La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias reclama acciones inmediatas para poder solucionar definitivamente la grave problemática de la comercialización del trigo.
Se aproxima la siembra de trigo de la próxima campaña y el 45% del cereal de la campaña anterior está todavía en manos de los productores, sin encontrar demanda ni precio. De la producción de 14,7 millones de toneladas, más un stock inicial de 1,25 millones de toneladas, se estiman comercializadas 9,4 millones; es decir que quedan en poder de los productores unas 6,5 millones de toneladas. Pero además, del volumen comercializado los productores recibieron un precio mucho menor al que les correspondía, con descuentos de hasta 50 u$d por tonelada y produciéndose una diferencia millonaria de la producción primaria en beneficio de los exportadores e industriales, con la complicidad del estado nacional.
El 78,4% de las exportaciones de trigo fueron realizadas por muy pocas empresas multinacionales y un 21,6% corresponde a empresas nacionales, dentro de las cuales participan marginalmente las cooperativas y algunas empresas nacionales.
Ante una comercialización externa de granos concentrada y cartelizada, que avanza hacia un sistema de compras directas al margen de los recintos bursátiles y de los acopios y cooperativas, y ante un Gobierno que interviene de manera desprolija y equivocadamente, los productores no tienen posibilidad de defender el precio que reciben por el trigo.
La idea indiscutible, concreta e imprescindible, es que el Estado debe restablecer un mercado donde la molinería y la exportación pujen por el trigo. En el corto plazo, se deben liberar todas las restricciones al comercio exterior del cereal, las arbitrarias asignaciones de cupos a las ventas externas, los permisos para exportar y los permisos de ROES también llamados “permisos para pedir permisos”, con la finalidad de que en forma inmediata se pueda comercializar el trigo de esta campaña y recuperar el mercado.
Pero en el mediano plazo, debemos encontrar instrumentos y mecanismos modernos de organización del comercio de granos, con reglas de juego que den previsibilidad, garantías de transparencia, calidad, participación y control.
Por otro lado, se ha creado un sistema de subsidios millonarios directos e indirectos, cuestionado por su falta de transparencia que sólo benefició a los sectores exportadores y a la molinería, cuando se podría haber utilizado para comprar trigo a los productores o para subsidiar el consumo.
La situación es hoy más grave que en campañas anteriores. Hace un tiempo advertimos que el préstamo para no malvender el trigo, anunciado por el gobierno, iba a ser un “salvavidas de plomo”. Quienes lo tomaron se lamentan, ya que siguen sin poder vender el cereal, con el agravante de que los precios son aún más bajos y los créditos están por vencer.
El argumento oficial de cuidar la mesa de los argentinos ya es insostenible. No sólo por la baja incidencia del precio del trigo en el precio del pan, sino también por los resultados. Si el gobierno hubiera acertado sus políticas, el kilo de pan debería costar $ 2,5; y es más que conocido que se vende a $10 en cualquier panadería de Capital y Gran Buenos Aires.
Queda claro, entonces, que el complejo entramado de subsidios y compensaciones, restricciones al comercio, cupos, permisos de exportación y tantas otras medidas implementadas por el Gobierno han fracasado rotundamente.
Reclamamos desarmar este modelo de intervención nocivo que ocasiona importantes daños a la producción y a los consumidores. Sólo así defenderemos la mesa de los argentinos.
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