Raúl Pagnoni, presidente de los semilleros multiplicadores, instó a “trabajar por un mercado de semillas más justo”. Por el momento sigue sin ingresar un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, y en el Congreso solo se ven iniciativas aisladas.
La reforma a la ley de semillas de 1973 (durante la dictadura militar que encabezó Alejandro Agustín Lanusse) viene siendo una promesa desde hace décadas, especialmente desde las dos últimas cuando se propagó la soja RR.
Prácticamente todos los funcionarios de todos los gobiernos que ocuparon la conducción de la cartera agrícola nacional, intentaron en algún momento abordar el tema de combatir el comercio ilegal y asegurar el pago de regalías a los obtentores.
El ministerio de Carlos Casamiquela no es la excepción, y proyectos abundan. Norberto Yauhar, el ministro anterior, prometió frente a una consulta de El Enfiteuta en conferencia de prensa que a fines de 2013 habría una ley, o al menos un proyecto del Poder Ejecutivo presentado en el Parlamento. No sucedió.
En la Cámara baja hubo reiteradas reuniones con la cadena semillera (desde obtentores hasta usuarios) para analizar el tema, muchas de las cuales estuvieron encabezadas por el presidente de la comisión de Agricultura, el diputado formoseño Luis Basterra, a la sazón ex vicepresidente del Inta.
Pero el proyecto de ley que modifique la 20.247 no termina de redactarse y los debates en torno al asunto se producen en foros, seminarios, jornadas, tanto desde el ámbito público como privado.
A pesar de las buenas intenciones de la dirigencia política que año tras año sugiere que la modificación es “inminente”, el proyecto no termina de salir a la luz. Solo existe en Diputados el aporte de algunos legisladores como el tucumano Juan Casañas, con proyectos de ley que no han sido debatidos por el momento.
Es que si bien existen amplias coincidencias en torno a la legislación, las pocas controversias son determinantes a la hora de alcanzar un consenso.
Esta vez en el seminario “Patentes, contratos entre privados y propiedad intelectual: elementos centrales para una política pública” -que organizó la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem)- se debatió sobre las controversias generadas a partir de la manera en que se pretenden cobrar regalías por el uso de eventos biotecnológicos en Argentina y se discutió cuáles deberían ser los principales ejes para constituir una nueva ley de semillas.
En el encuentro realizado en la sede rosarina de Agricultores Federados Argentinos (AFA) el Dr. Salvador Sergel, Dr. Rafael Perez Miranda, Dr. Aldo Casella y Dr. Arturo Moderna abordaron variables y criterios para orientar las políticas públicas en la cadena de la semilla y expusieron sobre propiedad intelectual en el agro a nivel internacional.
También participaron de la jornada el presidente de Casem, Raúl Pagnoni; el secretario del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Biocombustibles de Santa Fe, Luis Contigiani; y representantes del ministerio de Agricultura de la Nación.
Durante la apertura del seminario que contó con la participación de más de un centenar de asistentes, el presidente de Casem resaltó que el objetivo de la entidad es “trabajar por un mercado de semillas más justo, con igualdad de oportunidades para todos los actores del sistema sin importar el tamaño económico”.
Pagnoni manifestó que es prioritario regularizar la cadena de la semilla y elevar el uso de la semilla legal a no menos del 90% de las bolsas que se utilizan en cada campaña. Puntualmente, por el lado de los semilleros criadores propuso que “se les debe asegurar el cobro de una regalía única e integral en la bolsa y que se les asegure el libre acceso a los eventos biotecnológicos que se inscriban, en la medida que cumplan con los requisitos legales vigentes”.
En el caso de las empresas productoras de biotecnología Pagnoni apuntó que “deben respetar disposiciones nacionales en la materia” y pidió una metodología clara por parte de las empresas que obtengan patentes en la Argentina por invenciones biotecnológicas, que permita que el cobro de regalías a los criaderos que utilicen dichos adelantos tecnológicos sea justo, equitativo y razonable. “Las regalías deben comenzar y terminar en la semilla, y debe ser única”, remarcó Pagnoni.
Sobre el rol de los semilleros multiplicadores, el titular de Casem pidió que se les asegure el acceso a los cultivares que estos requieran y los insto a colaborar con los criaderos en la búsqueda de un mercado formal y para el cobro de regalías. Pagnoni dijo que los semilleros multiplicadores “deben hacer un esfuerzo para mejorar su performance productiva para la obtención de semillas de calidad e identidad varietal asegurada”.
Puntualmente del lado de los productores en Casem entienden que el derecho del uso propio debe estar limitado solo al productor agropecuario y medido hasta una unidad económica agropecuaria que no supere las 200 hectáreas. Desde la entidad aclararon a El Enfiteuta, que esa superficie es aceptable en la provincia de Santa Fe en especial de la zona núcleo, pero habría que adaptarla a otras regiones productivas.
Por último, se instó al Estado, a través del Inase, a fiscalizar y regular todo el proceso productivo de la semilla, incorporando para este fin la participación de todos los actores.
Respecto a los contratos entre privados resaltó que Casem “no está de acuerdo en el cobro de patentes en el producto final porque genera una distorsión total de la cadena productiva de semillas autógamas, constituyéndose de esta forma en un cheque en blanco al comercio ilegal de semillas”.
“Para nuestra institución es fundamental que se logre un desarrollo armónico de toda la cadena, que cada sector obtenga una ganancia lógica y equitativa y sea el Estado, a través del Inase, el único fiscalizador del proceso”, apuntó Pagnoni.
El Dr. Aldo Casella resaltó que los contratos no solamente afectan la semilla sino la disposición misma del producto y consideró que “son verdaderos programas de comando de la cadena en toda su extensión”.
“Tratan de vincular de una manera coordinada a todos los actores de la producción. La agenda debe ser instar a las políticas públicas a evitar situaciones de monopolios, aun respetando la lógica de expectativas de ganancias del que introduce innovaciones. Por otro lado, hay que generar la conciencia sobre el significado de estas estrategias contractuales para los productores, para los acopiadores y hasta para los industriales”, subrayó el especialista en derecho agrario.
El Dr. Salvador Bergel resaltó que “todo lo que se vincula con la semilla, el germoplasma es de interés público nacional. El especialista en derecho comercial y de la propiedad industrial, biotecnología y bioética resaltó que “un país que consigue la mayoría de sus divisas de la agricultura no lo puede dejar librado al interés privado”, al tiempo que insistió con un debate público para discutir una nueva ley de semillas.
El secretario del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Biocombustibles de Santa Fe, Luis Contigiani -un hombre de la Federación Agraria Argentina-, se manifestó en contra de llevar la producción agroalimentaria y al desarrollo tecnológico al ámbito del código civil y advirtió que “es poco estratégico para la Nación”.
“Cuando el nuevo patrón productivo pone a los alimentos en las principales agendas de todos los gobiernos del mundo, Argentina quiere resolver el tema tecnología y alimentos desde el código civil, me parece que no es el camino. Soy partidario de leyes de la Nación que desde el ámbito público legislen sobre la materia, tal vez desde una nueva ley de semillas”, apuntó el funcionario santafesino.
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