Ya casi nada nos asombra; y por lo tanto, es muy poco probable que nos llamen la atención cuestiones tan complejas, manejadas por el Estado con –al menos- tan poca idoneidad.
Que en medio de la peor captura de calamar argentina de los últimos diez años, se pretenda aumentar el esfuerzo pesquero sobre esta especie; atentando contra su sobrevivencia y contra la mismísima merluza, ya que interviene en la cadena alimentaria de ésta, y sobre la que sostiene toda la industria pesquera y el empleo, es verdaderamente un desatino. Que además ello ocurra, en medio de más prolongado paro de la actividad de los últimos tiempos, es una acabada demostración, del desprecio que se tiene por el cuidado de los recursos naturales y el empleo, de parte de los responsables de la administración pesquera.
Pero; que la decisión de autorizar la captura de calamar a veinte nuevos buques, provenga del Consejo Federal Pesquero, que se supone representado por conocedores de la problemática pesquera de las provincias del litoral marítimo, es sencillamente una determinación que requiere una investigación en profundidad de las responsabilidades de sus miembros, ya que de la propia Resolución 7 dictada en mayo pasado, surgen claramente, la inconsistencias para aumentar las capturas de esta especie.
El Calamar no es un tornillo, que la ferretería puede solicitarle mayor cantidad al proveedor, si la demanda de este elemento es alta. El calamar (Illex argentines) es un molusco, de cuerpo alargado y cilíndrico, con dos aletas triangulares grandes en la parte inferior del cuerpo y una boca rodeada de 10 brazos provistos de ventosas. Una especie que tiene un ciclo de vida anual; con altas tasas de alimentación, crecimiento y mortalidad. Continuos nadadores, con amplias migraciones.
Los administradores no pueden ignorar que en 1987 se capturaban en Atlántico Sur 650 mil toneladas por año, mientras que en el 2011 la Argentina desembarco unas 70 mil y bajo licencia inglesa otras 79 mil toneladas. Los que hace un total -con cifras inverificables- de 150 mil toneladas.
Tampoco que en los años 1982/83 las capturas llegaron a más de 200 mil toneladas, efectuadas por flotas extranjeras de Polonia, Japón, URSS, España, Alemania Federal y Democrática, que operaban en la Zona Económica Exclusiva Argentina, la de Exclusión de Malvinas y en el talud continental.
¿Dónde están los 500 mil faltantes de este escurridizo animalito? Pues bien, desaparecieron por las pésimas administraciones pesqueras argentinas de los últimos 20 años y la irresponsable actitud del Reino Unido y de los que capturan con licencia inglesa o no en aguas argentinas, o las que migran o están asociadas biológicamente a nuestros recursos pesqueros.
La Resolución 7 del 17 de mayo de 2012 del Consejo Federal Pesquero, que autoriza la presentación de proyectos de explotación del calamar por parte de veinte buques poteros, carece de todo fundamento técnico, productivo, político y estratégico y abre las puertas a la captura de buques extranjeros en territorio marítimo nacional.
Los que tenemos unos años en la pesca extractiva e industrial, llevamos en la memoria todos los escándalos que provocaron los programas de captura de calamar; tanto por cuestiones judiciales derivados del costo del canon, como por las denuncias de evasión impositiva y contrabando. Esperemos que este no sea un nuevo caso.
Contrario, a lo que la Resolución manifiesta en sus considerandos, la Autoridad Pesquera no ha efectuado un aprovechamiento integral del recurso, ni de las capturas o la mano de obra nacional desde el año 2000; basta observar que los desembarcos argentinos en el 2006 eran del orden de las 300 mil toneladas y en el 2011 se redujeron a sólo 70 mil. ¿Donde está la administración responsable y adónde la política internacional que asegure nuestros recursos y el empleo de los argentinos?
La biología no se maneja por decreto, ni por una simple regla matemática; y el incremento del esfuerzo pesquero no necesariamente implica una mayor ocupación de mano de obra. Si no se conocen las capturas máximas sostenibles del recurso y no hay un informe del INIDEP que acredite la disponibilidad de éste, se habrán de agregar más embarcaciones que competirán por la misma captura, provocando un quebranto en la empresa instalada y con ello la desocupación.
