Crecen las versiones de una remake de Kicillof del fracasado plan de estabilización alfonsinista
El Plan Primavera fue el último intento del gobierno de Raúl Alfonsin para estabilizar la economía, después del naufragio del Plan Austral, inaugurado en 1985 con el lanzamiento de una nueva moneda.
Tras un breve período de crecimiento económico y contención de la inflación, que duró hasta mediados de 1986, el entonces ministro de Economía Juan Vital Sourrouille anunció en agosto de 1988-tras la derrota en los comicios legislativos de 1987- la puesta en marcha de este plan de salvataje, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo control mediante dos mecanismos: acuerdos de precios y un nuevo régimen cambiario con un dólar desdoblado.
En ese sentido, durante los últimos días volvieron a surgir rumores de la aplicación de un “Plan Primavera” por parte del ministro de Economía Axel Kicillof, lo que vuelve a poner sobre el tapete la necesidad de encontrar las similitudes y diferencias entre los dos contextos.
Desde ya que hay algunos rasgos de la situación actual que lo hacen comparable a la de los años alfonsinistas: déficit fiscal creciente financiado cada vez más con mayor emisión, que el Banco Central debe “secar” por otra ventanilla colocando letras para evitar que la inflación se desboque todavía más.
En aquel entonces también había falta de dólares y la suba de precios marcaba la agenda de los diarios. Además, el país también se encontraba en default y tenía casi cerrado el acceso a los mercados internacionales para tomar deuda.
Como Alfonsín en ese año, Cristina viene de perder las últimas elecciones en los principales distritos del país, pero a diferencia del fallecido ex presidente, el kirchnerismo logró mantener la mayoría en ambas Cámaras, lo que le permite asegurarse la aprobación de sus proyectos.
Los puntos principales
El plan lanzado por Sorrouille consistía en un desdoblamiento del mercado cambiario, que fue la manera que encontró Alfonsin de subir los derechos de exportación-fijados en un 5%- sin tener que pasar por el Congreso, dominado por la oposición tras la derrota en las elecciones de 1987.
Los exportadores estaban obligados a vender sus divisas al tipo de cambio oficial mientras que el libre, para importar, era un 20% más alto.
Esas eran las pocas alternativas con las que contaba el gobierno para hacerse de los dólares necesarios para cumplir los compromisos de la deuda externa, reestructurada en 1987; a la vez que servía para apuntalar al sector financiero seriamente golpeado por la fuga de capitales.
Esta medida fue acompañada con acuerdos con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio, no para congelar precios sino para “desindexarlos” y tratar de quitarle parte del componente “inercial” a la inflación.
A cambio, los empresarios recibieron una baja del IVA del 18 al 15 por ciento y podían desgravarlo en la importación de maquinaria, lo que posteriormente golpeó en la recaudación y agudizó todavía más el agujero de las cuentas públicas.
Para estabilizar los precios, se convalidaron los aumentos a julio congelando los valores al 2 de agosto y se autorizaron alzas de 1,5% en la segunda quincena de agosto y 3,5% en septiembre. Se aplicó un tarifazo en los servicios públicos de 30% y un congelamiento. Se mantuvieron las paritarias sin topes (los públicos subieron 25%) y se cancelaron aportes del Tesoro para obras públicas.
Para combatir el déficit del BCRA, se reagruparon los depósitos indisponibles y demás encajes remunerados, y hubo promesas de reducción de redescuentos al Banco Hipotecario Nacional.
La política comercial consistió en reducir retenciones a las exportaciones de 500 productos, la eliminación de 3.000 posiciones para importar sin consulta previa. Se mantuvieron los reembolsos y los programas especiales de exportación.
El mercado cambiario se desdobló, pasando las exportaciones sin reembolsos (principalmente productos primarios y sus manufacturas) a liquidarse por el mercado comercial, mientras que las que tenían reembolsos (industriales) pasaban 50% por el comercialy 50% por el financiero. Las importaciones pasaban a liquidarse por el tipo de cambio financiero, un 20% más caro. La devaluación nominal fue de 11,4% (12 australes por dólar) y 22,5% para las exportaciones y 33,6% en el caso de las importaciones. En ese marco, el BCRA comenzó a licitar dólares en el financiero.
