Fondos, los sustitutos del Inmobiliario Rural

Desde 2008, la incidencia de tasas específicas para el agro es mucho mayor que la del impuesto que grava la tierra. La Provincia no perdió plata, pero los municipios sí, porque los fondos no se coparticipan.

Los vientos cruzados del huracán que está generando la pelea entre Córdoba y la Nación por los fondos previsionales reeditaron un clásico de la última década: la presión impositiva sobre el sector agropecuario en la provincia.

¿Qué tienen que ver el déficit de la Caja de Jubilaciones y los 1.040 millones de pesos que no giró la Nación en 2011 con los tributos que pagan los productores rurales? Para algunos, absolutamente nada. Para otros, demasiado.

Entre estos últimos, está el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, quien durante la semana cuestionó, a través de la televisión pública, la política impositiva cordobesa. Después se sumó el jefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina.

 

Ambos indicaron que en la última década cayó la participación relativa de la recaudación por impuestos inmobiliarios, mientras que subió el peso de Ingresos Brutos. Es cierto.

Y concluyeron que eso ocurrió por la decisión de la Provincia de no aumentarle impuestos al agro y beneficiando a los que más tienen.

Pero el fenómeno no encaja tan fácilmente en una simplificación para los tiempos televisivos. Hay un hecho irrefutable: la última intervención del jury de valuaciones rurales fue en 1993.

Por lo tanto, los establecimientos agropecuarios pagaron prácticamente lo mismo hasta 2009, cuando la Provincia hizo debutar al índice de productividad. En ese lapso, todo subió: el valor de la hectárea se fue a las nubes, aumentaron las cosechas (también los costos) y se disparó el precio de los granos.

La decisión política de las administraciones de Unión por Córdoba de enterrar el revalúo de las bases imponibles fue virtual, porque en simultáneo creó fondos específicos, pero que reportan recursos pura y exclusivamente para la caja central, ya que no se coparticipan.

Evolución. Un trabajo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, arriba a dos conclusiones centrales (Ver Infografía: Evolución del aporte tributario del agro). 

Por un lado, que la carga impositiva provincial sobre el agro ha crecido a precios constantes (base 1993), sobre todo este año. Pero también advierte que, contrastada con la evolución del producto bruto geográfico (PBG), se mantuvo el mismo nivel.

En otras palabras: desde el punto de vista de la recaudación, los fondos especiales ocupan hoy el papel que antes tenía el Inmobiliario Rural.

El grado de sustitución es pavoroso: en 2004, el tributo a la tierra representaba el 84 por ciento de la carga impositiva para el agro. Este año, su participación no superará el 18 por ciento.

“Si bien no se actualizan las valuaciones fiscales desde hace casi dos décadas, a través de la creación de tasas adicionales con asignación específica la presión tributaria sobre las propiedades rurales sí ha variado en Córdoba en los últimos años”, señala el economista Marcelo Capello.

A precios constantes, este año está “por arriba de cualquier período de los últimos 15 años”. Y en porcentaje del PBG provincial, se encuentra en 2012 en 0,32 por ciento, similar al nivel de 2000, aunque por debajo de 1998 (0,40 por ciento), antes de la reducción del 30 por ciento de los impuestos.

Sin embargo, Capello considera que no se puede realizar un análisis sin tomar la presión tributaria consolidada que aplica la Nación.

Posiciones. No sólo el arco kirchnerista coincide con la idea de Bossio. Los partidos y agrupaciones de izquierda opinan igual. La legisladora provincial Liliana Olivero tiene sus cuerdas vocales desgastadas de tanto discurso bregando por un revalúo a las tierras rurales.

También varios gremios estatales, como Judiciales o Luz y Fuerza, piden a la Provincia un incremento en el Inmobiliario Rural que sirva para tapar el bache previsional.

Y siguen las firmas. La del contador Salvador Treber está entre ellas. “En 1999, cuando asume (José Manuel) de la Sota, por cada 100 pesos de Ingresos Brutos, se recaudaban 60 del Inmobiliario Rural y Urbano. Regía una valuación de 1993. Para el sector rural sigue igual y eso significa la décima parte de carga impositiva. No digo que se actualice de golpe, porque el salto sería enorme, pero algo hay que hacer”, opinó.

En la Provincia, no piensan igual. En la antesala de la primavera de 2007, cuando el actual gobernador trajinaba los últimos meses de su segundo mandato, las razones fueron explícitas.

El 15 de septiembre de ese año, De la Sota jugó de local en la 73ª Exposición Rural de Río Cuarto. Y lo hizo a lo grande. “Vengo a invitarlos a que eliminemos el impuesto Inmobiliario Rural”, lanzó, entre aplausos rabiosos.

Destacó la rebaja del 30 por ciento en los tributos. “Esa política la seguimos manteniendo, no sólo no modificando las alícuotas, sino tampoco las bases imponibles”, recordó.

Y agregó: “Tampoco volvimos a convocar a los jurys de revalúo, que pueden perjudicar a ustedes, hombres y mujeres del campo, no sólo por su incidencia en los costos tributarios provinciales, sino en los nacionales”.

Es que una actualización en el valor venal de la tierra tiene efecto en los impuestos a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Treber descree de ese planteo. “El impacto es muy pequeño. Que ese argumento lo respalden con números”, dijo.

En ese acto, De la Sota propuso convertir el Inmobiliario Rural “en una tasa de servicios” y que el productor pague para “tener los mejores caminos (…) las mejores escuelas rurales y la máxima seguridad”.

Pero ese proceso, en cierta forma, ya había comenzado con las tasas específicas que, años después, han sustituido al Inmobiliario Rural.