Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 192/2011 publicado el día de la fecha en el Boletín Oficial, la presidente Cristina Fernández disolvió la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), y al mismo tiempo en el decreto inmediatamente posterior 193/2011, se ordena la creación de la "Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno", que asumirá las funciones que desempeñaba la ONCCA en este sentido.
En el primer decreto, se transfiere al Ministerio de Economía la función de fiscalizar la operatoria de las normas de comercialización en el sector agropecuario, y por tanto éste será la autoridad de aplicación de todas las normas dictadas por la ONCCA. Paradójicamente, las unidades organizativas con sus competencias, las dotaciones y el personal de la ex ONCCA se traspasan al Ministerio de Agricultura.
En el segundo decreto, la nueva Unidad de Coordinación y Evaluación, que dependerá del ministerio de economía, tendrá como función administrar las compensaciones al sector, los fondos de la misma, llevar el registro de los ROE y asignarlos.
Estamos frente a un cambio en la estructura administrativa, una descentralización de funciones en lo inherente al control de la operatoria y pago de subsidios, con lo cual nada cambia para el productor porque los problemas de intervención en los mercados van a seguir existiendo, ya que no se elimina ninguna de las resoluciones de intervención.
A su vez el decreto 192 le da al Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca la posibilidad de intervenir en la elaboración de estructuras arancelarias, utilizando facultades de las que es titular el Congreso, por el artículo 75 inciso 1 de la Constitución. Esta facultad, si bien ha sido objeto de delegaciones y subdelegaciones al Poder Ejecutivo, desde agosto del año pasado el Poder Legislativo las ha recuperado. Por lo tanto el decreto presidencial transfiere al Ministerio de Agricultura una facultad que no le compete y que es potestad del Congreso de la Nación.
Por último es preciso que la justicia intervenga y se disponga el urgente allanamiento de las oficinas de la ONCCA y el secuestro de toda documentación sensible a fin de resguardar y preservar las pruebas, para que no sea interrumpida la investigación de los posibles casos de corrupción denunciados en los últimos años. Es por ello que en el día de la fecha hemos presentado ante la Justicia junto con los diputados Juan Casañas y Ricardo Gil Lavedra, un escrito en este sentido.
Las objeciones del sector agropecuario en torno a la ONCCA en estos últimos años, tenían que ver con la metodología imperante que permitía hechos notorios de corrupción, con la discrecionalidad con la que se manejaba el organismo, y con las trabas a la comercialización en el sector agropecuario.
Hoy no hubo un cambio de política, sino una reasignación de poderes y funciones, es por ello que nada nos permite prever que esta metodología no siga subsistiendo, ni que haya un cambio real en la política agropecuaria llevada a cabo hasta el momento.
Desde la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso de la Nación, que presido, hemos trabajado durante todo el año 2010 con diversos proyectos que apuntaban primordialmente a transparentar y eliminar los mecanismos burocráticos que favorecían la corrupción y la discrecionalidad.
En efecto, desde agosto del año pasado está el dictamen sobre modificación de la ONCCA logrado por el trabajo y el consenso entre los diputados de diferentes posturas, y listo para ser tratado en el recinto, a pesar de las trabas y la falta de apoyo del bloque oficialista. Lo mismo sucedió con el dictamen sobre la creación de una Comisión Especial Investigadora del mismo organismo.
Nada de esto parece haber contemplado el gobierno en estos decretos. Nos desilusiona profundamente como de esta forma y a tres días de la inauguración de las Sesiones Ordinarias, la presidenta de la Nación desestime el trabajo realizado por esta comisión, que fue plasmado en el proyecto de mayoría que daba una respuesta concreta y acorde con el reclamo de todos los productores.
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