Conversaciones legislativas: en búsqueda del interlocutor del medioambiente

Barbechando organizó una entrevista entre Gilberto Alegre, productor agropecuario y presidente de la comisión de Agricultura de Diputados y Juan Carlos Villalonga, referente del ambientalismo y vicepresidente de la comisión de Ambiente. ¿Es posible el diálogo entre ambos sectores? Identificados los intermediarios, se allana el camino.

Una mañana lluviosa en Diego Gaynor fue el escenario para la inauguración del ciclo de “Conversaciones legislativas”, un espacio para el diálogo entre legisladores, en base a distintas temáticas vinculadas al sector agroindustrial, que lanzó la Fundación Barbechando. Políticas para el sector, medioambiente, semillas, humedales y comunicación fueron algunos de los disparadores.

Alvaro Tomas, moderador del encuentro y miembro de la Fundación, comenzó por el criterio de sostenibilidad. Para Gilberto Alegre (UNA-Buenos Aires), “el agro es uno de los ámbitos donde es más factible desarrollar políticas de Estado, porque no es difícil coincidir respecto de lo que se quiere para la producción del país. El sector agroindustrial ha evolucionado mucho, algo que sin dudas viene determinado por el acierto y el error, pero son los propios productores los que entienden la necesidad de conciliar su actividad con el cuidado del ambiente”. En la misma línea, Juan Carlos Villalonga (PRO-CABA) aseguró que “la idea de constituirnos en la góndola del mundo es un buen concepto; habla de la aspiración de generar una oferta de calidad respecto de la demanda global. La cuestión es cómo hacer de él una actividad sostenible que genere riqueza”.

Luego los legisladores abordaron un dilema de estos tiempos: cómo aumentar la producción sin tener impacto en el cambio climático y el medio ambiente. Hubo coincidencias conceptuales entre los legisladores, pero las herramientas de control no eran las mismas. Gilberto Alegre consideró que “no podemos tener una legislación que confíe en el Estado como guardián, porque necesita controles y estos deben ser ejercidos por la propia ciudadanía; si no logramos que las entidades vinculadas a los distintos sectores de la producción se involucren, entonces estamos dejando el tema en manos de sectores que solo persiguen un beneficio económico”.

Mientras que Villalonga desafió a que “el sector debe autoimponerse determinados límites que tienen que ver con el suelo, con la carga química, con el cuidado de ecosistemas frágiles, con el ordenamiento del territorio; es allí donde nos están haciendo falta políticas públicas. Y es el Estado quien debe establecer las reglas de juego, porque el productor va a responder a un estímulo representado por los precios”.

A propósito, las diferencias entre lo que el productor dice y lo que los ambientalistas entienden fue tema de debate que derivó en la falta de un interlocutor por parte del ambientalismo y el ex Greenpeace reconoció que “el ambientalismo encierra hoy el problema de identificar a sus interlocutores”, ya que la existencia de varios de ellos “dificulta el diálogo”. Pero reconoció que “se está produciendo un recambio generacional muy positivo, porque se necesita una mirada que esté fundamentada en la sostenibilidad y que sea de algún modo maximalista, para que la discusión tenga todos los matices que se necesitan”.

Desde su rol activo como militante del medioambiente, Villalonga aseguró que él intenta que “estas organizaciones no sean vistas como una amenaza, sino como un marco que hace a la generación de reglas de juego comunes”. Y remató: “No es cuestión de si los ambientalistas quieren proteger los bosques; tenemos que entender que esa es una tarea común a todos y es un pecado que el sector se tiene que sacar de encima. Del mismo modo en que enfatizo mi compromiso con el campo, quisiera ver un interés por parte del sector productivo en los bosques, porque también son de ellos; de lo contrario nos estamos pegando un tiro en el pie con el crecimiento de la temperatura global”.

Desde la vereda de la producción, Alegre demostró que los productores pueden ser responsables con una ley de uso racional del suelos, donde el “Estado debe tomar conciencia de toda la problemática; hasta ahora, prevaleció un criterio utilitarista que planteaba: sembremos soja, cobremos retenciones, sin importar que con ello se dejaría de sembrar gramíneas”

Pero también puso otro tema sobre la mesa: “hay que distinguir al productor que trabaja por cuenta propia del que arrienda campo; creo que el mayor problema se da en este último caso, porque no hay cuidado del ambiente, sino que prima el criterio exclusivo de la rentabilidad. En nuestro país, pese a que se produjo un avance importante en materia de cuidado del ambiente, persiste una brecha que, sin dudas, debe generar una legislación sobre uso racional del suelo y aplicación de agroquímicos. Hay varias cuestiones pendientes. El principal debate que se tiene que dar debe comenzar por la educación”.

Ya introducidos en la dinámica legislativa, Álvaro Tomas preguntó por la media sanción de la Ley de humedales. Po su parte, Alegre, a cargo de una de las comisiones que será competente en el estudio del proyecto dijo: “Es necesario encontrar un equilibrio, que vamos a intentar buscar consultando a especialistas del INTA, que son quienes más conocimiento tienen de estos temas, porque si nos atenemos a una definición muy estricta, dejamos afuera muchas zonas productivas. Tenemos que ser muy cuidadosos, respetando los sistemas de humedales, pero también teniendo presente que una cosa son los terrenos inundados de manera permanente, y otra, el caso de los de la Cuenca del Salado, por ejemplo, que se inundan de manera transitoria y tienen conexión directa con la producción agropecuaria”.

En cambio, Villalonga fue categórico: “No me gusta el proyecto que salió del Senado. Mi visión es que este proyecto tiene que aplicarse con un criterio similar al de la Ley de Bosques, que redujo notablemente la conflictividad en lo que respecta al tema”. Pero se diferenció del concepto de su par, al considerar que “una definición generosa del tema tratado por la ley no implica una restricción de lo productivo, sino que exige que el Estado asuma la responsabilidad de que esas áreas –que tienen ciertas dinámicas hídricas– sean debidamente inventariadas y estudiada”.

Para cerrar, los legisladores respondieron sobre la suerte que puede tener la Ley de semillas. El titular de la comisión de agricultura aseguró que “el negocio de las semillas para la Argentina es de unos 1000 millones de dólares anuales, que se va a concretar con o sin empresas nacionales. Lo más apropiado sería promover el desarrollo nacional permitiendo que las empresas puedan cobrar regalías para que reinviertan en la actividad. Por eso creo que es una ley que debería salir rápidamente”.

En cambio, desde el oficialismo, Villalonga rescató que el proyecto oficial considera las excepciones en cuanto al uso propio y concluyó que “uno de los principales beneficiarios de esta ley es el INTA, porque va a estar cobrando por años y años de trabajo e investigación”.

Fuente: Fundaciòn Barbechando.-