercio no puede ser entendido como un “villano” en este caso.
JBS no es sólo la dueña de la más importante marca de carne del país, Friboi, produce también otras con fuerte presencia en el comercio minorista, como Vigor y Doriana. En total, son 32 marcas. Están en la lista Seara, Massa Ligera, Swift y Bigfrango. El holding J&F, de los hermanos Batista, es dueña también de Flora, con 17 marcas de limpieza doméstica e higiene personal como Minuano, Francis, Albany y Neutrox, pero en esos mercados hay más competidores.
En portafolios de ese peso, la cancelación de la compra traería un fuerte impacto en las ventas, en parte por la dificultad en sustituir algunas marcas. “En la práctica, cuando eso sucede, la red va a ver si compensa el golpe comercial y el costo de interrumpir el acuerdo”, dijo un director de una red supermercadista.
“En el caso de JBS, habría riesgo de desabastecimiento principalmente en carnes, porque no tenemos marcas sustitutivas inmediatamente”.
“Pueden, si quieren, interrumpir las ventas, pero es un trabajo gigantesco, tal vez la ganancia pueda ser de imagen frente al público si el rechazo a esas marcas sube”, agregó el ejecutivo.
En McDonald’s y Burger King, más del 50% de la carne de hamburguesa procede de JBS, según fuentes del mercado. Este año, JBS se convirtió en la mayor proveedora de esa carne para McDonald’s, desbancando a BRF, dueña de Sadia.
Valor determinó que McDonald’s no estudia cancelar el contrato con JBS. A diferencia de los comercios minoristas, en las redes de comida rápida la marca de la carne no queda expuesta en las tiendas, lo que reduce el riesgo de tener la imagen afectada por el caso.
“Para el comercio minorista, es pronto hacer cualquier cosa, porque en parte, esas decisiones consideran la reacción de competidores y de la población, que puede tener una posición más dura de las tiendas, pero hasta ahora no hemos visto eso”, dice un consultor.
Walmart informó que la “integridad es uno de los valores fundamentales” del grupo. En relación a JBS, dijo que “está siguiendo el caso atentamente”. Carrefour afirmó que “no tolera ninguna práctica ilícita y tiene como principio fundamental el combate a la corrupción”.
Observa que todos los niveles de la empresa y sus socios “deben comprometerse a cumplir estrictamente la legislación vigente”. Y sobre la JBS, a pesar de que la empresa ya ha admitido el “error”, dijo que “aguarda el desenlace del caso”.
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