Las medidas tuvieron cierto éxito inicial, ya que en diciembre la inflación se mantuvo en un dígito. No obstante, el déficit cuasi fiscal seguía creciendo a raíz de la emisión monetaria necesaria para financiar el gasto público, que era luego absorbida por el BCRA mediante la colocación compulsiva de bonos y encajes a los bancos para retirar el dinero de circulación.
Esta dinámica generó un verdadero festival de estos papeles, con los nombres más variados: Tidol, Denor, Tacam, Ticof, Bagon, Ledo, Leda, Lefa y Barra.
Similitudes y diferencias
Uno de los puntos en común entre el contexto actual con el del fin del alfonsinismo es el insostenible déficit de las cuentas públicas que, al no poder cubrirse con crédito externo, termina financiándose con emisión monetaria del Banco Central.
En los años 80 la principal causa del déficit era el agujero operativo de las empresas públicas. De ahí que el ministro de Obras Públicas Rodolfo Terragno impulsara la privatización total de los servicios para sacarle ese lastre al gobierno. La propuesta no pudo aplicarse por la oposición del peronismo, que la terminó sancionando un tiempo después, con la llegada de Carlos Menem al sillón de Rivadavia.
Por el contrario, el déficit actual crece principalmete por los subsidios destinados a los servicios públicos que mantienen las tarifas planchadas de gas, agua, electricidad y transporte. Basta observar los montos cada vez mayores que reciben empresas como Cammesa.
Sin embargo, no caben dudas de que el contexto externo es mucho más favorable para Cristina que para Alfonsín, que arrancó su gobierno con el precio de las materias primas en niveles históricamente bajos y vio cómo durante su mandato se derrumbaron un 40% los precios de los productos argentinos de exportación.
Por otro lado, el nivel de reservas comparado a la cantidad de importaciones que pueden comprarse es el más bajo desde el Rodrigazo. Según un informe de la consultora DNI, el nivel de reservas es menor a la suma de 5 meses de importaciones, peor que en otros en períodos críticos anteriores en la historia reciente: en 2002 las reservas representaban lo necesario para pagar casi 14 meses de importaciones; en 2001, para 19 meses; en 1999, para 14 meses; en 1989, para 9 meses; y en 1985, para casi 19 meses.
Sólo en el año del Rodrigazo (1975) el ratio de reservas/importaciones fue peor que el actual. De todas formas, la caída que vienen registrando las compras externas como consecuencia de la devaluación, la recesión y las trabas comerciales podrían llevar esa proporción a un nivel menos alarmante.
Otro punto en común es que la Argentina había entrado en moratoria de su deuda externa en abril de 1988 ante la incapacidad de cumplir con los pagos. El default del último 30 de julio surgió a raíz de la disputa judicial con los fondos buitre y todavía tiene un final incierto.
Por otro lado, si bien la inflación mensual interanual viene dando casi un 40% de acuerdo a los cálculos de la mayoría de las consultoras, no está en los niveles que alcanzó en los ochenta. De hecho, el lanzamiento del plan Primavera fue la respuesta a una escalada inflacionaria que entre enero y julio de 1988 había llegado nada menos que al 178%, para terminar desembocando en una hiperinflación.
En ese entonces, los organismos financieros internacionales presionaban por ajustes, un factor que hoy ni siquiera está en la agenda del gobierno.
La debilidad del Plan Primavera se puso de manifiesto cuando el Banco Mundial suspendió la ayuda a la Argentina, lo que marcó su fin. A partir de ahí, se desató una corrida cambiaria y el Banco Central debió sacrificar U$S900 millones de sus reservas, lo que llevó al gobierno a crear un mercado de cambios múltiples, con una devaluación del 40% y brecha cambiaria del 70%.
El Plan Primavera no terminó bien
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