El conocimiento aleja fantasmas

	Primera Jornada Provincial de Fitosanitarios
	Mientras en Córdoba Capital se ventila un juicio que tiene en el banquillo a productores y aplicadores de agroquímicos, una jornada en Villa María que tuvo como eje a los fitosanitarios, encontró a diversos actores. Se concluyó en que son productos indispensables para producir, pero hay mucho por hacer en la aplicación eficiente, el control y la generación de conocimiento localizado para ver cómo se afecta la salud humana.
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	Más de 500 personas se congregaron el viernes 15 de junio en la Sociedad Rural de Villa María con motivo de la primera Jornada Provincial Fitosanitaria, en donde se remarcó la necesidad de profesionalizar el trabajo con agroquímicos y la de acentuar la fiscalización para encuadrar toda la actividad en la legislación vigente. La primera Jornada Provincial Fitosanitaria en Córdoba, fue organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentos y Producción Agropecuaria. Los ejes fundamentales de la jornada fueron los fitosanitarios y la sociedad. En esa línea los disertantes abordaron, en primer término todos los aspectos relacionados a la Ley 9164 o ley de Fitosanitarios, donde el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina ubicó los marcos del debate. “A partir de la Ley 9164 se decidió tener un decreto reglamentario que es el que hoy está vigente. Al mismo tiempo, seguimos llevando adelante capacitaciones desde el estado provincial, vinculados con las Universidades y con el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Continuamos con acciones de fiscalización y control, y trabajamos en la modernización del decreto reglamentario. Entendemos que tenemos que generar los cambios necesarios que deberá tener este nuevo documento y se está trabajando”. Añadió que “esta jornada muestra el compromiso que tenemos como Estado provincial respecto a la necesidad de lograr que el sector productivo agroalimentario y la sociedad urbana, como nosotros le llamamos, encuentren puntos comunes para poder relacionarse razonablemente”. En diálogo con TodoAgro, la ingeniera Nila Busso, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba destacó: “Como colegio hicimos todo un trayecto desde 2004, año en que la ley fue aprobada, y en esta jornada nos tratamos de centrar en lo que nos está faltando aún para garantizar lo que la ley dice en el equilibrio de la salud humana, el ambiente y la producción. Tenemos que seguir insistiendo en lo que es la profesionalización del trabajo con los productos fitosanitarios. Además es necesario avanzar en la implementación de la receta, aunque creo que vamos bien, en esa línea. Pero también creemos que tenemos que avanzar en la investigación y generar conocimientos propios, nacionales, para que se puedan definir cuáles son los grados de conocimiento y afectación de los productos en el ambiente, para de esta forma poder adecuar los marcos legales sobre las problemáticas locales”, precisó. Una visión holística de un problema complejo La Ley 9164 de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario, establece en sus considerando que mediante esta legislación “establece los principios básicos para la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria y del patrimonio de terceros, a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionarse por los usos contrarios o indebidos de dichos productos, asegurando la preservación de la calidad de los alimentos y de las materias primas de origen vegetal, su trazabilidad y la de los productos mencionados, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la disminución del impacto ambiental que estos generan”, y es el gran marco del debate en Villa María. Y precisamente esta ley fija que los municipios deberían adherir a la misma para empezar a implementarla. En la actualidad se ha avanzado, pero hay todavía hay muchos manejos incorrectos en toda la cadena, tanto de parte de aplicadores, como de productores, operarios, empresas y profesionales. “En el año 2011 se hicieron más de 3000 infracciones, ya sea a expendios, a depósitos, a maquinas, a aplicadores, y a profesionales por malas prácticas de la actividad, todo controlado por parte del Colegio. Como también tenemos juicios iniciados, creemos que estamos avanzando al respecto. Desde el lado de los ingenieros agrónomos tratamos de apuntar que desde el diagnostico a la aplicación haya un profesional que recete, que prescriba a través de la receta, que la firme, y ese profesional será responsable con su firma de la actuación profesional”, dijo la titular del colegio cordobés y subrayó: “Hay que fortalecer la fiscalización, pero con plata y con recursos humanos”. Nila Busso se pronunció por avanzar en tener una visión holística de todo lo que involucra la actividad desde el punto de  vista económico, social, y  ambiental.  En esa dirección dijo: “La invitación ha sido abierta a diversos sectores, porque es así como nosotros entendemos a la agricultura. Trabajando de manera conjunta y responsable podemos hacer que los objetivos principales de la Ley de Agroquímicos, que son: la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria, no sean incompatibles entre sí”. Capacitar, fiscalizar y sancionar si es necesario Norberto Aichino, subsecretario de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia remarcó el rol del Estado provincial: “Es fundamental el rol del Estado, en el control y la fiscalización, y en la política de aplicación de la ley 9164. Dada la importancia que reviste el uso de los productos agroquímicos, como herramientas de trabajo para la producción agrícola sustentable, es necesario promover y fiscalizar el correcto uso de esos productos, contribuyendo a un desarrollo sostenible y a la disminución del impacto ambiental por el mal uso”. Destacó  la tarea de capacitación y difusión de la ley 9164 que vienen desarrollando desde el Ministerio y agregó que del total de multas y sanciones que la Subsecretaría ha aplicado en 4 meses, el 85% corresponde a la violación de la ley 9164. “Hay que seguir difundiendo, y capacitar, pero también hay que sancionar, porque si se otorgan plazos y pasa mucho tiempo sin hacer nada, no tiene sentido. En estos 4 meses hemos tenido 265 sanciones aplicadas, 171 correspondientes a multas, 60 inhabilitaciones de las maquinas aplicadoras, 3 de ellas fueron secuestradas, y hubo 34 clausuras a empresas, entre ellos muchos depósitos de agroquímicos”, expresó Aichino. En su alocución a los presentes, dijo con énfasis que al Estado provincial no le temblará el pulso para mandar a la cárcel a los infractores, en casos extremos. “Yo creo que la responsabilidad en el uso sigue siendo de todos. El usuario responsable es todo el que esta alcanzado por la ley, por eso hay que trabajar en todas las aéreas, quizás hay que poner un poco mas de atención en los aplicadores aéreos, de los aplicadores terrestres, y en los depósitos pero no hay que dejar ningún eslabón afuera. La ley establece claramente sanciones muy duras en algunos casos. Hay sanción simple como un apercibimiento por escrito pero después se pasa a multas de 500 a 25000 litros de gasoil, el decomiso de productos, la inhabilitación total o parcial, la clausura total, y puede llegar al arresto en casos extremos”.