De acuerdo a una estimación oficial, en nuestro país se desechan más de 16 millones de toneladas de alimentos en buen estado al año, que podrían llegar a la mesa de los sectores más vulnerables si hubiese una reglamentación que contemple la responsabilidad del donante. La eliminación de estos productos se debe a la pérdida de valor comercial, errores de etiquetado, proximidad de la fecha de vencimiento, marketing o restricciones sanitarias.
Desde hace más de una década, sectores políticos y de la sociedad civil vienen impulsando proyectos de ley para que esta comida no se destruya, pero las iniciativas perdieron estado parlamentario durante sucesivos mandatos por la situación de las empresas en calidad de donantes y por motivos ideológicos. Para la izquierda combativa y el kirchnerismo, siempre lejos de querer ayudar a los más necesitados, recurre a trabar el proyecto para seguir explotando políticamente a los pobres.
Sin embargo en el Senado, donde se espera el tratamiento del proyecto girado por Diputados con media sanción -votada por amplia mayoría-, ahora, por primera vez hay coincidencias mayoritarias del oficialismo y la oposición para la aprobación. Tanto los controles sanitarios como las entidades de ayuda solidaria necesitan de esta ley para su tarea comunitaria, caso de la Red de Bancos de Alimentos, una ONG que nuclea a 15 entidades de bien público que distribuyen alimentos a personas necesitadas.
Además, el actual proyecto no deja dudas acerca de la calidad alimentaria de la donación ya que estipula que a la empresa donante sólo le cabe responsabilidad civil y penal por los posibles daños causados por la mercadería cuando se pruebe culpa o dolo hasta el momento de la donación y no posteriormente. Esto es por si hay luego manejos de terceros.
Los alimentos en condiciones y aptos para el consumo humano que no son aprovechados es un problema global. De acuerdo a datos de la FAO, el desperdicio anual es de alrededor de 1.300 millones de toneladas de comida que podría alimentar a millones de personas de bajos recursos. El desperdicio, a nivel mundial, se calcula en más de 750 mil millones de dólares, señala el ente de las Naciones Unidas.
Como ha manifestado la diputada Elisa Carrió, “hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que los pobres vayan a buscar a las bolsas de basura en vez de tener los alimentos de marca en sus casas”. Es que el populismo con esta norma se quedaría con menos argumentos demagógicos en su activismo por los sectores necesitados.
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