Gesto de Buryaile: llamó al productor intimado por Monsanto

Habló con Marcos Rodrigué, a quien la empresa le quiso cobrar compulsivamente; le anticipó una nueva ley de semillas.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, tuvo un gesto en medio de la disputa entre Monsanto y la dirigencia del agro por el cobro de un canon de la nueva soja de la empresa, Intacta, resistente a insectos. Buryaile tomó su teléfono y llamó al productor Marcos Rodrigué, que hace diez días amenazó a Monsanto con plantearle un amparo judicial si le retenía en el puerto US$ 15 por tonelada de soja en concepto de canon.

El llamado a Rodrigué ocurrió ayer cerca del mediodía y, según pudo reconstruir LA NACION, entre otros temas, el funcionario le dejó entrever que está de acuerdo con el reclamo de los productores. Mediante un acuerdo con exportadores, la multinacional instrumentó un sistema de control para detectar la presencia de sus productos transgénicos (eventos, en la jerga) con un test en acopios y puertos. De esa forma, pretende lograr el cobro del canon en caso de que el productor no lo haya pagado antes. Los productores firman una cláusula en los contratos de granos aceptando el test. La dirigencia del agro denuncia que la compañía procura realizar así una retención compulsiva. En tanto, Monsanto replica que su modelo es opcional y que el productor puede seguir usando la tecnología anterior (resistente a glifosato), que no paga canon.

“Está de acuerdo con el reclamo de los productores y también con el ingreso de las tecnologías”, afirmó Rodrigué sobre las palabras de Buryaile. Rodrigué, uno de los productores más importantes del país, pagó dos campañas un canon en la compra de la bolsa de semilla y esta campaña iba a negociar con Monsanto, pero no ocurrió. Al final, la empresa le mandó facturas para cobrar en el puerto.

El ministro también le señaló que hace falta una ley de semillas que contemple todos los temas en debate, entre otros, las regalías y el uso propio (semilla que se guarda el productor para volver a sembrar). La ley vigente es de 1973, cuando la soja apenas se sembraba en 376.700 hectáreas y no existía la biotecnología, que hoy permite hacer cultivos resistentes. En ese momento tampoco se reguló el uso propio.

En rigor, el funcionario le anticipó a Rodrigué que su cartera está trabajando en una ley para la campaña 2016/2017 que abarque todos esos aspectos. Más allá del gesto de Buryaile, en el Ministerio de Agroindustria siguen sin resolver el conflicto, pese a que ya comenzó la cosecha de soja.

Esta semana, Rodrigué tendrá un encuentro con ejecutivos de Monsanto para hablar sobre su caso. Por ahora la firma no le efectivizó la retención. Por su parte, Buryaile invitó al productor a un encuentro en su oficina que probablemente se concrete la próxima semana. Allí hablarían, además del tema semillas, aspectos vinculados con la función de Rodrigué como intendente de Inriville (Córdoba).

Mientras sigue la disputa, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, indicó que la entidad dará a conocer un modelo de escrito para que los productores puedan reclamar que Monsanto no les retenga en el puerto o, si ya les facturó y cobró, exigir la devolución judicial del importe. “Monsanto no puede ser juez y parte, poner una cláusula y controlar ellos mismos si está la tecnología. Eso debe ser función del Gobierno”, expresó Chiesa, que le envió dos cartas documento a la compañía para que muestre las patentes de la tecnología, pero no obtuvo respuesta.

Para descomprimir la pelea, la semana pasada la empresa informó que quienes están cosechando podrán sumarse a su sistema y pagar, en lugar de US$ 15 por tonelada en puerto, US$ 9,60.
Marcos Rodrigué.

Productor

Monsanto le envió facturas para cobrar por una tecnología en soja. El productor se opone a una retención compulsiva y amenaza con ir a la Justicia