La CGT de Caló da un mes al Gobierno para que suba el mínimo de Ganancias

Llevará mañana ese reclamo a Abal Medina y no descarta una reunión con Cristina. Satisfacción en los gremios por el freno de la medida contra las obras sociales.

En la nueva CGT que comanda Antonio Caló admiten sin reservas que la relación con el Gobierno no arrancó de la mejor manera y están decididos a marcarle a la Casa Rosada que su compromiso de apoyo al modelo kirchnerista no supone la aceptación sumisa e inconsulta de medidas que pongan en riesgo sus intereses. Así lo demostraron el viernes cuando después de durísimos cuestionamientos públicos lograron que el Gobierno diera marcha atrás con la polémica resolución 1200, que establecía un nuevo sistema de reintegros que amenazaba desfinanciar a las obras sociales sindicales.
Ahora la presión de Caló y sus aliados se concentrará en el reclamo para que el Ejecutivo disponga antes de fin de año una suba del mínimo no imponible de Ganancias. Con ese propósito, un grupo de dirigentes de la nueva central antimoyanista irá mañana a ver al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. “No se puede seguir esperando, a más tardar en un mes tiene que haber una respuesta por sí o por no”, advirtió a El Cronista un importante referente de la nueva central. Los gremios se autoimpusieron ese plazo de máxima en la apuesta de poder mostrar soluciones concretas a sus principales reclamos (obras sociales y Ganancias) en la reunión de su comité central confederal del 12 de diciembre.
Hasta ahora, los contactos encarados por los gremios para resolver el tema Ganancias no arrojaron resultados positivos. Caló conversó con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, pero no logró ningún avance. En las próximas semanas la entidad completará la ronda de encuentros con otros funcionarios (Abal Medina, Carlos Tomada y Ricardo Echegaray) y no descarta una nueva visita a la presidenta Cristina Fernández.
Si finalmente el resultado de esas conversaciones no cumple sus expectativas, en la conducción de la central obrera plantean un esquema alternativo: la posibilidad de que cada gremio negocie el pago de un suplemento salarial adicional para fin de año, de forma de compensar los descuentos por el tributo y la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación. “Si bien los bonos siempre dependen de la situación de cada actividad, todos los van a pedir porque el tema de Ganancias es preocupante”, justificó otro gremialista.
Mientras se preparan para dar esa pelea, los gremios enrolados en la nueva CGT celebraron como un triunfo propio la suspensión de la resolución 1200 de la Superintendencia de Salud, que ponía en marcha la reforma del sistema de reintegros a las obras sociales por los tratamientos médicos de alta complejidad. Es que las fuertes quejas que realizó la conducción de la central en su primera reunión del miércoles pasado, forzó a la superintendenta, la ultrakirchnerista Liliana Korenfeld, a convocar de urgencia el viernes a los gremialistas para tratar de descomprimir el conflicto. Caló y el resto de los dirigentes que lo acompañaron al encuentro cuestionaron duramente la medida y apuntaron en especial sobre el artículo 8 de la norma, que establece que el pago de los reintegros no será obligatorio y dependerá de “la disponibilidad presupuestaria y razones de oportunidad, mérito y conveniencia”.
Para calmar la furia de los sindicalistas, que reprocharon el nivel de “discrecionalidad” que habilitaba la polémica resolución y denunciaron un supuesto intento de desfinanciar a las obras sociales, la funcionaria dispuso dar marcha atrás con la medida, que en la práctica quedó suspendida en su aplicación hasta el 30 de noviembre. Durante ese plazo, Korenfeld negociará con los gremios los cambios que se instrumentarán sobre el sistema de reintegros. “O frenaba este mamarracho o íbamos a un conflicto seguro. Esperemos que ahora tengan en cuenta nuestra opinión para reformular el sistema”, advirtió otro dirigente, quien responsabilizó directamente al titular del PAMI, Luciano Di Cesare, por la polémica resolución ahora suspendida.
Korenfeld ofreció a los gremios otro gesto para calmar los ánimos. Les anticipó que el organismo comenzará a pagarles en las próximas semanas parte de la deuda de alrededor de $ 1.400 millones que mantiene con las obras sociales por reintegros atrasados correspondientes a la disuelta Administración de Programas Especiales (APE).