REUNIÓN CLAVE EN EL JUZGADO DE LA QUIEBRA. • HOY RECORRERÁN LAS PLANTAS.
La crisis en la avícola Cresta Roja abrió ayer una puerta de solución con la presentación de cinco interesados en la continuidad de la firma. Lo hicieron ante la Justicia que tramita la quiebra de la compañía, que cuenta con dos plantas de procesamiento y unos 3.200 operarios que en las últimas semanas protagonizaron varios cortes en el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza. Las gestiones continuarán hoy con una inspección en los establecimientos.
La negociación de ayer se concentró en el despacho de la jueza en lo Comercial Valeria López Casado, que dispuso la quiebra de la compañía hasta ahora en manos de los hermanos Rasic. Bajo el monitoreo del Ministerio de Trabajo de la Nación, y con presencia de delegados de la firma, ayer se presentaron ante la magistrada cinco posibles oferentes que continuarán hoy con la exposición de sus planes durante una recorrida en las plantas fabriles de La Unión y El Jagüel.
Las propuestas hasta ayer corrieron por cuenta del frigorífico Soychu, de la localidad entrerriana de Gualeguay; de Granja Tres Arroyos, el mayor jugador del mercado avícola en la Argentina; del grupo Noelma, originario de Villa Elisa, Entre Ríos, de Ovoprot, de capitales austríacos y el más grande industrializador de huevos del país, y de otra compañía. Anoche una filial del gremio de la carne no descartaba presentarse junto a la empresa Proteínas del Atlántico con un plan de sociedad participada.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le confirmó a este diario que las propuestas variaron en cuanto a los postulados que le planteó el Gobierno a la jueza: en lo central, el sostén de la mayor parte de los puestos de trabajo y la exhibición de avales económicos para llevar adelante una reactivación de la compañía quebrada.
Entre los trabajadores avisaron que algunas de las iniciativas estaban lejos del ítem de absorción de todos o la mayoría de los operarios. Por caso, explicaron que la propuesta de Tres Arroyos marcaba un sendero de largo plazo para ese propósito mientras que otras aseguraban un reinicio de la normal actividad con el personal en la planta en un período más corto.
Hasta ahora, el personal acordó con el Gobierno nacional el pago de una ayuda económica de $ 6.000 en enero y la entrega de bolsones navideños a cambio de levantar los cortes, luego del desalojo que concretó la Gendarmería la semana pasada.
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