- La funcionaria Mariana Hill nos explica el marco normativo del vecino país que promueve acciones privadas y estatales para controlar el uso sustentable de los recursos.
La sustentabilidad en la producción agropecuaria es un tema candente en toda la región. Cerca de nuestro país, Uruguay tiene una legislación desde hace 30 años en la materia, aunque hasta ahora no se le había dado un impulso, nos cuenta Mariana Hill, Directora General de Recursos Naturales Renovables (RENARE). Ahora, con las últimas modificaciones que datan del 2008, el Estado impulsó la cuestión y exige a los productores la presentación de un plan de siembra, e impone sanciones de hasta 400 mil dólares por el incumplimiento de la norma.
“A partir del 2005, empezó a haber una voluntad de cumplimiento de esta ley (la 15.239) y se hicieron ajustes a la misma. Coincidió con un aumento importante de la agricultura. Hace unos años, el área agrícola eran 300 mil hectáreas, ahora estamos en un millón y medio. En el marco de estos cambios lo que se hizo fueron dos grandes cosas: Una, poner como responsables solidarios de la conservación del suelo a los propietarios. Luego, se empezó un proceso de fiscalización de normas técnicas, que tiene que ver con diseño de desagüe, cobertura del suelo, procedimientos que se fiscalizan y sancionan en caso de no cumplimiento; y una tercera etapa son los planes de uso y manejo del suelo”, afirmó.
El Estado obliga al productor a presentarle un plan de siembra, nos cuenta: “Cada agricultor debe presentar al ministerio (de Agricultura), para cada unidad de producción, un plan de uso y manejo de suelo que cumpla con la condición de estimar la erosión y sea tolerable para esa unidad. Se presenta por intermedio de un ingeniero agrónomo, que se compromete a que haya un ejercicio responsable, y el propietario se responsabiliza de que sea cumplido”.
La funcionaria aclara que se trata tan solo de “un plan de rotación”, en el que “puede haber modificaciones”: No es un plan en el que haya que presentar fechas de siembra. Si viene un invierno llovedor y no hago cultivo de invierno, ese tipo de cambios no van a incidir. El foco técnico es la planificación para tener resultado en corto y mediano plazo”.
El sector público se apoya en el privado para el buen cumplimiento de la ley, nos cuenta Hill, ya que es el mismo agrónomo el que garantiza que se realice de manera correcta. El Estado, ante la imposibilidad de hacer un control total, fiscalizan muestras aleatorias de suelo.
“El apoyo de la actividad privada es clave. Llevó una capacitación que para el agrónomo es sencilla y corta”, añadió.
Hill asegura que han trabajado con los productores para la implementación, y observó dos tipos de reacciones diferentes en ellos: “Las empresas que están hacen tiempo, buscan todos los criterios técnicos para seguir en la actividad. Hemos tenido apoyo a nivel general de uruguayos y argentinos, aunque hay formalismos que son los que dificultan los comienzos, como contratos que ya vienen en ejercicio o propietarios que viven en el exterior, pero se van a ir arreglando. Por otro lado, hay un actor más golondrina. Ahí se hace un poco más difícil”.
La fiscalización se da en tres niveles, nos cuenta: “Un nivel que es estar obligado a presentar un plan que no se presente; un segundo nivel, en el que hay un plan presentado pero está mal hecho; y un tercer nivel, cuando presenta un plan que está bien hecho y no lo cumple”. Para el control, cuentan con dos herramientas: un sorteo aleatorio y la revisión a través de imágenes satelitales, algo que aun “está en proceso”.
En caso de incumplir alguno de estos niveles, Hill manifiesta que “El tope máximo (para la sanción) gira en torno a los 400 mil dólares”.
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