El consumo interno de biodiesel desde hace tiempo está amesetado por una razón política.
En este sentido, los influyentes adversarios de este biocombustible soslayan los problemas que en materia de emisiones de gases contaminantes están vinculados a la combustión de combustibles minerales como, así también, los problemas que a la salud humana, trae consigo el uso de combustible diesel convencional.
Sin embargo, para algunos de ellos, conviene hacer un esfuerzo mayor generando energía eléctrica de fuente renovable –eólica, solar, etc.-, antes que aumentar la participación de biocombustibles en el transporte, como si las referidas externalidades negativas en la salud pública fueran compensables entre sí.
YPF tiene una posición dominante en el mercado interno de combustibles y de metanol, la que debe ser analizada profundamente por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
El problema se agrava al tratarse de una sociedad anónima que opera en el ámbito privado y que, en la práctica, muchas veces opera como si fuera una sociedad del Estado. Justamente es YPF la que sostiene que el uso de biocombustibles en el mercado interno la lleva a otorgar un fuerte subsidio interno al complejo agrícola – agroindustrial, postura por cierto muy discutible.
Por otra parte, una parte importante del parque generador de energía eléctrica que en el país utiliza gasoil mineral, está en condiciones técnicas de cumplir con el mandato de B10. Incluso, hay muchos motores que pueden utilizar cortes mayores, e incluso, biodiesel puro –B100-.
Se suman a todos estos problemas, los de índole logísticos existentes en una parte de las redes de comercialización de combustibles en Argentina. Debido a ellos, la calidad de los combustibles se afecta más cuanto mayor porcentaje de combustibles biológicos contengan los mismos. Sin embargo, esto es soslayado por los adversarios.
Se plantean también problemas de índole fiscal. Hay que destacar que cuando la salud y el medio ambiente están en juego, no se puede anteponer estos problemas como si fueran insalvables, más aún cuando se presentan mediciones parciales, de tipo estático, funcionales al sesgado ataque a los biocombustibles.
Así, se construye una poderosa línea de pensamiento y de acción que afecta a las decisiones del poder político y consecuentemente, al desarrollo del biodiesel en Argentina.
Ante la eventualidad de una posible, injusta y pronta sanción de tipo proteccionista de EE.UU. contra el biodiesel argentino, es muy probable que la capacidad ociosa que a corto plazo se producirá en la industria argentina de biodiesel, sea muy importante. Debemos entonces salir de esta trampa en forma urgente y proceder a un rápido desarrollo.
Resulta muy relevante el trabajo que viene realizando la Secretaría de Agregado de Valor, a través de la Subsecretaría de Bioindustrias del Ministerio de Agroindustria de la Nación, para promover un mayor uso de biodiesel en el segmento agrícola del mercado interno, a través de la implementación de un programa de canje de soja por biodiesel, y/o a través de la figura del “autoconsumo”, enmarcado todo esto en la previa eliminación de la marginalidad que también se está registrando.
Otra iniciativa tendiente a aumentar la demanda interna de biodiesel, es la que trabaja la Dirección de Biocombustibles del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y que está vinculada al uso de B20 en ómnibus y transporte automotor de carga.
Para que ambos programas sean exitosos, hay que reformular la normativa impositiva vigente en el país para el biodiesel, como así también, la figura del autoconsumo prevista en el artículo 16 del DR 109/07.
Dado que aquellos mayores consumos, de generarse, serán voluntarios, resulta fundamental que a corto plazo se aumente el mandato de uso de biodiesel en el mercado interno al 12% y a mediano plazo y en forma selectiva para algunos segmentos de consumo, al 20 %.
Esta inflexión es técnica y económicamente posible, por lo que debe abrirse una mesa de diálogo entre todas las partes involucradas, para asegurar una implementación sustentable y lograr, así, que el poder político entienda las ventajas ambientales, en materia de salud y en términos de agregado local de valor, empleo y sustitución de importaciones que genera el biodiesel argentino.
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