Por Marcos Romero CIUDAD DE MEXICO, 29 (ANSA) – El rescate reciente de unos 200 jornaleros indígenas tarahumaras en un fértil valle del noroeste de México, en los linderos con Estados Unidos, puso en evidencia el extendido fenómeno de la esclavitud en la agricultura de este país.
Ante el fenómeno, ligado al desplazamiento en masa de tipo temporal de cientos de personas, la mayoría indígenas de los estados del sur del país hacia zonas del norte y el occidente, en cada temporada de siembra y cosecha, las autoridades prefieren mirar hacia otro lado. Los campesinos tarahumaras, que habitan en condiciones miserables en montañas y cuevas del estado de Chihuahua, en el centro-norte del país, fueron rescatados a mediados de marzo pasado por la policía. Una empresa vinculada con la familia del ex presidente Vicente Fox (2000-2006) es indagada en relación al asunto pero se sabe que no es un caso aislado pues una semana después otros 49 indígenas de la etnia mixteca, del estado sureño de Oaxaca, fueron rescatados en un campo del estado occidental de Colima donde se cosechaba pepino.
El 17 del presente se inició un paro de 24 horas de 80.000 jornaleros en el fértil Valle de San Quintín, donde ocurrió el rescate de los indígenas tarahumaras, que ha dejado pérdidas de millones de dólares, para exigir mejores condiciones laborales y aumentos de salarios.
Entre otras demandas, se exigió respetar la jornada de 8 horas por día, el pago de horas extraordinarias, la afiliación a la seguridad social, y cesar el racismo y acoso sexual hacia las mujeres.
El tema activó las alarmas sobre este fenómeno que muestra el lado oscuro de la próspera actividad agrícola en algunas regiones, en especial el norte, llamado “el granero del país”.
Organizaciones civiles estiman que en al menos 17 estados, en particular en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, impera la explotación de jornaleros migrantes y locales.
Yil Felipe, coordinadora de programas de la ONG Save The Children, pone el acento en la situación de los migrantes indígenas que se trasladan de la Sierra Tarahumara, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Oaxaca a los campos de caña de azúcar, patata, tabaco y tomate, entre otros del estado de Sinaloa.
Traficantes de personas convencen con engaños a los campesinos para salir de sus comunidades, aprovechando que viven en extrema pobreza, y les ofrecen traslado gratuito a los campos de labor, aunque después lo descuentan de sus magros salarios.
Por lo general, son desplazadas familias enteras y sólo quedan en las aldeas los ancianos que no pueden viajar.
Margarita Nemecio, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, calcula que este año salieron casi 10.000 jornaleros del estado sureño de Guerrero, incluidos niños.
Los trabajadores viven hacinados en galpones infestados de chinches o ratas, o en casas abandonadas a punto de derrumbarse, sin agua, energía eléctrica, ni climatizacion, y cumplen jornadas extenuantes que rebasan las ocho horas diarias legales.
Además, los jornaleros, entre los que hay también mujeres embarazadas y niños, se exponen al peligro de intoxicarse por los pesticidas y las picaduras de animales venenosos como víboras o alacranes.
“Trabajan sin estándares mínimos de derechos humanos y dignidad humana. No cuentan con sanitarios ni servicio médico y no tienen acceso a servicios básicos”, afirma la experta.
Una investigación del diario estadounidense Los Angeles Times hace unos meses documentó la explotación de miles de mexicanos en campos de hortalizas que exportan sus productos a grandes cadenas de los Estados Unidos.
Las ventas agrícolas de México a Estados Unidos se han triplicado para trepar a los 7.600 millones de dólares durante la última década, a “costa de métodos de trabajo que rayan en la esclavitud y la sobreexplotación”, según el diario. Cadenas de supermercados como Wal-Mart, Whole Food, Subway y Safeway se jactan de ser “socialmente responsables”, pero adquieren hortalizas obtenidas mediante el trabajo esclavo mexicano. MRM-FM/ACZ
El 17 del presente se inició un paro de 24 horas de 80.000 jornaleros en el fértil Valle de San Quintín, donde ocurrió el rescate de los indígenas tarahumaras, que ha dejado pérdidas de millones de dólares, para exigir mejores condiciones laborales y aumentos de salarios.
Entre otras demandas, se exigió respetar la jornada de 8 horas por día, el pago de horas extraordinarias, la afiliación a la seguridad social, y cesar el racismo y acoso sexual hacia las mujeres.
El tema activó las alarmas sobre este fenómeno que muestra el lado oscuro de la próspera actividad agrícola en algunas regiones, en especial el norte, llamado “el granero del país”.
Organizaciones civiles estiman que en al menos 17 estados, en particular en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, impera la explotación de jornaleros migrantes y locales.
Yil Felipe, coordinadora de programas de la ONG Save The Children, pone el acento en la situación de los migrantes indígenas que se trasladan de la Sierra Tarahumara, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Oaxaca a los campos de caña de azúcar, patata, tabaco y tomate, entre otros del estado de Sinaloa.
Traficantes de personas convencen con engaños a los campesinos para salir de sus comunidades, aprovechando que viven en extrema pobreza, y les ofrecen traslado gratuito a los campos de labor, aunque después lo descuentan de sus magros salarios.
Por lo general, son desplazadas familias enteras y sólo quedan en las aldeas los ancianos que no pueden viajar.
Margarita Nemecio, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, calcula que este año salieron casi 10.000 jornaleros del estado sureño de Guerrero, incluidos niños.
Los trabajadores viven hacinados en galpones infestados de chinches o ratas, o en casas abandonadas a punto de derrumbarse, sin agua, energía eléctrica, ni climatizacion, y cumplen jornadas extenuantes que rebasan las ocho horas diarias legales.
Además, los jornaleros, entre los que hay también mujeres embarazadas y niños, se exponen al peligro de intoxicarse por los pesticidas y las picaduras de animales venenosos como víboras o alacranes.
“Trabajan sin estándares mínimos de derechos humanos y dignidad humana. No cuentan con sanitarios ni servicio médico y no tienen acceso a servicios básicos”, afirma la experta.
Una investigación del diario estadounidense Los Angeles Times hace unos meses documentó la explotación de miles de mexicanos en campos de hortalizas que exportan sus productos a grandes cadenas de los Estados Unidos.
Las ventas agrícolas de México a Estados Unidos se han triplicado para trepar a los 7.600 millones de dólares durante la última década, a “costa de métodos de trabajo que rayan en la esclavitud y la sobreexplotación”, según el diario. Cadenas de supermercados como Wal-Mart, Whole Food, Subway y Safeway se jactan de ser “socialmente responsables”, pero adquieren hortalizas obtenidas mediante el trabajo esclavo mexicano. MRM-FM/ACZ
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