Es imposible pensar en la realidad del campo sin acordarse de la canción “Donde hay un mango, Viejo Gómez”, de Ivo Pelay y Francisco Canaro. Los productores están cada vez más complicados por la presión tributaria, las dificultades para comercializar que les impone el gobierno nacional y la inseguridad, que se da en diferentes niveles.
Desde lo institucional, esto último se hizo más evidente con las denuncias de corrupción que recibió el ONCCA, el organismo liderado por Ricardo Echegaray desmantelado en 2011. Según informó Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el ONCCA giró más de 6 millones de pesos a privados de manera discrecional entre 2007 y 2009. La investigación es contundente, ya que verifica que la entidad autorizó pagos en concepto de subsidios por montos de hasta un 30% superior a los solicitados por los beneficiarios y más aún, lo hizo sin ninguna fundamentación.
Cabe recordar que después del conflicto entre el gobierno y el campo, el ONCCA dejó de difundir informes imprescindibles para el sector, como las estimaciones de cosecha. Por ese entonces, contaba con un presupuesto de 3.600 millones de pesos que debían ser utilizados para compensaciones y subsidios a productores e industriales que solo vendieran en el mercado interno con el objetivo de estabilizar el precio para los consumidores.
De acuerdo a investigaciones de la AGN, buena parte de estos recursos que tanto necesita el campo fueron a parar a las manos incorrectas. Y aunque este tipo de noticias salen en los diarios en la sección Política, dada las características del delito no sería equivocado ubicarla en Policiales.
Normalmente, cuando se habla de inseguridad se lo asocia a lo sucedido en Pergamino, en donde un productor fue asesinado para robarle $1.300, por citar solo un ejemplo de los tantos que acontecen por semana. Estos casos conmueven a la sociedad y se sienten muy fuertemente en los pueblos, donde el vecino es alguien muy conocido: el trabajador de campo, el cliente del taller, el papá del chico que va a la escuela con tantos hijos de otros vecinos que sienten la injusticia y el miedo como si la aberración se hubiera cometido contra ellos.
Da bronca pensar que los 60 mil millones de dólares que el sector agropecuario aportó en concepto de retenciones no están en más patrulleros, en buenos sueldos para la policía y en una justicia más ágil. En algunos lugares, como en General Madariaga (Buenos Aires) la situación llegó a tal punto que se intervinieron algunas comisarías y hasta trabaja el Grupo Halcón en las calles. Incluso, el ministro Alejandro Granados prometió que en 100 días se blindarán camionetas de la municipalidad que circularán por el partido, de manera de prevenir los delitos.
Sin embargo, lo que se ve a primera vista es una falta de coordinación entre los distritos que integran el país y los organismos que deben administrar justicia. Lo comentó el mismo Carlos Ortt, ex director del Instituto Nacional de Yerba Mate, cuando contó en La Hora del Campo que detuvieron in fraganti a ladrones en su chacra, pero que éstos salieron horas después de que él hiciera la denuncia.
En la última semana, el gobernador Scioli confirmó un aumento del 28% para los policías de la provincia, y eso es un gesto positivo. Por otro lado, el ciudadano necesita que los cambios se implementen mucho tiempo antes de las elecciones. Los funcionarios deberían generar políticas de prevención para que el país deje de ser el Reino del Revés; donde el que roba reciba un castigo y el que trabaja sea premiado. Porque la canción de María Elena Walsh puede ser divertida, pero la realidad es un tango.
Agro-noticias.com
Alejandro Cánepa
Alejandro Cánepa
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.