Si había alguna esperanza de que algo cambie en la relación entre el gobierno y el campo, ésta se fue desvaneciendo con la cercanía del fin de año. La designación hace poco más de un mes del ingeniero Carlos Casamiquela al frente del ministerio de Agricultura aumentó las expectativas que su actitud indiferente y otras indefiniciones bajaron de un hondazo.
La desidia de las autoridades nacionales en mercados claves como el trigo es por demás curiosa. Recientemente, el Centro de Exportadores de Cereales expresó su preocupación por la demora oficial en establecer la fecha de los embarques de trigo correspondientes a la campaña actual, aun cuando han comenzado ya a arribar los buques contratados.
No existen más trabas que las que impone el mismo gobierno. Hay casi 2 millones de toneladas de trigo con permiso de exportación aprobados y derechos de exportación ya abonados que no se embarcaron en la campaña anterior y que fueron prorrogados, pero que aún carecen de fecha cierta para ser despachados. Esto implica un alto riesgo para los exportadores, pero lo es más para el país, porque además de las pérdidas por los costos de logística involucrados, la demora incita a Brasil, que es el principal cliente de la Argentina, a abastecerse en otros mercados, lo que limitaría la liquidación de divisas.
El trigo es sólo un caso, pero también hay otros como el de la lechería. De acuerdo a un estudio elaborado por CRA, los productos lácteos registraron subas de hasta un 43%. El análisis estuvo a cargo del área económica de la entidad, que realizó un seguimiento de precios de lácteos de primera marca en comercios minoristas en donde se demostró que el sachet de leche de un litro pasó de costar $7 a $10.
En tanto, otro sondeo hecho por la asociación civil Centro de Educación al Consumidor (CEC) indicó que esa suba osciló entre el 7% y el 20% para el mismo período, y que inclusive algunas leches especiales cuestan $0,35 más que el dólar blue.
Lo importante en ambas elaboraciones es que evidencian un aumento del precio en el consumidor del que el productor no participa, porque no puede trasladar sus costos al producto. No es formador de precios y ni siquiera logra que el ministerio de Agricultura cumpla con su promesa de investigar la cadena de valor para determinar el origen de los incrementos que perjudican a productores y consumidores por igual.
Aún ante este panorama, las entidades quieren llevar propuestas y no protestas. La Comisión de Enlace le solicitó mediante una carta al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que la reciba con carácter de urgencia, ya que el pedido que se le realizó a Casamiquela hace un mes no tuvo respuesta. Esta actitud que afecta al bienestar de todo el país no puede explicarse solamente por el conflicto de 2008 que acentuó la distancia entre ambos actores. Tiene que haber otras razones además del enojo y la tozudez. Pero paradójicamente, la única manera de saber sus causas es a partir del diálogo que el gobierno mantiene vedado.
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