La citada Resolución refiere a la Ley 24.922 y pretende basarse en algunos artículos para justificar la autorización de captura de nuevos buques; sin embargo, omite decir, que precisamente el artículo 1° de ella, obliga a promocionar la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos y la obtención del máximo valor agregado y empleo de mano de obra argentina; cuestiones todas que incumpliría cuando la Resolución no refiere a un informe previo del INIDEP que avale la disponibilidad, y al exigir sólo un 20 por ciento de proceso en tierra.
Lo mismo podría decirse al invocar al artículo 7° de la Ley 24.922, al que incumple en su inciso b), ya que -como nos hemos referido- la Resolución no se apoya en investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros. Del modo el artículo 9° inciso c) de la misma Ley, donde obliga al Consejo Pesquero a establecer las capturas máximas en base a los datos proporcionados por el INIDEP.
A esta altura, nadie podría dudar, que quienes dictaron la Res. Nº 11/06 -igualmente citada en los considerandos del Consejo Federal Pesquero- se basaron en la información de los investigadores, quienes en función del análisis del ecosistema y la población total del recurso habrán determinado, el número y tipo de buques que podrían afectarse a la captura del máximo volumen sostenible; pero de ninguna manera, el número de 104 buques poteros para el año 2006, podría transpolarse graciosamente a los años siguientes; más tratándose de una especie con un ciclo anual.
La decisión demuestra no tener ni los más mínimos conocimientos de los fenómenos biológicos en general y el ciclo anual de la especie en particular; tampoco respecto al gran esfuerzo pesquero sin control argentino que realizan embarcaciones extranjeras (unos 200 buques asiáticos y otros); los informes del INIDEP; las malas temporadas de los últimos cuatro años, y lo que es peor aún, un desconocimiento de la preocupación empresaria al respecto, que ya se ha manifestado contra la Resolución del Consejo Pesquero.
Así las cosas; de una cosa estamos seguros: el calamar que los hipotéticos veinte buques se dispondrían a capturar en el 2013 ya no estará en aguas argentinas para ese entonces; y es tan mala la idea que ni siquiera limitaron la captura a la subpoblación de Illex argentinus, cuyas larvas se concentran en la costa de Santa Cruz, y ya adultos, migran hacia el talud continental para desovar y morir en alta mar y en el área argentina de exclusión impuesta por los ingleses en Malvinas; estrategia que reduciría la llegada de esa especie al área bajo control británico; pero, que debiera enmarcarse un plan global pesquero, que el gobierno jamás llevó adelante.
En este estado, por la sola referencia en la Resolución en cuestión del artículo 26° y por ende del 7° ( inciso e) de la Ley 24.922, la Argentina podría ser denunciada ante las Naciones Unidas por incumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que obliga a los estados ribereños a una administración adecuada de sus recursos pesqueros. Hecho que repercutiría negativamente en nuestra disputa con el Reino Unido por Malvinas, al equilibrar la situación de hecho, que el Reino Unido ha llevado adelante de depredación del recurso pesquero, y de contaminación del medio marino, debido a las exploraciones petroleras que se realizan en Malvinas sin acuerdo de Argentina.
Ciclo migratorio a Malvinas y Altamar de unas de las subespecies del Calamar
Dr. César Augusto Lerena
Ex Secretario de Estado. Autor de los libros “Industria Pesquera Argentina. Reafirmación o decadencia” (1989); “Malvinas.
Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2009); “Hacia una Soberanía plena en el Atlántico Sur” (2010).
Nota de la Redacción de Nuestromar
Nuestromar coincide con los conceptos del Dr. Cesar Lerena y en la búsqueda de una justificación a la actuación del los miembros del Consejo Federal Pesquero y tratando de pensar bien, estimamos que los representantes de las Provincias con litoral marítimo piensan que con el ingreso de estos 20 barcos poteros chinos van a solucionar el gravísimo problema que tienen en sus puertos y están muy equivocados.
Es decir que los Chinos ni van a estar dispuestos a pagar costos que duplican al del Puerto de Montevideo, ni van a embarcar tripulantes que no se van a poder adaptar las condiciones de trabajo de sus barcos, y entonces aparecerán las excepciones.
Una vez hechas las excepciones de tripulantes y puertos, empieza el negocio para ellos (y sus asociados) no antes. Esas excepciones las van a gestionar sus socios argentinos y negocio para todos.
Señores, todo esto ya lo hemos vivido y si no fuera así sería un nuevo cuento chino puerto
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