Desde la cooperativa de trabajo Frigorífico Recuperar Limitada salieron a denunciar ayer “una campaña de extorsión” por parte de un grupo de ex asociados que “intentan cerrar la planta, dejar a cien personas sin trabajo y dar paso a millonarios negocios inmobiliarios”. El consejero titular de la cooperativa, Carlos Vega, no anduvo con vueltas. Fue […]
Desde la cooperativa de trabajo Frigorífico Recuperar Limitada salieron a denunciar ayer “una campaña de extorsión” por parte de un grupo de ex asociados que “intentan cerrar la planta, dejar a cien personas sin trabajo y dar paso a millonarios negocios inmobiliarios”.
El consejero titular de la cooperativa, Carlos Vega, no anduvo con vueltas. Fue directo al grano: “Unas diez personas que responden a oscuros intereses económicos le hacen juicio a la cooperativa y buscan por todos los medios coaccionarnos para cerrar otra vez la planta”, advirtió.
El ex frigorífico Sadowa reabrió sus puertas en 2012, luego de tres años de inactividad y tras haber prosperado un proyecto de ley que contempló su expropiación y entrega en comodato por 5 años a la cooperativa Frigorífico Recuperar Limitada. “Con esfuerzo de años y la ayuda de la sociedad marplatense, después de pasar hambre y frío, de vivir en la puerta del frigorífico y transitar todo tipo de sufrimiento en las carpas, la cooperativa obtuvo la ley de expropiación 14.307 y pudo tomar posesión de la planta”, recordó Vega. Y enseguida agregó: “Ese fue el comienzo de una nueva etapa en la lucha de los trabajadores por su fuente laboral. A partir de allí sumamos nuevos enemigos y competidores. A las históricas apetencias del negocio inmobiliario, de lotear y realizar un country en nuestro predio, ahora se suman los frigoríficos y grandes vendedores de carne, quienes luego de nuestra exitosa apertura y la sorpresiva y triunfante inauguración de la carnicería, tienen miedo de competir y no dudan en recurrir a todas las tácticas posibles”.
Ayer, un grupo de ex asociados a la cooperativa cortó el tránsito en la zona del frigorífico, en Constitución y 226. La protesta, que incluyó una quema de neumáticos, fue en reclamo de la resolución del conflicto. “Las personas que fueron desafectadas de la cooperativa por no cumplir las normas, ahora piden ser reincorporadas, pero al mismo tiempo nos mandaron telegramas con un reclamo judicial”, explicó Vega.
Desde la cooperativa afirmaron que “la coacción” que sufren no está relacionada con juicios laborales. “Si bien quienes dicen trabajar para la cooperativa reclaman miles de pesos en indemnizaciones bajo relación de dependencia, la actitud extorsiva de un grupo minúsculo en verdad representa a oscuros intereses inmobiliarios, económicos y gremiales”, disparó Vega. Además denunció que “hay fuertes vínculos con quienes pretenden, por medio de la violencia, generar miedo en nuestros clientes y propiciar el cierre del frigorífico para cristalizar millonarios negocios inmobiliarios”.
Vega recordó que durante varios meses recibieron inspecciones de la Afip y de organismos provinciales y nacionales, ante una serie de “denuncias anónimas” en contra de la cooperativa. “Pero tampoco pudieron frenarnos. Ahora para intentar detenernos han cooptado a ex asociados de la cooperativa, quienes con la excusa y la mentira de pedir una reincorporación laboral, impiden el ingreso de ganado. De esta manera, nos niegan la posibilidad de trabajar a cien asociados que sólo deseamos progresar”, dijo.
Según Vega, la cooperativa tiene un certificado de cumplimiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). “¿Qué quiere decir esto? Que quien controla la totalidad de las cooperativas en Argentina, evaluó hasta diciembre de 2013 nuestros estados contables, balances y libros de asociados y asambleas, otorgándonos un certificado que asegura el total cumplimiento de nuestras obligaciones legales. Esto significa que las denuncias son falsas: nadie se enriqueció ni compró casas ni autos cero kilómetro. Presentamos los balances, hacemos asambleas, somos democráticos y toleramos el reclamo judicial, pero nuestro trabajo no se negocia”.
Para los asociados de la cooperativa, “no es fácil enfrentarse a los poderes económicos enquistados desde hace años en la región. Pero el trabajo y la dignidad no se negocian”.
Según Vega, la cooperativa tiene un certificado de cumplimiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). “¿Qué quiere decir esto? Que quien controla la totalidad de las cooperativas en Argentina, evaluó hasta diciembre de 2013 nuestros estados contables, balances y libros de asociados y asambleas, otorgándonos un certificado que asegura el total cumplimiento de nuestras obligaciones legales. Esto significa que las denuncias son falsas: nadie se enriqueció ni compró casas ni autos cero kilómetro. Presentamos los balances, hacemos asambleas, somos democráticos y toleramos el reclamo judicial, pero nuestro trabajo no se negocia”.
Para los asociados de la cooperativa, “no es fácil enfrentarse a los poderes económicos enquistados desde hace años en la región. Pero el trabajo y la dignidad no se negocian”.
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