miércoles, 26 de marzo de 2014

EUROPA: División sobre el etiquetado de alimentos procesados de carne


Los países europeos no se ponen de acuerdo sobre la obligatoriedad de etiquetado de origen en los procesados cárnicos, un asunto que se debate desde el escándalo “de la carne de caballo”.
Los países de la Unión Europea se mostraron ayer divididos sobre la idea de hacer obligatorio el etiquetado de origen de la carne en los alimentos procesados, un asunto que se debatió en el Consejo de ministros europeos de Agricultura.
Mientras Francia, Holanda o Finlandia abogaron por incluir esa información con carácter obligatorio, España y otras muchas delegaciones pidieron que se analice si la medida es proporcionada al objetivo de mejorar la transparencia.

¿Aumento de precios?

El principal problema que implica ese cambio de etiquetado, planteado por primera vez tras el escándalo de la carne de caballo etiquetada como de vacuno, es el coste que implicará para los productores y el aumento de los precios para los consumidores.
El comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg, explicó que, según los cálculos del Ejecutivo comunitario, obligar a etiquetar el origen preciso de la carne aumentará entre un 10 % y un 15 % el coste de la producción.
Borg explicó que el informe elaborado por la CE sobre el asunto analiza tres posibles escenarios: mantener la indicación sobre el origen la carne como algo facultativo; indicar con carácter obligatorio si el producto procede de dentro o fuera de la UE y establecer el país exacto de origen.
La primera opción es la más económica, mientras que la segunda y sobre todo la tercera, encarecerían progresivamente los precios del producto.

Un caso de fraude

El comisario subrayó además que el escándalo de la carne de caballo nada tuvo que ver con las normas vigentes de etiquetado, sino con un caso concreto de fraude.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dijo durante su intervención que habrá que analizar “si la medida es proporcionada al objeto perseguido”, e indicó que a España le preocupan las implicaciones para las pymes, para las autoridades de control y para el consumidor.
El ministro griego de Agricultura, Athanasios Tsaftaris, cuyo país preside la UE este semestre, dijo al término del debate que el Consejo seguirá estudiando el tema, sobre la base de un informe de la Comisión Europea y de las posiciones expresadas por los Estados miembros.

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